A la movilización ya adhirieron sectores sociales, desde la cultura y la ciencia hasta el deporte. Además, esperan atraer a la gente de pie. Esa sumatoria permitiría rebalsar el Congreso. El cese de actividades se sentirá en la industria, el comercio, la banca, el movimiento portuario y los tres poderes del Estado.
El alcance que tenga la jornada terminará de definir voluntades dentro del Congreso ampliando o reduciendo el poder de negociación del gobierno con diferentes sectores de la oposición y, por otro lado, el margen que tendrán los gobernadores del PJ y sus legisladores para flexibilizar o endurecer sus posiciones frente a las presiones del oficialismo a través, por ejemplo, de la coparticipación federal. Lo mismo ocurrirá con relación a la actitud que asumirá la Corte Suprema de Justicia frente a los amparos presentados contra el DNU 70/23.
Un parate de la producción y el comercio y una masiva movilización popular podrán condicionar al régimen político tomado en su conjunto más que cualquier encuesta de opinión sobre la imagen presidencial o de la adhesión a las medidas o de los «likes» en redes sociales que contabilice la cuenta personal de Javier Milei.
En política, es la calle la que, en última instancia, define la viabilidad de un programa económico y el rumbo de un gobierno. Sin ir demasiado lejos, fueron las masivas movilizaciones de diciembre de 2017 las que obligaron al entonces gobierno de Mauricio Macri a archivar la reforma laboral apenas tres meses después de que la impuso en las elecciones de medio término con una diferencia de más de 20 puntos sobre el segundo.
Lo que resulta complejo adelantar es cuál es la medida del éxito de la jornada que, indudablemente, será materia de interpretación, a posteriori, de parte de ambos lados.
La CGT decidió priorizar la envergadura de la movilización por encima del impacto del paro.
Con ese argumento sostuvo la adhesión del sector del transporte de pasajeros recién a partir de las 19 horas. Esa es la forma mediante la cual, aseguraron, los manifestantes podrán acercarse y retirarse de la Plaza de los Dos Congresos.
La decisión tiene un costo. La otra cara de la misma moneda serán los trabajadores informales y tantos otros que se encuentran formalizados que, por ese motivo, no podrán justificar su ausencia en el trabajo sin hacer explícita su adhesión a la medida. Sumando esa situación al receso escolar, el paro no afectará de manera directa a los sectores medios y difícilmente se perciba de manera contundente en cada barrio.
Es probable que sí se sienta especialmente en el sector industrial, en los grandes conglomerados de comercio y en el sector de servicios como el bancario, los seguros, el movimiento portuario así como a aquellos vinculados al sector público que deberán lidiar contra la amenaza de descuentos que ya anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
Si bien los miembros del triunvirato que conduce la CGT no explicitaron un objetivo de movilización, lo cierto es que apuestan a canalizar el descontento que las medidas del gobierno, el decreto y la ley ómnibus generaron en el conjunto de la población.
Ya antes de anunciar la marcha a los Tribunales para lograr la cautelar favorable, Héctor Daer hizo alusión a los cacerolazos que se escucharon horas después del anuncio del decreto 70/23 como una señal de descontento que excede al movimiento obrero organizado y como una suerte de mandato popular.
Lo mismo hizo Hugo Yasky el 22 de diciembre en un plenario conjunto de ambas CTA con la UTEP en el que destacó la actitud de la población en salir a repudiar a la calle las medidas del gobierno incluso antes que las propias centrales.
En una reunión organizativa de la movilización realizada días atrás, Daer propuso organizar las columnas de cada sector a lo largo de la Avenida de Mayo sin hacer uso de las calles transversales con el propósito de exhibir la masividad de la marcha y, a la vez, habilitar la participación de los manifestantes “de a pie” que, pronosticó, tendrá una magnitud similar al aporte de los sectores organizados.
Entre ellos se contabilizan la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, las organizaciones sociales agrupadas en la UTEP y La Cámpora.
Desde la izquierda, un plenario con 500 delegados de sindicatos que militan en la Coordinadora de Sindicatos Combativos (CSC) y en el Polo Obrero se reunió ayer y ratificó su participación en la movilización con una columna independiente.
La movilización también tendrá un lugar destacado para sectores sociales que ya manifestaron su adhesión, como los de la cultura, el deporte, la ciencia, los clubes de barrio y las asociaciones de consumidores, entre muchos otros, que agregarán sus propias demandas al pliego político y gremial.
