Cecilia Nicolini: «Hoy más que nunca tenemos que empujar el debate de canjear deuda por acciones climáticas»

Por: Gustavo Sarmiento

La secretaria de Cambio Climático de la Nación es la representante de la Argentina en la COP27 que se desarrolla en Egipto, donde buscan que las potencias aporten un billón de dólares al año para adaptación y mitigación. Aboga por una transformación cultural y de nuestra matriz productiva. Y añade: “si queremos tener un desarrollo económico con crecimiento tiene que ser de manera sostenible y en armonía con la naturaleza”.

Para conducir una secretaría de Cambio Climático en estos tiempos, hay que ser optimista. Y Cecilia Nicolini, la titular del área en la Argentina, lo es. Ya lo era cuando negociaba con Rusia la llegada de vacunas junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Y también ahora, que representa al país en la COP27 de Egipto, la conferencia del clima de las Naciones Unidas, que se viene distinguiendo por más promesas que acciones concretas por parte de las potencias.

Nicolini presentó allí el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que consta de 250 medidas y la estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo de cara al 2050. La funcionaria enfatiza que no se trata solo de mitigación sino también, y sobre todo, de adaptación. Admite tensiones entre los objetivos ambientales y ciertos sectores productivos dominantes en el país, y remarca: “si queremos tener un desarrollo económico con crecimiento tiene que ser de manera sostenible y en armonía con la naturaleza”.

–¿Con qué escenario te encontraste?

–Tenemos mucho interés en esta COP. El tema de esta edición se llama Medios de Implementación y es algo que viene pidiendo el Sur Global: todo lo que tiene que ver con financiamiento y transferencia en tecnología, especialmente para transiciones globales. Y dentro de eso pedimos por la agenda de adaptación, que tradicionalmente siempre estuvo más relegada que la agenda de mitigación, esta última más relacionada a países desarrollados, enfocada a reducir las emisiones de gases de efecto invernaderos. Si bien tenemos una meta cuantificada al año 2030 y al 2050 en términos de mitigación, hemos puesto en relevancia la agenda de adaptación, que tiene que ver con preparar a nuestros territorios para hacerlos más resilientes al impacto del cambio climático. América Latina y Caribe junto con regiones como África somos de las zonas del mundo que más sufrimos los impactos. El clima aquí se manifiesta de manera más extrema, y tenemos mayores niveles de vulnerabilidad que nos deja más expuestos.

–El acuerdo del 2009 establecía que los países desarrollados debían aportar 100.000 millones de dólares al año pero no se cumplió. ¿Hay algún nuevo reclamo cuantificado?

–Justo vengo de una de nuestras intervenciones en la mesa de negociación que está estableciendo la nueva meta cuantificable a partir del año 2025. Partimos de un escenario bastante negativo y frustrante que es lo que se comprometieron en 2009 y no se cumplió, y además ese número no está ajustado a la inflación global. Incluso según la CEPAL nuestro región necesita entre 6 y 8 veces más de financiamiento de lo que se está poniendo para las transiciones. Pero estamos debatiendo una nueva meta, y que sea cuantificable, medible, algo concreto. Hablamos de que ahora sea un billón de dólares anuales, al menos triplicar la cifra anterior que nunca se cumplió. A su vez, hasta último momento antes de la Cumbre no se había incluido la agenda de pérdidas y daños, y finalmente pudimos incorporarla. Es un punto de negociación muy importante, y que sufren los países más rezagados. El impacto económico, de infraestructura y de vidas tiene que ser resarcido de alguna manera, que haya un fondo específico destinado a eso. También reclamamos que los fondos y agencias de cooperación sean más ágiles. Son muy lentos y las burocracias son enormes.

Nicolini, en una de las mesas y exposiciones de la COP27.
Foto: @cecilianicolini

–¿Hoy es imposible pensar en el canje de deuda por acciones climáticas como se debatió en años anteriores?

–No, no. Hoy más que nunca tenemos que empujar ese debate. Aquí estuve en una conversación que me invitaron de la Organización Mundial de Comercio que estaban Kristalina Georgieva; la directora general de la OMC, y Mariana Mazzucato, entre otras, y varios de los temas que se abordaron están relacionados a cuestiones de financiamiento y mecanismos innovadores, sobre todo para países como los de América Latina que somos muy endeudados y en muchos casos son deudas insostenibles que se han tomado, lo que hace que sea muy difícil avanzar a otra velocidad en cualquier aspecto, no solo en la política climática. Estamos hablando mucho con el Ministerio de Economía para ver diferentes alternativas interesantes a lo que es canje de deuda por acción climática o pagos por servicios ecosistémicos, de hecho estamos implementando el Fondo Verde para evitar la deforestación. Pasa que los países que dominan la arquitectura financiera global, y que históricamente más contribuyeron al colapso ambiental, deben hacer coincidir sus lógicas discursivas con sus lógicas financieras, que lo que dicen en las Cumbres lo lleven a cabo. Son los que tienen que fondear estos espacios y aprobar los fondos. En esa lucha estamos.

