CEPA presentó el informe sobre ejecución presupuestaria de la administración pública nacional en el primer trimestre de 2024. Se destacan una fuerte caída en casi todas las dependencias, incluyendo seguridad y agricultura. En Salud, Educación, Desarrollo Social y Ciencia la situación es dramática.
En las últimas horas el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó el informe «Ejecución presupuestaria de la administración pública nacional al 1° trimestre 2024», con cifras impactantes. La caída de ejecución real de toda la administración respecto al primer trimestre de 2023 fue del -32%, «lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración».
Hay un solo ítem que creció: el de los servicios de deuda pública. «Dicha función representó nada menos que el 18,5% del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que crece en términos reales respecto al mismo período de 2023», apuntan.
La epidemia de dengue expuso la inacción del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene al frente a Mario Russo. Sin embargo, no se restringe solo a ese tema. La ausencia de inversión es una constante en el gobierno, y tiene en la cartera sanitaria a una de sus mayores exponentes.
«Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud, ANMAT, hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Nacional de Discapacidad«, revela el informe de CEPA.
En el sector oncológico se exhibe la cara brutal y fatal del ajuste. Es un sector que no puede esperar. A mediados de marzo, un comunicado del Ministerio de Salud de la Nación afirmó que “esta administración nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”. “¿Es un chiste?”, se preguntó Débora Bosco, de Fundación Solidaridad Cáncer (Fusoca), que lleva años acompañando a pacientes y familias que se enfrentan a un cáncer, y en los últimos meses recibe cientos de pedidos desesperados por tratamientos interrumpidos y demoras en las entregas por parte del Estado. Pero la cartera que conduce Mario Russo dice que no es cierto.
Para tener una referencia, en 2023 la Dadse dispuso 22.500 entregas de medicamentos y 6.170 subsidios para insumos y remedios de alto costo, mientras por sus oficinas pasaron unas 200 personas por día para solicitar asistencia, de acuerdo a datos provistos por Ingrid Manfred, secretaria general del sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Desarrollo Social.
“Ante las reiteradas operaciones de prensa y con el objetivo de llevar tranquilidad a la población, el Ministerio de Salud destaca que la oficina de entrega de medicamentos oncológicos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) no cerró ni cerrará durante esta administración”, acotó la cartera, de donde enfatizaron que “en los últimos diez días solamente, desde el Ministerio de Salud se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como los más urgentes en base a criterios de auditoría médica”. Es decir, “se avanzó” en sólo doce casos por día, en un área donde llegan casos graves, con medicamentos costosos y difíciles, tras atravesar sin éxito instancias previas para conseguirlos.
Detrás del ajuste hay historias con nombre y apellido que dieron a conocer su diagnóstico, mostraron sus recetas médicas y los costos de la medicación que esperaban sin tiempo de más. Incluso se supo de dos muertes en esta espera sin soluciones: Aldo Javier Pinto tenía 45 años, era salteño y padecía cáncer. Murió esperando la medicación por parte de Nación. Camila Giménez tenía 25 años y era de Villa María, provincia de Córdoba. Su oncólogo le consiguió la medicación que el Estado nacional no le daba, pero murió.
A fines de enero, organizaciones como Fusoca y Cero Blastos ya advertían sobre la gravedad de la situación. El cierre temporario de la Dadse –que luego reabrió y fue traspasada de Capital Humano a Salud- incrementó las preocupaciones de quienes ya llevaban semanas reclamando. A mediados de febrero, el problema continuaba: “Los pacientes siguen reclamando porque no les están entregando el tratamiento. Estamos en comunicación todas las instituciones y seguimos con el mismo inconveniente”, decía por entonces Bosco a Tiempo.
María Celeste Quintana es una de las pacientes que lleva semanas visibilizando el reclamo de quienes aguardan medicación. Ella tiene linfoma de Hodgkin, una enfermedad crónica para la que necesita medicación de por vida. No la está recibiendo.
“¡Seguimos sin tener respuestas concretas a nuestros reclamos de medicación! Ya pasaron más de tres meses y la medicación no está o nos dicen que hay que esperar. Lo que no saben es que el cáncer no espera y esta situación no puede seguir así. ¿Qué más tenemos que hacer para que nos escuchen, para que respeten nuestro derecho a la salud?”, escribió semanas atrás en su cuenta de Instagram.
Horas después de la difusión del comunicado de Salud, volvió a escribir: “Desde que asumió el nuevo gobierno dejaron de entregar la medicación para pacientes que no cuentan con obra social o prepaga y que padecen cáncer y otras enfermedades. Es un acto criminal que se viene denunciando por varias vías y por el momento no hay ninguna respuesta por parte del Estado”. Muchos pacientes terminaron endeudándose: los costos de su medicación superan los 400 mil pesos.
En materia de salud existen otros programas críticos que están virtualmente paralizados por
falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología
Médica” (-61%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales, Tuberculosis y Lepra” (-79%), y “Prevención y Control de Enfermedades
Transmisibles e Inmunoprevenibles” (-51%).
