La tía del niño apuntó al exmarino y su pareja, exfuncionaria, quienes supuestamente lo atropellaron. Las dudas del relato, las fallas en la investigación y los antecedentes. Entre 2015 y 2020 se denunciaron 150 casos de chicos desaparecidos en la provincia. La postura del gobierno nacional y del gobernador Valdés.
Si bien la causa ahora la lleva la Justicia Federal, en las últimas horas su tía Laudelina (hermana del padre de Loan, Danilo, y pareja de Antonio Benítez, detenido bajo la carátula de “investigación de delito”) declaró ante la fiscalía provincial que “sintió” cómo el matrimonio del ex marino Carlos Pérez y la hasta hace días funcionaria municipal María Victoria Caillava (actualmente detenidos), embistieron al chico en aparente estado de ebriedad, aunque en el expediente dice que solo hubo una botella de vino en todo el asado.
Según su relato, todo arrancó cuando llevó a Loan al naranjal; al volver “sintió” el ruido del golpe, y que luego descartaron el cuerpo. Aunque no dio mayores precisiones respecto a lugar y momento exacto del supuesto siniestro ni más detalles de dónde estaría el cuerpo.
La declaración no fue realizada en el marco de una confesión, sino de una denuncia por supuestas amenazas recibidas por parte de Carlos Pérez. La mujer dijo tenerles temor. Y que si bien fue un choque, le habrían pedido que no hable. Le prometieron “resolverlo”.
Laudelina, que hoy está libre, apuntó al encubrimiento, lo que hasta podría ser excarcelable, dependiendo el caso. De acuerdo a lo trascendido, sostuvo que Caillava le dio una de las zapatillas de Loan para que ella se la alcance al comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, quien la plantó a 3 kilómetros, para desviar la atención. Maciel también está detenido, aunque siguió en funciones varios días más después de la desaparición.
Al cierre de la edición no se descartaba que más integrantes de las fuerzas, o incluso funcionarios, se encuentren también involucrados, teoría que la Justicia Federal tomó en cuenta al retirar de la investigación a la Policía de Corrientes.
Hay algo concreto: el cuerpo sigue sin aparecer. Y la pena de la condena por trata puede ser el doble que por homicidio culposo. Hace una semana, Agustín Portela (titular de Recursos Naturales de la provincia), señaló que por cómo estaba el terreno de la escena, no creía que pudiera haber ocurrido un accidente. En los vehículos de Pérez y Caillava, un Ford K rojo y una camioneta Ranger blanca, las pericias olfativas detectaron olor del menor en el interior.
Sin embargo, debido a denuncias realizadas por los abogados defensores, declaraciones contrapuestas de cuál fue realmente el vehículo presente el día del almuerzo, falta de mayores indicios y sospechas de que esas pruebas hayan sido “plantadas”, el Ministerio de Seguridad anunció que las pericias se repetirán. Tampoco en los peritajes se informaron abolladuras. Al margen, aún se aguardan los análisis de más de veinte celulares secuestrados en los últimos días.
Laudelina, que no está ni siquiera imputada, habló en calidad de testigo. Su marido (Antonio Benítez), en cambio, sí lo está. Ya arrastraba denuncias de abigeato, deudas y antiguos pasos por prisión. Fue el primer apuntado. Desde la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Nación confirmaron que no tienen más pruebas para la hipótesis del accidente que la declaración de Laudelina, la cual debe ser convalidada ahora ante la justicia federal.
Tanto Patricia Bullrich como el gobernador Gustavo Valdés salieron rápidamente el sábado a apoyar la declaración de la tía. «Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan», declaró el mandatario, con ansias de que el tema se resuelva rápidamente, y alejado de una cuestión de rapto o tráfico de personas, algo que sigue sin descartarse. Mientras, el cuerpo no aparece. Cuando se lo preguntaron a Laudelina, la mujer dijo que no se acuerda, que no sabe dónde lo atropellaron. Solo que lo “sintió”.
