En la cuarta audiencia del juicio que investiga la complicidad de la automotriz con la dictadura, el Tribunal Oral Federal de San Martín escuchará los testimonios de los empleados secuestrados en la Planta de General Pacheco. Están acusados dos gerentes y un militar.
La de este martes será la cuarta audiencia de un juicio clave para desentrañar la complicidad empresaria con la dictadura. A partir de las 9.30 en el tribunal ubicado en Pueyrredón al 3700 de San Martín, los jueces Diego Barroetaveña, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta -además del cuarto juez, Eugenio Martínez Ferraro-, escucharán el relato de los dos trabajadores secuestrados en esa empresa. Entre los querellantes intervienen los fiscales Jorge Auat y María Ángeles Ramos, y los abogados querellantes Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta.
Propato y Troiani son dos de los 12 trabajadores detenidos en sus puestos de trabajo, pero el juicio investiga los delitos cometidos contra un total de 24 trabajadores que, luego del golpe de Estado, comenzaron a ser perseguidos y capturados por distintos grupos policía federal, miembros del Ejército y hasta de Prefectura Naval-, luego torturados y casi todos trasladados por las mismas sedes policiales y penitenciarias: la Comisaría 1º de Tigre, la Comisaria de Ingeniero Maschwitz, la unidad penal 2 de Villa Devoto, la unidad 9 de La Plata y la 2 de Sierra Chica.
Los dos querellantes que declaran este martes contarán un aspecto clave: ellos fueron secuestrados en sus puestos de trabajo y torturados en el quincho de la planta, ubicado dentro del predio de la empresa, que era el lugar de esparcimiento de los trabajadores.
El juicio comenzó en diciembre pasado, luego de más de dos años de postergaciones que derivaron en la muerte de un imputado -el ex gerente de Relaciones Institucionales de Ford, Guillermo Galarraga, fallecido en junio de 2016- y se trata de una causa emblemática sobre la participación empresaria en crímenes del terrorismo de Estado.
En el pedido de elevación a juicio, la fiscalía explicó que las víctimas fueron detenidas entre los meses de marzo y agosto de 1976 y la mitad de ellas desde la planta de Ford Motors Argentina S.A. ubicada en General Pacheco, quienes en su mayoría se desempeñaban como delegados y operarios de esa compañía.
De los elementos de prueba incorporados a la investigación surge que, en muchas ocasiones, las familias de los trabajadores recibían intimaciones de parte de la empresa para que se presenten a trabajar bajo la amenaza de ser despedidos, aun cuando las detenciones se habían producido dentro de las instalaciones de la firma y a la vista de gran cantidad de testigos.
A los dos miembros jerárquicos de la empresa imputados, Müller y Sibilla, se les endilga haber aportado los medios necesarios para la comisión de dichos crímenes.
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