El Ministerio de Sandra Pettovello publicó una serie de placas, previo a la marcha, con todo tipo de falacias. Desde cuánto cobran los docentes y la presencia de estudiantes extranjeros o alumnos "inventados", hasta la supuesta ausencia de auditorías. Las respuestas con datos a cada punto.
«El compromiso del Gobierno nacional con la universidad pública se mantiene firme, priorizando la mejora del sistema educativo. Nuestro objetivo es lograr la claridad en el manejo de los recursos del Estado», postuló la cartera conducida por Sandra Pettovello, ministra que evitó participar de reuniones o encuentros con el sector. Y le sumó las placas.
La primera publicada por Capital Humano en sus redes sostiene que las universidades no aceptaron un aumento adicional de 6,8%: «$ 17 mil millones mensuales rechazados».
Sin embargo, las universidades no rechazaron ningún aumento. «La negociación es paritaria, y además lo q proponen esta por debajo de la inflación», indicaron a Tiempo desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Según los cálculos, la pérdida desde que asumió el nuevo gobierno supera el 50% del salario. En este contexto se enmarca la Ley de Financiamiento que la gestión de La Libertad Avanza planea vetar tras la marcha.
«La ley que defendemos establece la actualización por inflación de las partidas presupuestarias de las universidades para funcionamiento, investigación, extensión, becas con retroactividad a diciembre de 2023. Del mismo modo, contempla la actualización de salarios docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta diciembre de 2024 según el índice de precios oficial acumulado en el período. Las públicas amenazas de veto del presidente Milei y su funcionario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, pusieron en alerta a toda la comunidad universitaria. Para el sistema universitario asigna solamente 3,8 billones de pesos (casi la mitad de los 7,2 billones solicitados por el CIN para todo el 2025), condenando al congelamiento salarial de sus trabajadores y trabajadoras», declaró a Acción Coop Claudia Baigorria, secretaria de Formación de la Conadu Histórica.
Un informe realizado por investigadores de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín reveló que más del 85% cobran por debajo de la línea de pobreza. «No es fortuito que en el Presupuesto, las políticas públicas estén dirigidas a Seguridad, Defensa y Justicia y se deje para el mercado la educación y la salud. Este nuevo paradigma, que va a excluir a las mayorías, lo hace con una profundización del Estado represivo», acotó Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica (CTA Autónoma).
La administración de Javier Milei no convocó a ninguna paritaria, dejando los sueldos universitarios un 20% abajo en diciembre y un 21% abajo en el mes de enero. «A lo largo de todo el año hemos ido perdiendo respecto a la inflación (solamente en julio tuvimos un incremento un poco superior a la inflación del mes anterior), después todos los meses venimos perdiendo y entonces eso consolida una pérdida salarial del orden de más del 50%», acotaron.
La comunidad educativa remarca que la «asfixia presupuestaria» tiene el objetivo de «achicar la universidad y de reducirla a condiciones mínimas tanto para albergar estudiantes como para lograr propuestas de docencia, investigación y extensiones».
En su comunicado, el Gobierno afirmó también que los haberes de docentes con dedicación exclusiva rondan los $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad perciben alrededor de $1 millón. Sin embargo, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, enfatizó que estas cifras corresponden a una minoría dentro del universo de docentes y no docentes.
“Los docentes de dedicación simple, que imparten una clase a la semana, y muchos no docentes en posiciones iniciales se encuentran por debajo de la línea de pobreza”. Y subrayó que los ejemplos citados por el Gobierno no reflejan la situación general, sino que se basan en una minoría que cuenta con máxima antigüedad y dedicación exclusiva.
Como explica el investigador Rodrigo Quiroga, el 69% de los docentes universitarios tiene dedicación ‘simple’, con salarios de 145-200 mil pesos mensuales: «los docentes con dedicación ‘exclusiva’ o full-time, representan el 10% del total».
La segunda placa de Capital Humano en sus redes es aún más intendendible. Habla de «mala administración de fondos», y acotan: «se les ofreció más dinero, pero no saben cómo gestionarlo. Se les ofreció más dinero, pero lo gestionan mal». No vino acompañada de ninguna explicación de a qué dinero se refieren ni qué sería la mala administración, y tampoco existe denuncia judicial del Ministerio hacia ninguna universidad.
Tras la primera Marcha, el Gobierno aumentó partidas, pero solo para gastos de funcionamiento, que son menos del 10% del presupuesto de las universidades. La gran mayoría son salarios, justamente lo que no aumentó Nación. Y tampoco en estos meses mencionaron ningún caso de «mala administración» de alguno de esos fondos.
Luego vuelven sobre una critica clásica de la gestión: la «urgencia de auditorías». Sostienen que «la UBA no ha rendido el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022. Las universidades deben rendir cuentas».