Valdés recién realizó su primera conferencia esta semana, y luego de que se difundiera un audio hecho con inteligencia artificial que simulaba su voz “amenazando” al ministro de Seguridad Buenaventura Duarte para que se solucionara rápidamente. En su exposición ante la prensa ligó el episodio a un caso de trata.
Hoy la causa la maneja el fuero Federal con la carátula de “investigación de delito”. Apartaron a la policía correntina de la investigación y hasta convocaron al Ministerio de Seguridad bonaerense para que aporte personal y recursos técnicos. El foco es una zona que todavía no fue rastrillada con drones, solo a pie.
Las pruebas trascendidas hasta el momento no presentan un sustento para acusar a alguno de los seis detenidos de formar parte de una red de explotación infantil. Incluso desde la Justicia Federal admiten que no tomaron el caso por la hipótesis principal de un delito de trata sino “debido a la urgencia y la posibilidad de que se trate de delitos federales e interjurisdiccionales”.
Entre los enojos sociales y las críticas de medios, organismos dedicados a la lucha contra la trata y de protección a las infancias, el accionar de los fiscales provinciales quedó en el ojo de la tormenta. Juan Carlos Castillo, fiscal que inició la investigación, sostuvo durante la primera semana que seguían como línea principal la de “desaparición” y el “abandono de persona”. Tras sumarse al equipo el fiscal Guillermo Barry, la causa cambió y se barajó la posibilidad de un “rapto”. Hoy analizan desde una imagen de Loan yendo al naranjal, hasta la presencia de Pérez y Caillava en Chaco horas después del hecho.
Frente a la trascendencia nacional, los fiscales afirmaron que “se siguieron todos los protocolos” y que el Alerta Sofía “fue emitida de inmediato”. Sin embargo se tomó conocimiento de ella recién el lunes siguiente al jueves de la desaparición. El viernes el único flyer que circulaba en medios locales era uno realizado por los propios familiares.
La falta de un cierre total del perímetro de la localidad, el no considerar a todos los participantes del famoso almuerzo como sospechosos desde el minuto uno, la Cámara Gesell a los otros menores que estaban junto a Loan realizada recién tras varios días sin novedades y un comisario que dejó que dos sospechosos salieran de la ciudad, fueron sólo algunas de las falencias admitidas por la propia ministra Patricia Bullrich, quien propuso examinar la panza de animales como pumas y yacarés con «equipos radiológicos».
El gobierno correntino, mientras tanto, evita ocupar la escena y desliga responsabilidades en la justicia. Pero omite que en el 2010 se sancionó la Ley Provincial 6020, la cual contempla que “toda dependencia policial o judicial que recibiere denuncia» de un chico desaparecido, deberá comunicarlo en menos de 12 horas, e insta a “coordinar acciones» con el resto de las fuerzas «a los fines de prevención y búsqueda de menores extraviados”. Poco se cumplió.
La concejal de Goya y ex subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Cecilia Gortari, expresó a El Litoral en referencia al caso Loan: «La policía debió dar aviso inmediato y aplicar un operativo cerrojo contundente en todas las rutas y caminos vecinales de la provincia (…). Hasta donde sabemos, no ocurrió eso en los límites de la provincia y los pasos fronterizos. A la policía del Chaco recién le llega el aviso 48 horas después de la desaparición del niño«.
Las frases “niño desaparecido” y “posible trata de personas con fines de explotación”, desvelaron aquello que sucede pero de lo que se habla poco. De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, durante este año recibieron 812 denuncias de las cuales 121 fueron por explotación laboral o sexual de niños, niñas o adolescentes.
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) en 2022 realizó 1935 búsquedas de menores; en 2023, 3115; y hasta marzo de 2024 contabilizaban 687 nuevas búsquedas. El mismo organismo indicó que sólo en el período 2015–2020 se registraron unos 150 casos de menores desaparecidos en Corrientes.
