Chile: condenan a la Iglesia católica a indemnizar a víctimas de abusos

La justicia chilena ordenó a la Iglesia católica local pagar una indemnización de 450.000 dólares por «daño moral» a tres víctimas de abusos sexuales perpetrados por el exsacerdote Fernando Karadima, protagonista del caso que sacó a la luz la cultura de abusos del clero denunciada por el papa Francisco.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda contra la Iglesia católica y ordenó pagar 100 millones de pesos (unos 145.000 dólares) a cada una de las víctimas: el médico James Hamilton, el filósofo José Andrés Murillo y el periodista Juan Carlos Cruz, según informó el Poder judicial.

El documento revoca una sentencia de 2017 y «declara procedente la acción indemnizatoria» por concepto de «daño moral» contra los tres demandantes, hoy convertidos en los principales rostros de la defensa de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia chilena.

Fernando Karadima, quien fuera un influyente religioso y formador de varios obispos, fue condenado en 2011 por el Vaticano por abuso sexual a menores y relegado a una vida de oración y penitencia, pero no fue expulsado del sacerdocio hasta el año pasado, cuando Francisco anunció su dimisión en línea con su promesa de «tolerancia cero» a los abusos.

Desde la parroquia de El Bosque situada en un barrio acomodado de Santiago, que dirigió desde 1980 hasta 2006, Karadima forjó sólidos nexos con sectores de la elite política y económica de Chile.

La Justicia chilena declaró prescrita la causa penal en contra del sacerdote. 

«Esto nos ayuda a todos los que han vivido este horror y por eso estamos contentos», dijo Juan Carlos Cruz en una primera reacción en Twitter.

El fallo conocido este miércoles había sido anticipado por la prensa en octubre del año pasado, aunque con un monto mayor de indemnización.

La sentencia judicial de este miércoles considera que la Iglesia fue negligente al no investigar las denuncias de abusos expresadas por las tres víctimas de Karadima al exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, removido el sábado pasado de su cargo por el Vaticano, y al cardenal Francisco Javier Errázuriz, a quienes acudieron las víctimas para denunciar los hechos en primera instancia.

El fallo, emitido por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, también acusa a la iglesia de no haber observado o ejercido correctamente su deber de vigilancia sobre el sacerdote Fernando Karadima.

También se acredita el «daño psicológico» que sufrieron Hamilton, Murillo y Cruz a consecuencia de los abusos y el actuar negligente de la Iglesia, que ha pedido perdón en varias ocasiones por este y otros casos similares.

«Si bien el fallo excluye que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del Arzobispado, la resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores que hemos reconocido desde un comienzo: la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas», dice un comunicado del Arzobispado de Santiago.

En el texto, la Iglesia chilena afirma que no impugnará la sentencia dictada este miércoles «y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme».

«Fue difícil llegar a una conclusión. O sea hubo un poco de demora, pero encubrimiento ninguno (…) Nunca habría encubierto a un Fernando Karadima», dijo el cardenal Errázuriz, tras conocida la sentencia judicial.

       

Los tres demandantes de Karadima abrieron en 2010 una caja de pandora que sacó a la luz pública la «cultura de abusos» en la Iglesia chilena que fue reconocida por el papa Francisco y  que replica los escándalos de pederastia protagonizados por el clero en países como Estados Unidos o Australia.

En paralelo a la justicia canónica, que ha expulsado a varios obispos y sacerdotes en el último año, los tribunales chilenos mantienen abiertos 158 casos en contra de religiosos o laicos que desarrollan funciones en la iglesia, en denuncias que involucran a 219 las personas investigadas y 241 las víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad al momento de ser abusados.