Así lo dispuso el fiscal del caso luego de que la autopsia determinara que la víctima murió el domingo pasado por "asfixia mecánica".
En declaraciones realizadas al canal 12 de Córdoba, el fiscal Raúl Ramírez informó que “se dispusieron las detenciones de seis funcionarios policiales”, en el marco de la causa y que la idea “es de notificar de las imputaciones a los funcionarios policiales de modo tal que accedan a la causa y puedan realizar su debida defensa”.
De los seis policías, cuatro son acusados de homicidio y otros dos están imputados por el delito de encubrimiento. En las últimas horas la autopsia confirmó que Romo falleció como consecuencia de una “asfixia mecánica”, por lo que al tratarse de una “muerte violenta” generada por “terceros”, el fiscal dispuso la detención de los agentes involucrados.
Además, Ramírez señaló que en la necropsia se constataron “múltiples lesiones, escoriaciones, equimosis y otros elementos de lesiones internas”, por lo que al haber “funcionarios de seguridad estatal involucrados”, se llevó a cabo “el Protocolo de Minnesota, que incluye medidas específicas y especiales en el modo de la realización de la autopsia”.
El representante del Ministerio Público Fiscal contó que realizó “la inspección judicial en los lugares donde se produjeron los hechos, básicamente en el ámbito de la comisaría”.
“Tenía necesidad de precisar algunos detalles de espacios, dependencias y demás a los fines de concluir en la probabilidad de que los hechos pudieran haber sucedido del modo en que se venía planteando”, concluyó el fiscal.
Por otro lado, el gobernador Schiaretti escribió esta noche en su cuenta de Twitter: “En relación a los hechos acontecidos en la comisaría de La Falda, sobre los que ya trabaja la Justicia, queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias”.
”Y como corresponde, el Estado provincial pone a disposición todos los recursos necesarios para que se determinen culpables y responsables del caso y caiga todo el peso de la ley sobre los mismos”, agregó Schiaretti.
Más temprano, el abogado que representa a la familia de Romo, Luis Galli, afirmó que el hombre fallecido ya había vivido una situación similar en diciembre pasado, cuando debió ser hospitalizado.
«La causa sigue en investigación pero hemos instaurado que aquí no hubo una buena praxis policial ni se usó ningún protocolo, se lo trató al chico como un delincuente (tal cual muestran todos los videos que andan circulando en la red) y se lo castigó tremendamente», dijo el abogado a medios locales.
«No se lo dejó respirar, encima que se encontraba en medio de una crisis psicótica», reclamó el letrado, quien agregó que en diciembre del año pasado, Romo sufrió un hecho similar, cuando «fue esposado por cinco policías que lo tiraron al piso, le pegaron y le perforaron un riñón».
«Estuvo internado con lesiones graves en el Hospital San Roque, donde está toda la historia clínica», dijo Galli.
Tras el fallecimiento del hombre, y al iniciarse una investigación por el hecho, desplazaron de sus funciones al director de la Jefatura Departamental Punilla Norte, comisario inspector Diego Alejandro Bracamonte; y pasaron a retiro al director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, comisario general Julio César Faria; y al director de Entrenamiento Profesional Permanente, comisario inspector, Marcos Germán Manrique.
También fueron puestos en situación pasiva los seis policías involucrados en la detención de Romo, luego de que circularan videos que muestran una detención violenta, con un hombre que no se resistió.
La detención ocurrió en la tarde del pasado domingo en la esquina de Vélez Sarsfield y avenida Italia, de La Falda, tras una denuncia de vecinos porque realizaba disturbios en la vía pública. Ese día, en el parte oficial de la Policía, indicó que luego de ser trasladado a la comisaría local el hombre se descompensó y murió, lo que fue constatado por un servicio de emergencias.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, explicó que ante esas situaciones, las personas deben ser trasladadas a un centro asistencial y no a una dependencia policial, y remarcó que «en este caso esas circunstancias no fueron observadas».
Por el accionar de los policías y las autoridades de la fuerza desplazadas, Mosquera destacó que hay una investigación penal en marcha, y aclaró: «Consideramos indispensable tomar recaudos para aventar cualquier tipo de injerencia o intromisión en el total esclarecimiento de este hecho luctuoso».
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