El nuevo presidente que asume el próximo miércoles deberá afrontar una situación sanitaria al borde del desastre en medio de una gravísima recesión económica. Pero, además, su prioridad es apuntar a reformar la Constitución neoliberal de 1993. El rol que tendrá una oposición tradicionalmente golpista.
Sin perder más tiempo del que ya le robó la disputa política encabezada por Keiko Fujimori, la líder de derecha derrotada por escaso margen, el nuevo presidente trabajó contrarreloj estos últimos días en la conformación de su gabinete y en poner en marcha los primeros pasos de su gestión, conforme a la realidad del país y a su plataforma.
Por un lado, están las urgencias sanitarias y la recesión económica, y por otro, apuntar a reformar la Constitución neoliberal de 1993, sancionada tras el autogolpe de Alberto Fujimori, considerada un freno para cualquier política distributiva y a favor de las mayorías. Según revelaron algunos analistas y como pudo confirmar Tiempo, desde espacios políticos cercanos al maestro Pedro Castillo, ese será el primer gran desafío. El camino no será buscar la sanción directamente a través del Parlamento, sino con la convocatoria a un referéndum que podría salir por ley con la suma de los parlamentarios oficialistas y aliados, aun cuando los números que disponen son ciertamente muy ajustados, como se sabe desde antes de que fuera elegido presidente en el balotaje.
En caso de no prosperar esa opción, ya se evalúa una campaña para juntar firmas que lo habiliten. “Yo creo que es el camino que se va a tomar, porque, además, va a permitir movilizar a la gente, va a generar todo el proceso necesario de discusión”, confirmó a Tiempo Álvaro Campana, secretario General de Nuevo Perú, movimiento político aliado a Castillo. Para Campana, como para otros analistas, esta será también la causa más batallada por la derecha que buscará impedir el proceso. “Creo que las fuerzas van a terminar alineándose en torno a si se avanza o no. Creo que la derecha está buscando polarizar por ahí la discusión, entonces, a mí me parece que es la tarea más difícil. Hay una cruzada para resguardar y defender la Constitución de Fujimori”, señaló Campana.
Esa actitud se refleja en las columnas de los medios más conservadores y en entrevistas a los intelectuales de la oposición. Para citar un caso, el constitucionalista Lucas Ghersi decía hace unas horas, en Perú21, que la Asamblea Constituyente “es una amenaza porque tiene poder ilimitado. Podría eliminar o suprimir los derechos fundamentales como la libertad de prensa, podría socavar el derecho fundamental a la propiedad, podría eliminar los límites a una reelección presidencial”. Por su parte, la tapa de la última edición de Hildebrant en sus trece, una publicación más cercana al progresismo, advierte que lo de la constituyente será una “guerra avisada”.
Por otro lado, todo Perú está a la expectativa de la presentación del gabinete, que hasta las últimas horas sólo tenía nombres inciertos. A las demoras forzadas por los pedidos de nulidad de actas electorales por parte del fujimorismo, se sumaron ajustes de último momento que dejaron pendiente un anuncio prometido para la semana pasada. Posiblemente debido a las cuentas a repartir entre los tres pilares que conformarán este gobierno, considerado de coalición: el propio partido Perú Libre, los partidos de izquierda aliados, y los cuadros técnicos independientes que se sumaron a partir de la victoria en primera vuelta.
Sin duda, el congreso estatutario que transitaba Perú Libre este fin de semana constituye también una última instancia de ajuste de nombres y claves. De todas formas, ya hay algunos nombres confirmados, sobre todo porque fueron parte de los equipos de transición que trabajaron con el gobierno saliente de Francisco Sagasti. La sensible área de Salud la encabezaría Hernando Cevallos, un excongresista que fue parte del Frente Amplio. Para la Presidencia del Consejo de Ministros, una jefatura de gabinete acaso con un poco más de poder de acción, se menciona a Roger Nájar, un cuadro de Perú Libre muy del riñón de su presidente, Vladimir Cerrón. Su incorporación, como la de otros posibles dirigentes de PL, alimentó la crítica por derecha de que será Cerrón el “portero” (según El Comercio de hace unas horas) del gobierno, es decir, el monje negro que manejará a Castillo en las sombras. Cerrón enfrenta demandas por supuestos casos de corrupción de cuando fue gobernador de Junín, convenientemente reactivadas por la derecha durante la campaña electoral. Finalmente, para el trascendente cargo de economía, ya está prácticamente confirmado Pedro Francke, un técnico aportado por la coalición Juntos por el Perú, a la que pertenece Nuevo Perú, de la excandidata Verónika Mendoza. Según confirmaron de ese espacio político, a pesar de que se había especulado mucho con esa posibilidad, Mendoza no integrará el gabinete “por decisión personal”. Y por el momento las bancadas en el Parlamento mantendrán su identidad sin conformar un interbloque, aunque, en principio, actuarán como una fuerza conjunta.
Datos
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