Denuncian que en un barrio trasladarán a presos que cometieron crímenes sexuales a una zona donde hay 10 escuelas. Este jueves se movilizarán para repudiar la iniciativa de CABA.
Son tres conjuntos modulares que están siendo construidos en la Comisaría N° 12 de Saavedra, la N° 15 de Chacarita y la N° 4D, ubicada en Barracas. Son containers transformados en cárceles que contendrán a varias personas privadas de su libertad por diferentes crímenes. Varios de estos módulos estarán ubicados a dos cuadras de un establecimiento educativo en Saavedra y, en Barracas, a pocos metros de 10 establecimientos educativos. Según lo que pudieron confirmar los vecinos de ese barrio, el gobierno porteño trasladará a ese container a violadores y abusadores sexuales.
Este jueves 8 de agosto los barrios afectados realizarán en simultáneo una marcha de las luces para visibilizar esta situación que preocupa a miles de porteños.
“Cuando fuimos a una reunión a la Defensoría del Pueblo, nos enteramos qué perfil de delincuentes iban a poner en los containers. Nos informaron que iban a trasladar a mujeres a Chacarita y que lo más probable es que vinieran violadores a nuestro barrio”, contó a Tiempo Karina, una de las vecinas de Barracas que encabeza la lucha contra las cárceles containers.
“En qué cabeza cabe traer a violadores a una zona donde hay varias escuelas alrededor. Tenés el colegio Fraga y el instituto Zacarías, que son los más cercanos, pero a dos cuadras a la redonda de la cárcel tenés la Escuela N° 27 D.E. 5 – Manuel de Sarratea, también el Centro de Formación Nº 1 del lado de Iriarte, y muy cerca está también la Escuela de Comercio Nº 01 Joaquin V. González; la Escuela Técnica N° 14 D.E 5° «Libertad; y otros dos colegios como el Beltrán, el Normal 5”, agregó la vecina.
Quienes se oponen a esta iniciativa en Barracas, se movilizarán este jueves a las 19 hacia la intersección de Iriarte y Hornos. “La idea es poner luz sobre este tema por eso la llamamos ‘marcha de las luces’, llevaremos velas, linternas o acompañaremos la jornada con la luz de nuestros celulares”, completó.
Lo mismo ocurre en el barrio de Saavedra. La comunidad educativa está preocupada porque la cárcel container estará a menos de dos cuadras de una primaria, la Escuela Nº 13 DE 15 Dr. Ignacio Lucas Albarracín. “No queremos cárceles a metros de nuestro colegio”, había manifestado a Tiempo la semana pasada, Lorena, mamá de la comunidad educativa. En este barrio, el punto de encuentro es Av. Goyeneche y Ruiz Huidobro a las 19.
“Junto con el resto de los barrios generamos un espacio de trabajo en común, el 4 de junio hicimos una reunión aquí en Chacarita, en el local de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, donde participaron la multisectorial de Chacarita, el Frente Alto Menjunje, el Consejo Consultivo Comunal, varias agrupaciones y vecinos de Barracas y Chacarita”, detalló a este medio el Ing. Rubén López, vecino de Chacarita e integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 15.
La cárcel container de Chacarita se instalará en la Comisaría Comunal 15 ubicada en Guzmán 396, frente al Parque de los Andes. En ese barrio, los módulos se construyen pegado a un predio que está destinado hace 15 años a la construcción de un polideportivo. La movilización en este barrio será el próximo jueves 15 de agosto en Corrientes y Dorrego
“En el año 2010, enterados por el boletín oficial de que el GCBA estaba llamando para la construcción de la actual comisaría que finalmente se construyó, presentamos un recurso de amparo en la justicia y finalmente la sentencia de la justicia autorizó la construcción de esta comisaría y al mismo tiempo le ordenó al Gobierno la construcción de este deportivo que está adeudando hace 15 años su construcción”, sumó López y agregó: “La construcción de estos módulos no tiene estudio de impacto ambiental y por otra parte se está violando el código urbanístico. Por todas estas razones estamos solicitando que paren la obra”.
La diputada porteña de Unión por la Patria, Claudia Neira, advirtió que, con estas cárceles containers, el GCBA no soluciona el hacinamiento en las comisarías porteñas. “Lo único que hacen es diseminar el problema penitenciario por toda la Ciudad y afectar terriblemente a los vecinos. Una situación similar es la que ya están viviendo hoy los vecinos de Flores, que conviven junto a una alcaidía que todavía está en construcción, en Rivera Indarte y Recuero, pero donde ya hay alojados más de 50 detenidos”, detalló Neira.
Para la vicepresidenta del bloque de unión por la Patria en la Legislatura, son medidas improvisadas que se realizan sobre la marcha pero que ponen en riesgo aún más la seguridad de los barrios y además incumplen todas las normas.
“No solamente en materia penitenciaria, sino también en términos de cuál es su inserción urbana y ambiental. Un claro ejemplo es la modificación que propuso el Ejecutivo dentro de las reformas al Código Urbanístico para poder construir la Alcaidía Central de Soldati, en el Parque Olímpico, y que hoy claramente está fuera de norma. Por todo esto solicitamos una vez más al Ejecutivo porteño que convoque al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, que debe ser el encargado de abordar esta problemática pero que hace años no se constituye”, concluyó.
Este pedido se realizó con el acompañamiento de las diputadas Manuela Thourte (UCR-Evolución) y Graciela Ocaña (Confianza Pública) y tiene como objetivo realizar un seguimiento de los más de 2 mil presos que hoy están diseminados por toda la Ciudad en comisarías y alcaidías.
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