En junio del 2022 tomó estado público una denuncia por trata y explotación sexual en Paso de la Patria, a 210 km. de 9 de Julio y a media hora de Corrientes Capital: 16 mujeres fueron rescatadas de una red ilícita de prostitución. Se habló de un “paquete sexual” ofrecido a turistas bajo el nombre “Circuito del placer”. Si bien se daba por descontado que había más víctimas (incluso menores), transcurrido dos años no se volvió a hablar del tema.
En Monte Caseros, cuando finalizaba mayo, una menor de 14 años fue brutalmente violada, asesinada y su cuerpo arrojado a un arroyo. Se detuvieron a tres sujetos, uno menor de edad. Pasadas dos semanas, el caso dejó de acaparar la esfera mediática. No por surgir soluciones, sino por un doble femicidio en la zona rural de Parada Acuña: dos hermanas asesinadas, de 9 y 22 años.
Los efectivos de las fuerzas también están en la mira en los últimos años, por mal desempeño o complicidad. De hecho el comisario Walter Maciel (implicado en lo de Loan) había sido denunciado por la periodista Griselda Blanco, quien reclamaba que Maciel seguía en su cargo, pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Griselda fue asesinada en 2023 y el comisario no fue echado, sino trasladado de Monte Caseros a 9 de Julio. Hasta que en este pueblo de 2200 habitantes la calma se cortó por la desaparición de un chico y que, posiblemente, se vaya diluyendo en tanto los medios nacionales se inclinen por otras noticias, mientras todo pasa.
En una Corrientes donde la violencia escala (ya pocos hablan de que balearon a un diputado en pleno acto de cierre de campaña en 2021), los hechos se suceden década tras década.
Aún se recuerda en estas tierras el caso de 2009, en Santa Rosa, donde el adolescente Ramiro A fue encontrado muerto, tras 11 días de estar desaparecido: había sido asesinado por su amigo.
Carlitos González, nene de dos años desaparecido el 26 de diciembre de 1993 cuando fue a un cumpleaños familiar en Santa Lucía, aún es buscado por su padre, quien declaró: “Es increíble. A la familia de Loan le está pasando lo mismo que a mí. Estos casos van a seguir ocurriendo y la justicia no investiga. No están preparados para descubrir lo que sucede».
En 1994, Natalia Falcón desapareció mientras iba camino a la escuela. Su familia recibió reportes de avistamientos de la menor en Paraguay. Se presumió que podría ser víctima de una red de trata. Pero quedó en la nada.
En 1998, Miguel Ángel Bejarano de 9 años desapareció en Esquina sin dejar rastro un 25 de enero. Su familia se sumó a las marchas pidiendo justicia por Loan. Más acá en el tiempo, José Manuel Fernández fue desaparecido en 2018 mientras iba a un comercio en Corrientes Capital. Tenía 13 años.
Sofía Ramírez se extravió en 2019. La nena de 11 años fue vista por última vez jugando en un parque cerca de su casa en Goya. Lucas González desapareció en Ituzaingó mientras jugaba en las orillas del río Paraná. Se barajó la hipótesis de un ahogamiento, pero los rastrillajes no arrojaron datos positivos. Martina López tenía 7 años al momento de su desaparición en Curuzú Cuatiá. Salió de su casa para ir a la de un vecino y no la volvieron a ver. Pedro Álvarez de 9 años fue visto por última vez en la ciudad de Santo Tomé cuando salió a jugar al fútbol con amigos en un parque. Desde 2022 no se dio a conocer ninguna información nueva desde su desaparición.
Camila Fernández de 8 años desapareció en la ciudad de Mercedes mientras caminaba hacia la escuela. Hubo una excepción: Tomás Pérez, de 14 años. Desapareció en 2022 cuando se dirigía a la escuela en Goya. Gracias a la inmediata implementación de la Alerta Sofía y la difusión masiva de su foto en redes, fue encontrado en menos de 48 horas en una localidad cercana.
José Maria Serbin, referente de la Fundación Alameda de Corrientes, fue más determinante: “hay un Loan en cada pueblo”. El olvido persigue a cada caso. Y por estos lados se repite una frase: aquello de lo que no se habla, no existe.
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