Brigada de San Justo: el terror del secuestro y la apropiación en el relato de dos hermanas

Cuando era una nena, a María Lavalle le daban miedos las gorras de la policía. Cuando veía una se abrazaba a la pierna de su abuela y gritaba: “la gorra, la gorra”. También le temía a las sirenas y tenía pesadillas que la despertaban con convulsiones. “Era mi manera de decir lo que nos había pasado”, reflexionó. María tiene 42 años, pero tenía 14 meses en 1977 cuando fue secuestrada con sus papás en José C. Paz: Gustavo Lavalle y Mónica Lemos, que estaba embarazada de ocho meses. La mujer narró las consecuencias del terrorismo de Estado en la primera audiencia testimonial del juicio por los crímenes cometidos en el Centro clandestino que en la dictadura cívico militar funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en La Matanza, que se realiza en La Plata.

El juicio comenzó luego de la feria en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata con una particularidad: los imputados no asisten a la audiencia y contemplan el debate por videoconferencia. La decisión de los jueces generó malestar en las querellas. Pero el enojo se incrementó: este miércoles los magistrados directamente permitieron que los represores no estén presentes en el debate, ni siquiera de forma virtual. Las querellas presentarán una queja.

María Lavalle declaró ante una sala de audiencias desbordante de público, que dejó libre las sillas de la primera fila para las imágenes de Chicha Mariani –la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo fallecida la semana anterior-, de las integrantes de Ex detenidos, Adriana Calvo y Nilda Eloy y el testigo desaparecido Jorge Julio López.

“Con mi hermana nos presentamos como querellantes en 2005 y llegamos hasta acá y se está investigando mi caso y no el de mi papá y mi mamá y eso para mi es otro daño. Se que tuvieron la oportunidad de resolverlo y no lo hicieron. Les pido que lo resuelvan”, dijo Lavalle al finalizar su declaración.

La mujer contó que fue secuestrada junto a sus padres y que fueron llevados a la Brigada de San Justo y que al cabo de una semana fue devuelta en la casa de unos vecinos de su abuela materna Haydee Vallino de Lemos, una de las fundadoras de Abuelas. “Mi estado era lamentable, estaba muy sucia, hambrienta”, recordó. El terror signó esos primeros años de su infancia, en los que tuvo que recibir asistencia.

Lavalle recordó ante los jueces Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazo que hasta sus 12 años buscó a su hermana María José, restituida en octubre de 1987.  Y también contó la desaparición de su tio materno, Mario Lemos, ocurrida en agosto de 1977 en el taller de cuero en el que trabajaba con su papá. “Cuando lo detuvieron había dos amigos que estaban con él y como dijeron que estaban comprando insumos, los liberaron. Ellos escucharon que los policías decían: ‘Ya terminamos con la banda de Fierrito’. Así le decían a mi papá. La banda era su cuñado”, contó.

María José Lavalla se sentó ante los jueces y reconstruyó su historia, su apropiación y el reencuentro con su familia. Recordó que su apropiadora, la policía Teresa González era violenta y agresiva, recordó que el acusado Jorge Héctor Vidal lo conocía como el médico familiar y repasó las visitas al lugar de trabajo de la apropiadora: la Brigada de San Justo. “Es muy duro pensar que yo iba ahí de chiquita y que era el lugar donde habían estado mis padres”.

Como ya había contado su hermana, la mujer recordó a Liliana Zambrano, una sobreviviente que compartió cautiverio con su padre en el Pozo de Banfield y que supo que ella había nacido. La ex detenida fue quien llevó la noticia a sus abuelos. También recordó que la apropiadora se jactaba de lo que había hecho y lo contaba. Eso generó que Abuelas recibiera permanentes testimonios que la señalaban como hija de desaparecidos.

“En los 80 Teresa dio una entrevista a la revista Life y, eso no salió en la nota, pero les contó que había estado en mi parto y que cuando nací ella me puso en su pecho para que sintiera su olor y no el de mi mamá”, contó.

Las hermanas reconstruyeron la historia de sus padres por los recuerdos de sus abuelos y de los vecinos. Supieron que Gustavo Lavalle se había interesado por lo social en los Boy Scouts, que luego comenzó a militar en una unidad básica y que finalmente se incorporó a Montoneros. Se enteraron que su mamá era geóloga que había militado en el centro de Estudiantes y en la misma organización que su papá, pero que ambos se habían desvinculado en 1975.

Contaron que ese año sus padres se casaron y se mudaron al barrio San Fernando, donde comenzaron a trabajar con los vecinos. Recordaron que su mamá rechazó un trabajo profesional en YPF para ser maestra en la escuela de barrio y contaron que los vecinos les pusieron el nombre de ellos a una calle.

María José terminó su testimonio pidiendo justicia, también por sus padres: por errores de la instrucción, solo el caso de María es caso en el debate. Cuando terminó de hablar, el público la abrazó con un aplauso interminable. Apoyada en el pliego de la puerta de vidrio biselado en la entrada a la sala María la observaba con ojos todavía vidriosos.  

Sin acusados presentes

El juicio por los crímenes cometidos contra 84 víctimas en la Brigada de San Justo comenzó con los imputados fuera de la Sala. En las dos primeras audiencias sólo concurrió el ex policía Leopoldo Luis Baume, con domiciliaria en La Plata. El resto siguió el debate por internet desde Comodoro Py, la Cámara Federal de Mar del Plata, Campo de Mayo y Ezeiza. El argumento del Tribunal era evitar las complicaciones de traslado que debe hacer el Servicio Penitenciario.

Pero en la audiencia de este miércoles, los 19 procesados -entre militares, policías bonaerenses y los civiles Jaime Smart y Juan María Torino- ni siquiera siguieron el juicio por videoconferencia. Con una resolución emitida la tarde anterior, los jueces autorizaron a los represores a no asistir a las videoconferencias. La resolución causó malestar entre las querellas que pedirán a los jueces que den marcha atrás.

Piden que vuelvan a la cárcel

La fiscalía federal pidió al Tribunal la revocatoria de las domiciliarias a los imputados Enrique Godoy, ex coronel del Ejército Rodolfo, y Alejandro Alberto Menichini, el ex policía bonaerense, quienes en la audiencia anterior utilizaron un cuarto intermedio para ir a tomar un café.

Godoy y Menichini están imputados con prisión preventiva que cumplen con domiciliaria en Mar del Plata, pero el miércoles 14 de agosto pasado, en una pausa del debate salieron de la Cámara Federal marplatense, desde donde asisten al debate por videoconferencia, para tomar un café en un reconocido local de esa ciudad.

El episodio fue denunciado en el debate por la abogada querellante por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la Unión por los DDHH, Guadalupe Godoy, que pidió al TOF 1 que oficie a la Cámara de Mar del Plata para que “informe quién autorizó la salida de los imputados”.

El funcionario judicial a cargo de la videoconferencia informó que su función era certificar que estuvieran presentes. Con esa información, los fiscales Hernán Schapiro y Alejandro Alajia, pidieron revocarles la domiciliaria.

Además de ellos y los abogados, en el juicio están imputados Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Balmaceda, Carlos María Romero Pavón, Miguel Osvaldo Etchecolatz (detenido en Ezeiza), Leopoldo Luis Baume, Juan Carlos Ojeda, Roberto Armando Félix, Rubén Alfredo Boan, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera y Ricardo Juan García. La mayoría están beneficiados con domiciliaria.