Canadá entrampada en la venta de armas a Arabia Saudita

El primer ministro canadiense se presenta como defensor de los derechos humanos y de los valores occidentales, en consonancia con las mejores tradiciones de ese país. Por eso anunció que estaba buscando los medios para anular un contrato para la venta de armas a Arabia Saudita alegando las atrocidades del régimen y sobre todo en razón de la responsabilidad del príncipe Mohamed bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado en Estambul. Pero la respuesta de la empresa fabricante, General Dynamics Land Systems Canada, le probó una vez más el oscuro trasfondo de las intrincadas relaciones que estableció la monarquía con los “países democráticos”.

Tras la confirmación de que Khashoggi había sido ahorcado en el edificio saudita y que su cuerpo fue diluido en una solución ácida, el presidente estadounidense, Donald Trump, había deslizado que romper con Riad habría de implicar la pérdida de 100 mil millones de dólares en contratos para armamentos fabricados en EEUU. Poco importaba que todas las evidencias tanto de los servicios turcos como de la CIA apuntaban a MbS, como se conoce al heredero de la corona saudita. “Puede haber sido él como puede no haber sido”, fue el insólito argumento de Trump.

Arabia Saudita está involucrada en la guerra civil de Yemen apoyando fuertemente al gobierno central, que enfrenta una rebelión que cuenta con apoyo iraní. Pero aún antes de esta contienda, ya Riad era un fuerte comprador de armas al punto de que ostenta el tercer presupuesto mundial en gasto militar y es el segundo mayor importador, según estudios de la ONG sueca SIPRI (siglas en inglés para Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), que se dedica a analizar las inversiones en artefactos militares de todo el mundo.

Los datos de la organización muestran que esa nación aumentó un 74% sus gastos militares entre 2008 y 2015, aunque debido a la baja en el precio del petróleo, en 2016 la cifra cayó considerablemente. El valor fluctúa con el precio del barril del crudo y en 2017 hubo compras en el exterior por 69,4 mil millones de dólares, un 10% del PBI. SIPRI (https://www.sipri.org), de todas maneras, destaca que esos números se basan en estimaciones, ya que los documentos públicos contienen información mínima de ese rubro y no hay un desglose de lo que utilizan las fuerzas paramilitares que dependen del Ministerio del Interior.

En el caso canadiense, se trata de contratos de 2015 para la venta de 928 vehículos de combate livianos Terradyne por un total de 15 mil millones de dólares. «El asesinato de un periodista es absolutamente inaceptable, y es por eso que Canadá desde el principio había estado demandando respuestas y soluciones- dijo Trudeau a la prensa-  heredamos un contrato firmado por (el ex premier) Stephen Harper para exportar blindados ligeros a Arabia Saudita, (pero) estamos comprometidos con los permisos de exportación para tratar de ver si hay manera de anular esa exportación”.

La firma fabricante, subsidiaria de American General Dynamics, dijo sin embargo que romper unilateralmente ese contrato implicaría multas por unos 750 millones de dólares. «La finalización del contrato tendría un impacto negativo significativo en nuestros empleados altamente calificados, nuestra cadena de suministro en todo Canadá y el sector de defensa canadiense en general», señaló la compañía a modo de amenaza al periódico Globe and Mail.

El contrato era secreto, pero comenzó a ser discutido públicamente por Trudeau ni bien llegó al gobierno, ya que circularon imágenes de que los carros habían sido utilizados para reprimir a manifestantes chiitas en la ciudad de Qatif y en la guerra de Yemen, donde los sauditas son acusados de cometer brutales violaciones a los derechos humanos contra población civil.

Pero el mensaje que sale de Otawa resulta contradictorio, considera la ONG Canadienses por Justicia y Paz en Medio Oriente (CJPME, por sus siglas en inglés), ya que mientras el gobierno se monta en lo políticamente correcto acerca de la venta al régimen saudita, por otro lado la semana pasada aprobó la ley C-47 “que en la práctica no cumple la letra y el espíritu del Tratado de Comercio de Armas”. El TCA busca establecer estándares internacionales para regular el comercio internacional de armas convencionales. El negocio de las armas es la cuarta industria más grande del planeta, detrás de las drogas, la prostitución y la banca.

La indignación contra el régimen saudita llevó a que la canciller alemana Angela Merkel anunciara en octubre que su país no permitiría la venta de armas a Riad. Sin embargo hace unos días el presidente de la ONG Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), Karl Jüsten, dijo que ese comercio proseguía desarrollándose normalmente.

La situación de los derechos humanos en Arabia Saudita es grave y en un informe del año pasado de Departamento de Estado se especificaban “asesinatos ilegales; tortura; arrestos y detenciones arbitrarias incluso de abogados, activistas de derechos humanos y opositores; prisioneros políticos; restricciones a la libertad de expresión, a las libertades de reunión pacífica, asociación, movimiento y religión; falta de elecciones libres y justas; trata de personas; violencia y discriminación oficial contra las mujeres; y criminalización de la actividad sexual entre personas del mismo sexo”.

En Yemen, mientras tanto, el panorama no es diferente, con el agregado de que como se trata de una guerra, hay menos prurito aún para profanar todo código de civilización. Allí MbS está embarcado en lo que parece un desafío particular para mostrarse como ejecutivo y ganar las internas dentro de la monarquía. Pero sus tropas están empantanadas en un conflicto entre el régimen sostenido por los sauditas y los rebeldes hutíes, que cuentan con apoyo de Irán.

Luego de los primeros escandalizados cuestionamientos,  cuando a principios de octubre se conoció el caso Khashoggi, ahora Riad recuperó iniciativa y como a su paso por Buenos Aires para el G-20 el príncipe vio que ninguno de los líderes mundiales sacó el caso a relucir, ahora se permitió criticar a los legisladores estadounidenses que resolvieron poner fin al apoyo de EEUU en Yemen.

El 13 de diciembre se firmó en Suecia un cese el fuego entre el régimen prosaudita y los hutíes. La tregua que entró en vigor este martes en Hodeida, el principal frente en la guerra. Pero Riad denunció que los rebeldes no respetan las condiciones del acuerdo. «Si la ONU continua demorándose y tarda a entrar en escena, perderán la oportunidad (…) y el acuerdo estará destinado al fracaso», amenaza.