Sin embargo, desde el CIN sostienen en cada momento que «hay auditorías, tanto internas como externas, que pueden decidir cuando quieran con la Auditoría General de la Nación». De hecho, la gran mayoría de las universidades, como la UBA o la del Sur (UNS) suben las auditorías a sus páginas web. Otro tema es la intención del gobierno de controlar y manejar fondos por decisión propia, violando la autonomía de las universidades decidida por ley hace décadas.
No podía faltar el ataque oficial a las universidades por la supuesta presencia masiva de personas de otros país. «El costo de financiar estudiantes extranjeros –sostiene placa publicada por Capital Humano en sus redes–. El 21,8% de los estudiantes de Medicina en universidades públicas son extranjeros. ¿Podemos sostener este modelo?«.
«La de los extranjeros (además de que no tiene nada de malo) tomaron solo medicina porque si tomás el total de todas las carreras no es representativo, es solo un 4%. Además son todos residentes, sino no podrían inscribirse», aclararon desde el sector universitario. Como ya ocurrió en Salud en estos meses, con provincias que arancelaron el servicio a extranjeros (por ejemplo Salta) el costo es ínfimo.
Luego Capital Humano apunta a que «solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son regulares. El 38,4% no tiene actividad clara» (sic). Como ya apuntó Tiempo esta semana, el financiamiento a universidades no depende de la matrícula total, sino que solo se tiene en cuenta a los «activos», entre otros puntos que se toman en consideración. Por lo cual si una universidad tuviese 98% de su matrícula «inventada», aún así no recibiría más fondos.
“La verdad es que hemos tenido un año donde no paramos de sorprendernos. El primer prejuicio fue que las universidades adoctrinaban. Después, que no queríamos ser auditadas. Ahora, que inventamos alumnos para recibir más presupuesto”, enumeró Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN.
Y agregó: “Si yo hoy tomara la decisión de inventar cinco mil alumnos, mañana no me vendría el dinero por esos estudiantes. Es un desconocimiento enorme decir que el presupuesto va en función de la cantidad de alumnos. No hay razón para inventar la cantidad de alumnos”.
“Que el funcionario de Educación crea que invento alumnos es inexplicable. Eso no es así en ninguna universidad del país. No por tener más alumnos te dan más dinero. Tenemos una actualización por inflación. Lo que asevera el secretario es falaz”, dijo Moriñico en diálogo con AM 750. Y acusó al Gobierno de “tirar titulares” sin contenido, como pasó por ejemplo en relación a los vouchers educativos.
Después Capital Humano menciona que «el 61,2% de los graduados de la UBA tienen padres con educación superior. Los sectores más pobres financian la educación de las clases más altas».
Esto también es refutado. Quiroga remarca que las universidades públicas permiten el acceso popular a la educación superior: «2 de cada 3 estudiantes de las universidades públicas pertenecen a los deciles 1-6. Mientras que 2 de cada 3 estudiantes de universidades privadas pertenecen a deciles 7-10″.
Meses atrás, durante una exposición en la Feria del Libro, el vicerrector de la Universidad de Hurlingham (una de las creadas en los últimos doce años), Walter Wallach subrayó la necesidad que había en la zona de una universidad, complementaria a otras como la universidad San Martín, Tres de Febrero, Moreno, José C. Paz y La Matanza, ubicadas en el oeste del conurbano: “de hecho, si uno traza un círculo de distancia con estas otras universidades, hay un millón de habitantes a quienes la Universidad Nacional de Hurlingham les resulta la oferta más cercana”.
Y resaltó el impacto de esta cercanía en la matrícula actual, que hoy supera los 30.000 estudiantes en poco menos de 10 años: «estos estudiantes no es que antes iban a la Universidad de San Martín o a la Universidad de La Matanza o la Universidad de Buenos Aires, sino que no estaba en la perspectiva, no estaba en el proyecto estudiar”.
A su vez, reveló datos significativos sobre el perfil estudiantil: “cerca del 90% de los estudiantes son primera generación en sus familias de acceder a la universidad. El 60% de los estudiantes son hijos de al menos un padre sin secundario completo y el 30% de los estudiantes [son] de familias donde ninguno terminó la secundaria”.
Quiroga también responde a otro cuestionamiento de Capital Humano, que es la supuesta baja tasa de egreso: «La tasa de egreso no permite medir calidad educativa. Si regalamos los títulos, nadie aprende nada, pero tendríamos 100% de tasa de egreso –grafica el investigador–. Si comparamos los egresos con los ingresos de 5 años antes, vemos que ambas aumentan».
Y concluye: «Claro que marchar para defender la universidad es ‘hacer política’. De la misma manera, la decisión de desfinanciarlas también es política. Porque hay crisis presupuestaria. El presupuesto 2024 es aproximadamente 30% menor al de 2023. Y el presupuesto 2025 es (por lo menos) 40% menor«.
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