«Cada vez que el Estado se propone regular, las empresas, en especial las de medios, hablan de tiranía»

Esta semana se concretan las elecciones para elegir al próximo decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Diego de Charras es el candidato a vicedecano de la lista que encabeza la trabajadora social Ana Arias. Es investigador en Derecho a la Información, fue director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y preside de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (RedCom). Tiene una larga trayectoria docente e integra la lista Sociales en Movimiento, en la que conviven sectores peronistas, independientes y de centroizquierda de esa unidad académica. La nómina competirá con el radicalismo universitario, que sostiene la lista Sociales en Común. Su aspirante al decanato es Ana Catalano, actual vicedecana de Carolina Mera, que no buscará un segundo mandato.

En diálogo con Tiempo, De Charras cuenta los ejes de su propuesta académica, pero también recuerda cuáles son los recaudos sanitarios para poder votar en pandemia. También aborda cuáles son los desafíos del Gobierno en materia comunicacional, analiza los nuevos formatos de las redes sociales en la campaña y explica los riesgos políticos de no declarar a internet como servicio público. El de esta semana será el segundo comicio que se realizará en la facultad, luego de las votaciones del claustro de profesores. Ahora se definirán las principales autoridades. Para el entrevistado el espacio que representa busca romper con la hegemonía del radicalismo en la UBA. «Luego de una fallida alianza en el último gobierno y una reforma del CBC que empoderó al radicalismo de Sociales, todos los sectores nacionales, populares, progresistas e incluso de izquierda, que rechazan el modelo de negocios que privilegia la Franja Morada, se unieron para resistir el embate del mal llamado «reformismo», explica a Tiempo.

– ¿Cuáles son los principales ejes de su candidatura a vicedecano?

– Los ejes de la propuesta de Sociales en Movimiento anidan alrededor de la rejerarquización del grado, fundamentalmente desde la recuperación del aspecto pedagógico, la creación de mecanismos de ingreso a la docencia, el impulso para la aprobación de nuevos planes de estudios y la transversalización de la perspectiva de género. Luego, ampliar la oferta de posgrado en todas sus instancias y profundizar las políticas de difusión de la investigación, fortalecer la relación con organizaciones sociales y sindicales e instituciones públicas desde un énfasis en lo territorial, entre muchas otras.

– ¿Desde su punto de vista, cuáles son los desafíos que tiene la facultad para los próximos años?

– En este momento, el principal desafío se sitúa en evaluar, consensuar e implementar el retorno a la presencialidad de modo gradual, sostenido y cuidado. Luego habrá que ver qué balance dejan estos años. Probablemente varias herramientas tecnológicas implementadas durante la pandemia no nos abandonen del todo. Seguramente deberemos encontrar nuevos y mejores modos de habitar las sedes. Tenemos una parte nueva del edificio por habilitar y otra parte por construir. Hay que recuperar esa tarea también.

-Serán elecciones en pandemia. ¿Cómo es el protocolo sanitario para votar?

– El Consejo Superior de la universidad dispuso una serie de reglas a aplicar a las cuales les sumamos mayores cuidados. Se controla la temperatura en el ingreso, se ordenan distancias, se respeta un único sentido de circulación, las mesas de votación están distanciadas, la fiscalización y circulación de gente es restringida. Hay personal de asistencia y sanitización, etcétera. Un esquema que funcionó muy bien en la elección de profesores y profesoras con la colaboración de todas las fuerzas políticas y confiamos que volverá a funcionar correctamente en base al cuidado colectivo.

– ¿Teme que el impacto de la pandemia disminuya la participación?

– Es un riesgo y una preocupación presente en este momento. De todos modos, la elección de graduados y graduadas involucra a personas de 25 años promedio en adelante que ya fue vacunada en al menos una dosis. En la elección de profesoras y profesores tuvimos una participación del 86%, que es muy cercana al 90% habitual. Esperamos una participación similar a la de años anteriores en el claustro de graduados y graduadas.

-Estos días lo tienen como protagonista de la elección en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde el clivaje parece ser el mismo que a nivel nacional: el radicalismo universitario vinculado a Juntos por el Cambio y expresado en diputados nacionales, como Emiliano Yacobitti, versus la lista que usted encabeza junto a la candidata a decana Ana Arias, identificada con las vertientes nacional populares y el peronismo. ¿Cómo se tramita esa confrontación al interior de la Facultad?

-Es claro para cualquiera que conozca el sistema político de la UBA que el radicalismo es la fuerza hegemónica desde la vuelta de la democracia. Ese poder estructural se ha manifestado de diferentes maneras y con distintos estilos en los distintos rectorados. No obstante, desde hace unos 20 años nuestra Facultad se pronunció siempre en defensa de la autonomía crítica frente al rectorado y las mayorías radicales. Hoy, luego de una fallida alianza en el último gobierno y una reforma del CBC, que empoderó al radicalismo de Sociales, todos los sectores nacionales, populares, progresistas e incluso de izquierda, que rechazan el modelo de negocios que privilegia la Franja Morada, se unieron para resistir el embate del mal llamado «reformismo».

-En plena campaña los especialistas debaten sobre la importancia de la comunicación política y se preguntan por los nuevos modos y soportes de la comunicación, como son Twitch o Tik tok, y antes fueron Twitter o WhatsApp. ¿Cuánto riesgo corren las fuerzas populares de reducir la política a la comunicación ante la fascinación por estos territorios en los que no siempre se manejan de la mejor manera?

