Tal como anticipó Tiempo, la jueza Servini concedió en los últimos días la apelación a su decisión de rechazar la incorporación de querellantes. Se suman más pedidos para acceder al expediente y Arroyo Salgado entra en calor.
El sorteo realizado este lunes y publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) concluyó en que la Sala II será la encargada de intervenir en lo relacionado al expediente. La sala está integrada por los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun.
El primero de ellos asumió en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, en medio de críticas de la entonces oposición que apuntaban a su trayectoria como abogado y dejaban de lado las altas calificaciones que había obtenido en concursos a los que se presentó. Las críticas estaban orientadas principalmente a que supo ser abogado defensor de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán.
Irurzun, en tanto, es el juez que se hizo conocido durante el gobierno de Mauricio Macri por su accionar en causas en las que estaban involucrados exfuncionarios kirchneristas. Fue el impulsor de la llamada «doctrina Irurzun», un lineamiento por el cual se impusieron prisiones preventivas a exfuncionarios de esos gobiernos, bajo la supuesta existencia de un «poder residual» que les permitiría entorpecer las investigaciones en su contra.
Por lo pronto, Irurzun y Boico deberán intervenir en la apelación que los abogados del equipo del dirigente Juan Grabois presentaron tras la decisión de la jueza María Servini de rechazar que damnificados a los que representan sean querellantes.
La semana pasada, Servini rechazó a tres damnificados que compraron el token $LIBRA y presentaron recibo de su wallet como comprobante y pretenden ver el expediente e impulsar la investigación por medio de sus abogados.
En su argumentación, la jueza se preguntó si corresponde considerar un daño como tal al desplome del token promocionado por Milei o si forma parte de la probabilidad que cada inversor tiene de perder su inversión como consecuencia del riesgo de la actividad.
En ese marco, consideró que las presentaciones no lograron demostrar que los inversores que representan hayan sido ofendidos por el delito del objeto procesal que investiga la Fiscalía. A su vez, exigió la presentación de la información de trazabilidad de la maniobra para comprobar que existió la compra del activo digital.
Tras el rechazo, Tiempo dio a conocer que la jueza concedió la apelación a los pretensos querellantes y de ese modo quedó habilitada la intervención de la Cámara Federal, cuya sala fue sorteada este lunes.
De ese modo, Boico e Irurzun no solo intervendrán en la primera queja resumida antes, sino que lo harán en todo lo que se apele de ahora en más en la causa. Lo esperable es que próximamente la Cámara fije una audiencia para que los recurrentes expongan ante el Tribunal los argumentos de su postura -en este primer caso por qué creen que deben ser incorporados como querellantes-.
Por lo general, los camaristas tardan alrededor de una semana en resolver post audiencia, pero depende ello de la complejidad del caso, sostienen fuentes judiciales. Y el de $LIBRA es un caso complejo.
En simultáneo, otro inversor que compró el token promocionado por el presidente el viernes 14 de febrero vía X y que también perdió tras el desplome del valor de ese activo, pidió por medio de su abogado Nicolás Oszust convertirse en querellante. Servini lo rechazó y en las últimas horas el letrado pidió que se revoque la decisión y de manera subsidiaria, en caso de que no se haga lugar, se conceda la posibilidad de apelar en la Cámara.
El damnificado al que representa es Martín Romeo, que en los últimos días contó su caso públicamente y dijo que «decir casino es banalizar todo el laburo que hacemos los que estamos acá y me dolió muchísimo». Criticaba así una de las explicaciones que ensayó Milei en TV. «Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?», se había preguntado el mandatario en la entrevista que le dio a Jonatan Viale en TN.
Por otro lado, todo indica que está al caer una disputa por la competencia en el marco de la causa $LIBRA. Como ha pasado en otros casos de fuerte resonancia política como lo fue, por ejemplo, la investigación de la Cena de Olivos que involucró a Alberto Fernández, las circunstancias del caso plantean la posibilidad de que además de Comodoro Py entre en juego la Justicia Federal con asiento en San Isidro.
Es que en ese partido del conurbano bonaerense están los juzgados que tienen jurisdicción en torno a la Quinta Presidencial de Olivos. Cuando estalló el caso que involucra al presidente Javier Milei, la jueza Sandra Arroyo Salgado recibió en su juzgado una denuncia referida al episodio y se concentró en determinar si el tuit del presidente se había publicado desde la residencia presidencial. El dato sería utilizado como argumento suficiente para entender en la investigación y reclamarle la competencia a los tribunales de Retiro, algo que podría ocurrir.
En ese contexto, el abogado Oszust también redactó un escrito en representación de Romeo para que Arroyo Salgado los acepte como querellantes. Es por ello que la expectativa está puesta en la decisión que tome la magistrada, ya que podría implicar un paso clave en la eventual disputa por competencia con Comodoro Py.
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