«En materia científica la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la
CONAE, CONICET y CONEAU«, resalta CEPA.
Áreas espaciales y nucleares, donde la Argentina es vanguardia en la región, se frenaron. El mayor caso es el pequeño reactor CAREM. La construcción en Lima (partido de Zárate) del reactor nuclear CAREM 25, uno de los proyectos insignias de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y que colocaría a la Argentina en el mercado mundial de este tipo de tecnología, con gran potencial exportador, quedó paralizada hace un par de semanas tras la cesantía de 100 trabajadores que participaban de la obra, según confirmó el secretario General de UOCRA Seccional Zárate, Julio González.
Se trata del primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en nuestro país, ideal para abastecer zonas alejadas de centros urbanos o polos fabriles. En etapa avanzada de construcción en la localidad bonaerense de Lima, el CAREM-25 fue diseñado originalmente para generar una potencia de 25 megavatios eléctricos (de allí su nombre), pero a raíz de sucesivas mejoras en la ingeniería y por la tecnología que se aplicará en el turbogrupo, el prototipo será capaz de generar una potencia eléctrica superior a los 32 MWe (lo que permitiría abastecer, como ejemplo de equivalencia, a una población de unos 120 mil habitantes).
“Si Argentina logra desarrollarlo a tiempo –destacó el ex titular del Conicet y de Ciencia, Roberto Salvarezza– estaría liderando un mercado de pequeños reactores que promete ser muy estratégico a nivel mundial compitiendo con grandes actores como Estados Unidos, China y Rusia”.
A esto se suma el desfinanciamiento general de la ciencia, con epicentro en el Conicet, donde aguardan ser incorporados más de 600 investigadores e investigadoras que ya habían superado todas las etapas y concursos de promoción. En paralelo, el gobierno despidió a más de 200 trabajadores de la secretaría científica (incluyendo toda la planta de comunicación y divulgación). Y quienes ya están continúan sus labores con el mismo presupuesto de 2023.
Algo similar ocurre a nivel universitario, donde las perspectivas hablan de fondos que alcanzan apenas para junio. El segundo cuatrimestre es una incógnita. Este martes rectores de todo el país se reunieron en la Unsam y convocaron «a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario». Resaltaron: «Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria».
Docentes y no docentes pararán este miércoles y jueves, y todo el sector llamó a una gran marcha federal universitaria para el 25 de abril. “Luego de nuestros reclamos, el gobierno anunció que aumentaría un 70% la partida, pero esto es solo para gastos de funcionamiento, y resulta insuficiente, la inflación interanual en febrero fue del 300%. Con este ajuste no se puede sostener el funcionamiento de las universidades. En el caso de la UBA, las autoridades anunciaron que no podrán abrir el segundo cuatrimestre”, afirmó Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA).
Esta semana se desarrollan múltiples clases públicas, radios abiertas y cortes de calle en todas las facultades de la UBA como parte de las jornadas de visibilización en el marco del paro nacional de 48 horas. «Las declaraciones de Benegas Lynch contra la educación obligatoria o del vocero Manuel Adorni y del secretario de educación Carlos Torrendell sobre un supuesto adoctrinamiento en escuelas y facultades, son funcionales al ataque que sufre la educación pública, estatal, gratuita y laica. Son la contracara del ajuste salarial y presupuestario, y al mismo tiempo, es un intento de regimentación política contra aquellos que defendemos la universidad pública, la libertad de cátedra, los libres debates en las aulas”, añadió Celotto.
En materia educativa el informe de CEPA observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-99,99% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-83) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-99%).
Los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de
sus partidas presupuestarias. En el caso de la ANSES, organismo responsable de la
Seguridad Social, el recorte llega al -29% respecto al primer trimestre del año pasado. Allí también hubo centenares de despidos, que afectan al servicio diario.
Algo similar ocurre en trenes, donde los 150 despidos impactan en menores frecuencias lo que a su vez provoca reclamos de los usuarios, degradando la imagen del serviciopúblico. También se detectaron recortes del 72% en el INAES; y de 33% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Ni siquiera áreas «afines» al paradigma del gobierno, como es Agricultura y Seguridad, escapan al desmantelamiento. «En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 87%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 83%. Otros programas como SENASA, INTA e INTI también tiene caídas en su ejecución presupuestaria», resalta CEPA.
Y acotan: «Los casos de los organismos de seguridad también tienen marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (-27%), Gendarmería Nacional (-25%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-19%) y Prefectura Naval (-26%). La misma realidad se presenta para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-10%), la Armada (-15%), y la Fuerza Aérea (-9%)».
Al freno total de la obra pública (justificado en las últimas horas por Javier Milei diciendo que la gente puede construirse el puente que necesite, sin ayuda del Estado) se le agrega el panorama en sectores vulnerables: «Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días) con una caída del 48%. También se ajustan fuertemente la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con un ajuste del 56%«.
Por último, otras de las grandes afectadas por la subejecución y los recortes: las provincias. «En materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados –concluye el estudio–, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-97%)».
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