Actualmente, la expectativa se concentra en la composición del nuevo Gabinete -hasta el momento no ha sido confirmado- y en la nueva Constitución. Ambos anuncios darán cuenta de los acuerdos que Castillo haya tejido en el último mes y medio, donde se ha reunido con líderes políticos de amplio espectro ideológico. El cómo se desarrollará la propuesta a una nueva Constitución será clave para determinar si: 1- se convocará vía referéndum a una Asamblea Constituyente o 2- se presentará en el Parlamento. En el primer caso es una apuesta a patear el tablero y dialogar directamente con la ciudadanía, una apuesta a todo o nada que lo catapultará a la popularidad pero será leída como una ofensiva al Congreso. Solo basta recordar que las 4 reformas constitucionales propuestas por Vizcarra desataron una guerra contra el Parlamento que defendió acérrimamente el principal baluarte del neoliberalismo peruano. El enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo culminó en un empate técnico: el Congreso fue cerrado, las reformas fueron desvirtuadas y Vizcarra, aunque no directamente por dicha causa, fue finalmente vacado.
Cabe destacar que la Constitución vigente fue diseñada a medida de los intereses fujimoristas, no solo en su capítulo económico sino en el diseño institucional que eliminó una de las dos Cámaras del Parlamento y consolidó uno de los sistemas de representación más deficitarios. Aún así, la defensa de la Constitución actual será fuente de fricciones y largos debates. Dos fenómenos heredados: la tendencia a la parlamentarización y la judicialización de la política serán decisivos y es esperable que el proyecto constituyente sea uno de los epicentros del conflicto. Este punto también tiene un trasfondo internacional, ya que el carácter “constitucional” -aún cuando dicha Constitución sea el corolario del golpe de Estado de 1992- es un indicador de los organismos internacionales para definir, al menos en sus aspectos formales, qué es y qué no es una democracia. La instalación de estos discursos opera condicionando a gobiernos que, como en el caso de Castillo, apelan a la integración regional latinoamericana en un país que históricamente había quedado al margen de la oleada de gobiernos progresistas y, por el contrario, se había situado en las antípodas desde Alianza Pacífico y el Grupo Lima.
La posibilidad de un golpe de Estado por parte de las fuerzas armadas no parece de momento viable, a pesar de los intentos de la extrema derecha por instalarlo. Sin embargo, es significativa la proliferación de discursos de odio que refuerzan prejuicios racistas y clasistas contra el nuevo gobierno, visibilizando las marcas coloniales preexistentes. Lamentablemente, la ciudadanía no siempre responde a sus intereses sino a sus aspiraciones de pertenencia, por lo que la derecha podría aglutinar sectores urbanos empobrecidos en torno de sí. Para evitarlo, la unidad que cree Castillo con los sectores populares más diversos será decisiva.
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