Ayer, en declaraciones radiales, Daer señaló: «Hemos hablado con un montón de legisladores que están en contra, toda la fantasía de que esto sí o sí se termina en enero o que es ‘todo o nada’, ya no está. Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes, que ya dijeron que no van a descontar los días; es muy amplia la convocatoria y la concurrencia. También participará gente en forma individual, que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo».
A este conjunto habrá que sumar las marchas y actos planificados en todo el país.
Consultado sobre la magnitud de la movilización, Daer se limitó a adelantar que “la marcha va a ser muy grande” y, al igual que el resto de los principales dirigentes de la CGT, omitió arriesgar un número concreto.
Fue otro de los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, Jorge Martínez, titular de la Federación de Peones de Taxis, quien dejó trascender cuales son los números que manejan dentro de la Central.
“Estimamos que cerca de un millón de personas se movilizarán el próximo 24 de enero al Congreso Nacional”, confió en declaraciones al portal Sonido Gremial. En ese caso, la plaza del Congreso rebalsará de manifestantes.
Además, Martínez remarcó que lo del 24 será “el primer round” en la disputa entre sindicatos y el gobierno. Ninguno de los miembros del triunvirato, hasta el momento, adelantó cuál será la política de la CGT a partir del jueves en caso de que el gobierno insista con el decreto y la ley ómnibus.
En la entrevista con Tiempo publicada la semana pasada, Pablo Moyano se limitó a recordar la resolución del Comité Confederal del pasado 28 de diciembre que, señaló, «nos facultó para tomar las medidas que sean necesarias. Pueden ser en febrero, en marzo, abril o cuando sea».
La continuidad dependerá de lo que ocurra con el paro y la movilización el propio miércoles, la adhesión en la base de los trabajadores, el impacto sobre la opinión pública que tenga la medida, los reordenamientos dentro del Congreso y de como el gobierno interprete el escenario y redefina o confirme los términos de su ofensiva.
Otro capítulo de la jornada será el que la ministra de Seguridad pretenderá protagonizar con la aplicación de su protocolo de seguridad. Ya mandó intimaciones a sindicatos afiliados a la CGT por montos de hasta $ 100 millones en concepto de costos del operativo de seguridad. Patricia Bullrich confirmó que ratificará esa política el próximo miércoles: «Hay que dar la pelea de vida o muerte», sobreactuó.
Paco Manrique, dirigente del SMATA y diputado nacional, señaló irónicamente que, por la envergadura de la marcha, «la gente no va a entrar en la vereda». Daer sugirió que lo más prudente para el gobierno sería, al menos, dejar sin efecto el protocolo durante ese día. A la vez las tres centrales tramitaron la intervención del Director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, aseguraron, «ya se ha puesto en contacto con el gobierno argentino solicitando explicaciones por los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales».
Más allá de lo simbólico y la disputa mediática sobre la opinión pública, el gobierno sabe que es ahí, en la calle, donde se juega una parte esencial de esta partida, que recién comienza.«
Si bien lo central de la jornada resultará la propia movilización y la capacidad de las centrales de traccionar un sector de la población a la calle, un aspecto no desdeñable es la forma en la que la opinión pública asimila esas medidas.
De hecho, el gobierno sostiene su ofensiva en el presunto apoyo popular que detenta luego de obtener el 56% de los votos en el balotaje.
Según una encuesta realizada entre el 14 y el 19 de enero por la consultora Espiral en forma exclusiva para el portal Infogremiales, la aprobación de la medida de fuerza alcanzó al 54% de la población mientras que el rechazo cosechó el 36% de las opiniones.
El resultado da cuenta de la percepción de la población de que no se trata de un conflicto sectorial o corporativo sino que involucra a amplios sectores de la ciudadanía.
Otro dato que surge del mismo estudio y que posiblemente sea el más relevante, es el grado de conocimiento social que tiene la medida. El 97% de los encuestados asegura estar al tanto de la protesta con independencia de su posicionamiento ante la misma.
El estudio destaca también lo que denomina los «altos niveles de intensidad» en las respuestas. Esto es la baja frecuencia (9%) de respuestas para las dos variantes intermedias entre el apoyo o el rechazo cerrado a la medida de fuerza.
El estudio, además, indica al «peronismo unido» (27%) como la «mejor expresión» de la oposición al gobierno. La CGT recibió el 19,4% de las opiniones seguida por el kirchnerismo (10,4%), los movimientos sociales (9,6%), la izquierda (3,2%) y la CTA (1,5%).
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