El caso entra a su última instancia de apelación. El escenario judicial al que se enfrenta un expediente ultrapolitizado en el marco del debate por Ficha Limpia.
Por un lado, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de la expresidenta, le pidieron a la Corte que la absuelva de la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta y de la prohibición de ejercer cargos públicos. Lo basaron en un pormenorizado cuestionamiento de los hechos imputados en el marco de la causa por supuestos direccionamientos de obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. También en un nuevo señalamiento de las conductas de los jueces y fiscales que intervinieron en el caso.
Entre otras cosas, plantearon que ninguno de los exjefes de Gabinete que declararon como testigos en el juicio dijeron haber sufrido injerencias de Cristina Kirchner en el ejercicio de sus tareas. También que funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz negaron haber recibido instrucciones para favorecer a Báez, y que contratistas viales reconocieron las ventajas comparativas de las empresas radicadas en las provincias donde se requerían las obras. Para ventilarlo, pretenden que el Máximo Tribunal habilite audiencias públicas antes de definir.
“No existe ni por acción ni omisión deber alguno cuya infracción se pueda reprochar a CFK que surja por el desempeño de su cargo de presidenta”, afirmaron.
Los abogados también reiteraron las quejas contra los jueces y fiscales del caso. Por deficiencias procesales, como la admisión por parte del TOF Nº2 de peritaje a sólo cinco de las 51 obras denunciadas; por no haber respetado el principio de cosa juzgada ante el hecho de que 49 de esas obras habían sido investigadas por la Justicia santacruceña, que no encontró delitos; o atribuirle a Cristina Kirchner el quebrantamiento de deberes que ni la Constitución ni normas inferiores le atribuían, según el documento al que accedió Tiempo.
También reprocharon la “indebida intromisión del poder político”, a partir de los partidos de fútbol que jueces y fiscales del caso jugaban en la quinta de Mauricio Macri y las reuniones que otros de ellos tenían con el mandatario y con Patricia Bullrich. Por esto último le pidieron a la Corte “pautas concretas acerca de la tolerancia o no de estas prácticas”.
Por su lado, el fiscal pidió agravar la condena a 12 años, ya que para él está acreditado que Cristina fue parte de una asociación ilícita.
Su argumentación la basó en un postulado técnico con el que cuestionó el criterio de Casación de considerar que los hechos forman parte de un único delito continuado y no tomarlos como múltiples delitos, algo necesario para acreditar la asociación ilícita. Para Villar es la “principal arbitrariedad” de la sentencia.
“Está claro que son plurales, diferentes e indeterminados los delitos que la asociación tiene en miras desde su constitución como en todo el proceso en el que se extiende la ejecución”, expresó.
Lázaro Báez también apeló su condena. Su abogado Juan Villanueva pidió la absolución y la realización de un nuevo juicio tras enumerar varias irregularidades, algunas compartidas con Cristina Kirchner.
La causa va camino a estar en manos de una Corte cuya conformación podría variar al momento del fallo ante la posibilidad de que asuman Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. No hay tiempos establecidos para la definición: para el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Dólar Futuro los cortesanos se tomaron tres años y ocho meses, mientras que demoraron poco más de un año en confirmar que debe ir a juicio en las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces.
El escenario en la Corte presenta al menos tres alternativas: que confirmen el fallo y las condenas de Casación; que hagan lugar a los requerimientos de la Fiscalía o las defensas, o que ordenen un nuevo pronunciamiento. Sólo con las primeras dos posibilidades se le daría firmeza al caso. «
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