–¿Algunos de estos aspectos no chocan con ciertos sectores productivos como el agro o el minero?

–Es muy complejo, no va a haber una solución de un día para otro que pueda dar respuesta a todos los sectores. Siempre habrá ciertos tironeos. Es difícil. Es una manta corta, porque de alguna manera te llama a una transformación total, no solamente de tu matriz productiva sino de la cultura, de la manera en que vivimos. Trato de ser optimista, creo que hemos establecido consensos mínimos dentro de la dirigencia política y la sociedad en su conjunto. Primero, no podemos seguir consumiendo y produciendo como lo hacíamos hace diez, quince o treinta años. Tenemos muy en claro que tiene que cambiar. También tenemos muy en claro que la cuestión del cambio climático es real, y los impactos ya están ahora. No es el futuro. Es nuestra agenda. Y no es solamente una agenda que viene de afuera, es propia, la tenemos que encarar con una perspectiva nacional y soberana. Decir: «Bueno, cómo trabajo las transiciones que me permitan transformar mi matriz productiva, y que a su vez genere capacidades para tener más empleo, no dejar a nadie afuera, que realmente sea una transformación inclusiva, que no aumente las brechas y la desigualdad». En eso hay muchísimos debates y encontronazos. Pero eso sí: ya no es una cuestión dicotómica o maniquea de producción vs. ambiente. Todos entendimos, o casi todos, que si queremos tener un desarrollo económico con crecimiento del país tiene que ser de manera sostenible y en armonía con la naturaleza. Sobre todo porque ya hoy en día no solo tenemos que cuantificar lo que nos va a costar económicamente hacer esas transiciones, sino que nos va a costar mucho más si no las hacemos; el costo de inacción empieza a ser mucho más alto que el costo de actuar. Por ejemplo, el año que viene ya se está hablando de activar los mecanismos de ajuste de carbono en frontera. Esto es: la Unión Europea no te va a comprar más alimentos o productos que no vengan certificados libres de deforestación. También estamos viendo que si no cuidamos y protegemos nuestros humedales, eso va a redundar en inclemencias climáticas, incendios y demás, que afectan también la producción económica. Y ni que hablar de la salud, que también es costosa. Todo lo que debemos después remediar es muchísimo más costoso. Hace dos semanas lanzamos una plataforma de alianza para la acción climática con el sector privado, donde muchas empresas tienen objetivo de descarbonización o de carbono neutral, no solamente al 2050 sino al 2040, y nuestro trabajo ahí es cómo hacemos para que todo este proceso redunde en beneficio a toda la cadena de valor. Para las pymes, por caso, que tienen menos capacidad de adaptarse y no podemos dejarlas en el camino. Lo mismo con el tema tan debatible como es la transición energética. No vamos a dejar de consumir combustible fósil de un día para el otro. Ningún país lo está haciendo. De hecho ahora en el marco de la guerra hay un gran debate porque no solo no se está frenando sino que en algunos país está volviendo, como el carbón. El caso más paradigmático es Alemania. Nosotros tenemos una matriz energética donde el gas natural va a jugar un rol muy importante. ¿Es una solución a largo plazo para la descarbonización? No, pero es funcional a la transición en el corto y mediano plazo, porque puede reemplazar combustible fósil mucho más contaminante, y nos permite también exportar o reemplazar importaciones muy costosas, para financiar cosas que sí necesitamos con urgencia que requieren dólares. Es el caso de las líneas de transmisión eléctrica para desarrollar más parques eólicos y solares, o terminar de financiar el reactor CAREM que va a ser fundamental para la región. Es una mesa de negociación muy compleja donde todos tenemos que ceder algo para poder ganar. Y que sea con la gente adentro.  

Incendios en el Delta
Foto: AFP
Menos agua, más adaptación y una justicia ambiental

«Tenemos que avanzar con las políticas de mitigación y de adaptación, ser capaces de seguir produciendo con menos agua, y pensar cómo hacer frente a la sequía. Cómo hacer frente a las olas de calor, poder desarrollar la infraestructura como así también las viviendas de acuerdo a las cualidades bioclimáticas de cada zona», plantea Cecilia Nicolini.

Consultada sobre los fuegos en el Delta, responde: «Más del 95% son intencionales, por prácticas antiguas, por descuidos o cuestiones como intereses inmobiliarios, especulativos, productivos. Ahí también tiene que actuar la Justicia. Tiene que ser un brazo de la política climática importante. Lo mismo el Poder Legislativo, con leyes necesarias para poder trabajan en un ordenamiento territorial, identificar bien en todo nuestro espacio qué vamos a proteger por sus servicios ecosistémicos. Qué vamos a poder producir y de qué manera. Ahí estamos peleando por la Ley de Evaluación Ambiental, que busca poder reforzar mucho más el hecho de que la evaluación de todos los grandes proyectos sea más sólida, financiada y más colaborativa entre las provincias a nivel interjurisdiccional».

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