Causa Ford: «Es la fábrica que tiene más prácticas empresariales represivas»

En la última audiencia del debate oral que se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, comenzaron a declarar los trabajadores que fueron secuestrados por el Ejército en su puesto de trabajo. Declaró Pedro Troiani, uno de los delegados secuestrados en su puesto de trabajo y torturado en un quincho ubicado dentro del predio de la planta de General Pacheco de la Ford Motors.

“El caso de Ford es el primero en el que los trabajadores llegan como colectivo de víctimas al juicio. Es un caso paradigmático que llega a debate en un contexto muy adverso para el proceso de juzgamiento, un momento muy adverso para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y un momento en el que parte de los capitales que sostuvieron a las firmas en la dictadura hoy forman parte de los grandes núcleos de poder que están gobernando la Argentina”, explica la abogada.

Este lunes 5 de marzo se realizará la quinta audiencia. Será la segunda en la que hablen las víctimas frente a los jueces Diego Barroetaveña, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta.

-En los últimos años tomó fuerza la consigna “Los grupos económicos también fueron la dictadura”, que cristalizó la idea de que había tocado el turno de avanzar en la investigación de las responsabilidades del sector empresario de los civiles. ¿Cuál es la importancia del juicio a la Ford en ese contexto?
-El proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en la Argentina fue permitiendo, a partir del avance de las investigaciones de las causas y del avance de los juicios, empezar a ver otras responsabilidades distintas a las militares: por un lado está la responsabilidad de los operadores judiciales, por otro lado la responsabilidad eclesiástica y por otro la de cierto sector o elite empresaria. Y estamos hablando de responsabilidad y no de complicidad o participación, porque cuando alguien participa o es cómplice lo hace en el hecho que produce otro, pero en cambio alguien es responsable en un hecho propio. Creo que hubo un cambio de paradigma en términos de investigación en el Informe de Responsabilidad Empresarial de la Dictadura en el cual trabajamos FLACSO, CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia en el Programa Verdad y Justicia (Ndr: fue subcoordinadora del programa), que fue presentado a finales de 2015 que habilitó la posibilidad de ver de modo integral en qué consistió estos aportes empresarios. Ese análisis de 25 casos en conjunto permitió ver que había prácticas de las empresas que se repetían, que eran patrones de conductas que se fueron repitiendo en empresas que no tenían nada que ver unas con otras. ¿Qué tenían que ver un ingenio en el norte, con una planta automotriz en el Conurbano o un medio de comunicación del sur como La Nueva Provincia, o los Molinos Río de La Plata? Eran todas empresas con distinta matriz productiva y de diferentes lugares del país. Pero eso demuestra que efectivamente había un interés en particular de una parte del empresariado en las prácticas represivas dentro de las propias empresas. Y la pregunta clave es: ¿Porqué un empresario se va a manchar las manos con sangre? ¿Porqué un empresario va a hacer un aporte para que torturen a un trabajador y lo desaparezcan?

-¿Porqué?
-¿Cuál era el interés? Cuando se analiza lo político económico y las transformaciones de la matriz económica, productiva y social luego del golpe de Estado en relación a lo que ocurría antes es fácil ver cuál fue la participación de los trabajadores en la renta nacional en 1974 y cuál era después del ’83. Cuáles fueron los derechos laborales y sindicales que habían alcanzado con la ley de contrato de trabajo y como fueron diezmadas esas leyes luego durante la dictadura, uno puede entender cuál era ese interés.

-¿Y en el caso puntual de Ford?
-En el caso puntual hay varias cuestiones. Hasta ahora tuvimos un solo juicio a un empresario que fue (Marcos) Levín, de la Veloz del Norte, pero fue (acusado) por un único hecho. El caso de Ford es el primero en el que los trabajadores llegan como colectivo de víctimas al juicio. La gran mayoría son delegados de base, de la planta. Y llegan dos directivos imputados, porque otros dos murieron impunes, con una importante gama de aportes de la empresa para que se haya secuestrado a 24 trabajadores y se los haya torturado. Es un caso paradigmático que llega a debate en un contexto muy adverso para el proceso de juzgamiento, un momento muy adverso para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y un momento en el que parte de los capitales que sostuvieron a las firmas en la dictadura hoy forman parte de los grandes núcleos de poder que están gobernando la Argentina.

-En la última audiencia comenzaron a declarar los testigos. Pedro Troiani, secuestrado y torturado en la fábrica, mencionó que los militares accedían a sus identificaciones, y que la empresa les brindaba apoyo a los militares. ¿Estos testimonios comienzan a destapar la olla de las responsabilidades?
-Hay abundante prueba, pero como todos los juicios de lesa humanidad la más importante de la prueba es la palabra de las víctimas. Hay que pensar que una parte importante de lo que sucedió fue dentro de la planta de la fábrica de la Ford y que en los treinta y pico años de democracia que llevamos, la empresa se negó a dar información. Siempre negó su responsabilidad, o haber llevado adelante alguna acción. Por lo tanto, lo que ocurrió dentro de la planta lo necesitamos conocer, tanto por las víctimas que empezaron a hablar el martes pasado, como por lo que vamos a poder escuchar de otros trabajadores que no son víctimas, que se quedaron trabajando ahí y veían a los militares almorzando en el comedor, que no podían usar más los vestuarios porque se usaban como tiendas de campaña de los militares, o los que veían los camiones del Ejército, o los que estaban en las líneas de producción. Las detenciones eran a la luz del día, con la fábrica funcionando, o sea que hay otros testigos que aunque no fueron víctimas nos van a permitir ir armando este rompecabezas de qué era lo que sucedía en la fábrica y si eso era posible o no que todo eso sucediera sin un aporte, una decisión, una planificación de los directivos de Ford.

