La defensa de la exvicepresidenta había presentado horas antes un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que existían "razones objetivas" que "ponen en crisis" la objetividad del fiscal Villar y la imparcialidad del juez Barroetaveña.
Los jueces de la sala cuarta del tribunal de Casación resolvieron «rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar». La resolución lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y el propio Barroetaveña.
Los abogados de la defensa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición «autocontradictoria» con las que él mismo había expuesto en otros expedientes y que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este caso al intervenir en otro.
Al referirse al fiscal Villar, la defensa dijo que «ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance (terminología utilizada por la Cámara de Apelaciones del fuero) en contra de la expresidenta de la Nación».
«Así, por un lado, a efectos de revertir el archivo dispuesto por el Tribunal Oral Nº 5 en el marco de las causas ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’, el fiscal Villar postuló la existencia de dos supuestas asociaciones ilícitas diferenciadas y perfectamente escindibles, mientras ahora en este expediente, para obtener la condena de nuestra asistida, el nombrado afirma que se trata de una única banda criminal liderada por Cristina Fernández de Kirchner», sostuvieron los abogados.
«La actuación autocontradictoria llevada a cabo por el Dr. Villar, siempre para esgrimir pretensiones punitivas en contra de nuestra representada, permite cuanto menos poner seriamente en duda su objetividad en el caso, situación que da sobrado fundamento a la petición de apartamiento postulada», señalaron.
Al responder sobre la recusación de Villar, los jueces de Casación sostuvieron que «los aspectos de la exposición señalados por el recusante no son otra cosa que parte de la acusación sobre la cual el recusante está llamado ejercer la defensa, y luego este Tribunal a dictar sentencia en base a lo que pudo, o no, ser probado por el acusador».
Al juez Barroetaveña, los abogados defensores le achacaron haber reconocido, en otro expediente, «la existencia de una única asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, constituida a efectos de cometer defraudaciones en perjuicio del Estado y maniobras de lavado de activos, tal como ahora lo postula el fiscal Villar en sus agravios».
«Como puede advertirse, el juez Barroetaveña se encuentra ahora inmerso, mutatis mutandis, en la causal de apartamiento establecida, pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia», indicaron. Ante ese planteo, la Cámara de Casación respondió: «La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que le imponen al juez el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, así como fue planteada por la defensa, no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento».
Para este jueves está previsto que los jueces de Casación comiencen a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner.
La segunda audiencia está prevista para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Para el próximo 7 de marzo está prevista la exposición de los abogados de la expresidenta, Beraldi y Llernovoy.
Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada» que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
El lunes pasado el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio.
Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.
En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por «administración fraudulenta».
Al exponer el lunes último el fiscal afirmó que durante el Gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos».
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.
Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.
Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.
Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.
Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.
Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».
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