-Considero que, ni en la sociedad ni en la universidad, se puede reducir la política a la comunicación mediatizada. Es un elemento importante pero que forma parte de una construcción política compleja donde se articula con el conjunto de acciones políticas e incluso con las relaciones académicas y personales. No puede descuidarse porque construye sentido, pero funciona correctamente vertebrada con otras prácticas de presencia e intervención en el espacio público. En nuestro caso conjugamos mucho uso de plataformas con el diálogo personalizado. Cuando fuimos al contacto, ya estaba anticipado por la plataforma, pero un dispositivo no funciona sin el otro.

– Sobre el tema de las telecomunicaciones e internet como servicio público, ¿cuánta fuerza social hay detrás del eje elaborado por el Frente de Todos, después de la derrota y los ataques a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

-Creo que más que fuerza social lo que hay es profusión de estándares internacionales refrendando la decisión y un proceso que más tarde o más temprano terminará imponiéndose por peso epocal. Creo que la pandemia puso de manifiesto que los estados nacionales no pueden desentenderse del derecho a la conectividad y eso puede tomar distintas formas. Considero que el gobierno argentino avanzó en un formato bastante coherente con la malherida legislación vigente. Durante los años en que estuvo al frente del gobierno nacional, el macrismo hizo flecos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), mientras las fuerzas sociales que la habían propulsado y defendido veían como sostener su emisora con 3000% de aumento de electricidad. Eso no implica que la ley haya estado mal o haya sido derrotada. Lo que hubo fue una derrota política más general y luego la decisión de priorizar otros temas en un país derruido tras cuatro años de neoliberalismo. 

– ¿Qué podría pasar si el Gobierno no logra su objetivo de declarar internet como servicio público?

-Seguiremos en un sistema de telecomunicaciones heredado del menemismo, donde las empresas aumentan las tarifas a su antojo, no rinden cuentas por la calidad del servicio y nadie se ocupa de los derechos de los usuarios y usuarias.

-En el mismo sentido, ¿cómo juega esa mirada sobre las telco en una estrategia de fortalecimiento democrático?

– El punto es que, cada vez que el Estado argentino se propone regular lo que fuere, las empresas (en particular las de medios) inician un escándalo simulando ser víctimas de las arbitrariedades propias de una tiranía. Y la regulación tiene más de un siglo de historia y lejos de destruir el capitalismo, permitió establecer ciertas reglas de juego. Si hay empresas radicadas en nuestro país que no pueden ser reguladas por el Estado mientras el resto de la ciudadanía vive en un entorno reglado estamos ante un problema de la democracia. Nadie dijo que el Estado asumiría la prestación de los servicios, ni que impediría la competencia, ni ninguna otra cosa. Es claro que las decisiones judiciales que hemos visto en este tiempo nos recuerdan la impugnación durante 4 años a la LSCA hasta que la Corte dictaminó su constitucionalidad. Así planteado, es un deja vú con un papel penoso del poder judicial.

-¿Cómo deberían ser las estrategias del gobierno para democratizar la comunicación?

– Creo que el mayor logro del proceso de debate de la LSCA fue que surgió de un modo ampliamente participativo. Se me ocurre que una estrategia apreciable sería volver a generar instancias de debate y participación de todos los actores sociales involucrados.

– En materia de comunicación, ¿qué logros destaca, qué autocríticas hace y qué desafíos quedan hasta 2023?

– Creo que más allá de los matices el DNU 690 fue un logro, la preocupación y el apoyo al desarrollo de redes de conectividad comunitaria también lo fue, aunque reconozco que no fue el ámbito de mayor intervención del gobierno aún. Queda mucho por delante. Hay propuestas en el parlamento, como la Iniciativa por el pluralismo, también se adeuda la regulación de la pauta oficial que demandan las emisoras comunitarias y, sobre todo, falta elaborar un diagnóstico participativo del estado de la legislación actual de la comunicación y pensar como volver a darle una direccionalidad democrática y no empresarial. 

– Siempre está el tema de la ética periodística y las operaciones, las fake news, como estrategia de campaña. En estos días, la vicepresidenta Cristina Fernández advirtió sobre el odio detrás de las propuestas de Juntos y llamó la atención sobre lo que cada fuerza representa. Sin embargo, el odio también gana elecciones, ¿cuál es su mirada?

-Considero que los discursos de odio deben ser tematizados y visibilizados socialmente, son sin duda un problema grave de la democracia. Y que debe ser abordado seriamente, en particular, por aquellos que tienen responsabilidades políticas o periodísticas. Sipreba acaba de presentar un Pacto Ético contra la Desinformación que muestra un camino interesante retomando una iniciativa exitosa en Uruguay. Creo que es por ahí, comprometiendo diferentes actores sociales con la cuestión.

– ¿Se pueden regular los discursos de odio?

-No creo en la regulación de contenidos editoriales del discurso social aun cuando se trata de discurso del odio. Es rechazado convencionalmente y muy desaconsejado. Sí existen las responsabilidades ulteriores en caso de incitación a la violencia, pero siempre es post facto y ya se pueden aplicar sin nuevas normas. Entiendo las limitaciones de la autoregulación, pero considero más riesgosa la regulación de las expresiones. Hoy la legislación vigente permitiría la defensa ante ese tipo de ataques. Luego hay que tematizar el rol de las plataformas en la viralización de esos mensajes, pero eso ya es un gran tema en debate internacional.