-¿Esos testigos no víctimas podrán contar que pasó en la planta tras los secuestros de sus compañeros?
-Las víctimas hacen el relato de sus propios secuestros pero no pueden contar alguna de las otras cosas que pasaron después. Acá se une aquella pregunta de cuál puede ser el interés del empresario y porqué hablamos de responsabilidad y no complicidad, porque cuando cuenten cómo suceden los secuestros en el comedor de Ford, que fue el último sector que se sindicalizó y que lograron hacerlo en el gremio del Smata (mecánicos) obteniendo un aumento y un beneficio enorme por el buen convenio del gremio, y que a los dos o tres meses de que secuestran a los delegados de ese sector los recategorizan, los cambian de gremio y de ese modo vuelven a tener pérdida de derechos. Esa es una parte muy importante del relato que necesitamos llevar al juicio.

-¿Por eso la querella insistió en la última audiencia en preguntar sobre la cotidianidad de la fábrica antes y después de la llegada de los militares?
-Eso es absolutamente necesario. Hugo Adolfo Nuñez fue uno de los últimos trabajadores en ser secuestrado (Ndr: falleció y su testimonio será incorporado por lectura) y explicó que en la línea de producción se pasó de hacer, supongamos, entre 80 y 120 guardabarros antes del golpe y después del 24 de marzo exigían que hicieran 180 con los mismos trabajadores. Ahí se entiende cuál era la necesidad: eliminada la sindicalización, generado el miedo, lo que la empresa gana es la recuperación de ese porcentaje en la renta nacional que habían alcanzado los trabajadores llegando casi al “fifty-fifty” en el año 1974. Y lo recuperan a costa de pérdida de derecho de los trabajadores y termina en cerca de un 22% en 1982 después de la inflación y la guerra de Malvinas. Recuperan de un modo brutal las ganancias que habían perdido sistemáticamente desde 1945 y en las tres décadas siguientes.

-Mencionó a Levin de la Veloz del Norte y al Ingenio Ledesma de Pedro Blaquier. El primero fue condenado a 12 años y exculpado por la Cámara de Casación el año pasado. El segundo caso llega a juicio en mayo sin el dueño de la empresa entre los imputados. En ese contexto ¿Cuales son las expectativas con Müller y Sibila?
-Sabemos que estamos en un momento difícil para todos los procesos de juzgamiento. Hay una clara decisión de ponerle un freno a los juicios. Pero nosotros creemos que el caso de Ford tiene la particularidad de que es la fábrica que tiene más prácticas empresariales represivas. ¿Cómo se puede explicar que hayan instalado un centro clandestino dentro de la fábrica? Les daban de comer en la fábrica a los militares. Es muy difícil negar la responsabilidad de los responsables de la planta, por lo tanto, y pese a que sabemos que los jueces y los tribunales no están acostumbrados a hacer juicios a civiles y a empresarios, creemos que estamos en condiciones de lograr condenas.

-¿El contexto político tampoco aporta?
-Una cosa que me parece importante relacionada con la voluntad política es que hay que recordar que se promulgó una ley el 2 diciembre de 2015 por el cual se creaba la Comisión Bicameral que investigaría las responsabilidades empresariales. Es una obligación que tiene el Congreso hace más de dos años. La conformación de las comisiones bicamerales están en cabeza del presidente del Senado, es decir, de Federico Pinedo. Pero hay una clara decisión política de que eso no funcione y en consecuencia el Gobierno Nacional incumple con una ley porque los intereses no son investigar a los responsables económicos y a quienes han hecho un aporte en la dictadura cívico-militar.

-Los dos imputados muertos, las víctimas que fallecieron en el camino y teniendo en cuenta las edades avanzadas de los dos imputados que están en el juicio. ¿La lentitud con que se vienen desarrollando las audiencias aportan a que el juicio corra el riesgo de la impunidad biológica?
-Es muy grave el caso de Ford porque es un juicio demorado desde el inicio. Tuvo una fecha de comienzo que fue suspendida y prorrogada. Una audiencia cada 15 días de cuatro horas como fue la de la semana pasada, más allá de que incumple con el principio de inmediación que requiere un juicio, cuando tenemos dos imputados de 86 y 92 años solamente implica que vamos a tener un debate de un año y pico cuando el proceso, con dos o tres audiencias semanales se puede hacer en tres meses, lo único que aseguramos es aumentar la probabilidad de que menos víctimas vean una condena y la mayor probabilidad de que los imputado no lleguen vivos a ese momento. Todo esto sumado a 42 años de espera. El acceso a la justicia es un derecho.