El peritaje podría definir si el expresidente violó la restricción de contacto con Yañez, en cuyo caso podría dictársele prisión preventiva. La trama político judicial que rodea al escándalo.
Si de los teléfonos y otros elementos de computación secuestrados esa noche surgiera que Fernández intentó aproximarse desde la distancia a su ex pareja Fabiola Yañez violando la orden de “suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio”, el fiscal Carlos Rívolo (o Ramiro González, el titular de esa fiscalía) estaría en condiciones de pedir su detención.
La “Guía de actuación en casos de violencia doméstica” de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) –que es parte en este proceso- establece que “cuando el agresor incumple las medidas preventivas urgentes, las fiscalías deben evaluar si la conducta del imputado configura un riesgo procesal que amerite su prisión preventiva”.
“La prisión preventiva del imputado –añade la norma- puede ser una medida necesaria para asegurar el desarrollo del proceso”.
En el acotado entorno que aún acompaña al ex presidente están convencidos de que el gobierno de Javier Milei, a través del regreso de la renovada vieja guardia de los servicios de inteligencia, urdió el estallido de esta secuencia que desde el domingo pasado se empecina en matar a un muerto. Demonizan a Fabiola Yañez, a quien le atribuyen desde intereses económicos hasta padecimientos terapéuticos como origen de su denuncia. Pero le adjudican la autoría intelectual al gobierno de Javier Milei, con la aquiescencia de Cristina Fernández de Kirchner y “la camporonga”, como llaman con desprecio a La Cámpora.
De Fabiola, están seguros que actúa más por intereses económicos que por despecho. Que está “asesorada” y que Alberto Fernández sabía que esto podía pasar. Antes de asumir como presidente, en 2019, dos amigos de la política le recomendaron que cortara la relación con Fabiola. “Echala ahora. Después no nos vengas a pedir que la saquemos de Olivos como Carlos Menem con Zulema Yoma”. Fabiola dejó trascender que mucha otra gente sabía de la situación de violencia que ella denunció. En cuanto dé nombres, todos desfilarán por el despacho de Ercolini.
Sobre los bochornosos videos del ex presidente con Tamara Pettinatto entienden que es, lisa y llanamente, un carpetazo. Y que habrá más. El viernes por la noche debía conocerse otro, pero el allanamiento fue un hecho mediático suficiente como para postergarlo.
La teoría conspirativa apunta a Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, cuyo brazo se extiende a los reaparecidos sótanos de la democracia. Creen que el gobierno tiene preparada una artillería escalonada de escándalos (y aprovechará los que surjan inesperadamente, como la desaparición del niño correntino Loan Peña) para desviar la atención.
Mientras se hable de Alberto mujeriego, maltratador, corrupto e inescrupuloso, el agravamiento de la penuria económica que pronostican para septiembre y octubre pasará a segundo plano. Cuando esas aguas comiencen a aquietarse habrá otros hechos resonantes, acaso con otros protagonistas.
“Todo esto estaba previsto para el año que viene, en el contexto de las elecciones. Empezaron a tirar cosas ahora porque la situación del país es mucho más grave de lo grave que ya parece”, afirman.
¿Eso cambia en algo la –cuanto menos- patética y execrable conducta de Alberto Fernández? ¡Claro que no! Lo están “operando” con la verdad.
Pero esa perspectiva es la que empieza a perfilarse como estrategia de defensa judicial antes que en lo mediático, donde la batalla ya ha sido dada por perdida.
Los allegados que visitan y están en contacto con el ex presidente le aconsejaron que, después del reportaje concedido el viernes al diario El País, no vuelva a tomar contacto con los medios de comunicación. De hecho, en el reportaje con el periódico español le insistieron en que no hablara de Fabiola e invocara para excusarse de ello el “respeto al hijo de ambos”.
Alberto Fernández prepara su defensa judicial sabiendo que va a competir en una cancha inclinada. Ercolini tiene un talonario completo de facturas para cobrarle y el espíritu del difunto Claudio Bonadio sobrevuela todo el tiempo en Comodoro Py. El escenario de lo que padeció Cristina Fernández de Kirchner con Bonadio puede repetirse ahora con Fernández y Ercolini.
Sin embargo, el ex presidente cree que saldrá indemne y que le deberán pedir disculpas. “Nunca le pegué”, repite una y otra vez. Ayer, por caso, el ex presidente pidió que la causa pase a los tribunales de San Isidro, porque los hechos imputados ocurrieron en la residencia de Olivos. El antecedente es que en esa jurisdicción tramita también la causa por la fiesta de cumpleaños de la exprimera dama durante la pandemia, con idéntico escenario.
Entonces, ¿cómo se explican las fotos? Ese es el camino más sinuoso que deberá transitar. Para negar que él hubiera causado esas lesiones deberá describir situaciones de la vida privada que pueden multiplicar el escándalo. Y, además, deberá objetar la autenticidad de las imágenes y los chats. Ercolini espera el momento en que Alberto diga que los chats pueden ser editados y adulterados.
Eso mismo fue lo que el juez argumentó cuando se filtraron las conversaciones del autodenominado grupo “los huemules”, jueces, fiscales y funcionarios del gobierno porteño que viajaron a la estancia del británico Joe Lewis en el Lago Escondido en 2022. Alberto usó una cadena nacional sobre la base de aquellos chats para defenestrar a Ercolini y los demás viajeros supuestamente invitados por el Grupo Clarín, que tuvo la primicia de la violencia de género contra Fabiola.
La designación de Silvina Carreira como defensora de Fernández tomó por sorpresa hasta a sus abogados en otras causas. Mariana Barbitta, quien lo asiste en el expediente por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través de brokers que intermediaban con el Banco Nación, se enteró mirando la TV que Carreira –una abogada con estudio en Lanús que no es especialista en derecho penal- iba a ser su defensora.
De lado quedaron otros abogados que se automarginaron, entre ellos Marcelo Sgro, quien lo defendió en la “conciliación” por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante la pandemia. A Maximiliano Rusconi (en un canal de TV afirmaron que había pedido honorarios por un millón de dólares) ni siquiera lo tantearon.
Carreira -quien trabajó entre otros con Enrique “Pepe” Albistur- será el fronting de una defensa en la que Alberto intervendrá de manera directa pero que estará respaldada por un equipo de penalistas. Algunos de ellos tienen buena llegada a Comodoro Py y a los servicios de inteligencia, pero probablemente sea insuficiente para mejorar las posibilidades judiciales del ex jefe de Estado. «
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