La corrupción y adulteración en 21 frigoríficos derribó en tres días a un nivel cerca de cero las exportaciones de carnes. El martes vendió 74.000 dólares, cuando el promedio diario es de 60 millones de dólares. El gigante BRF, dueño de Sadia y Perdigao, suspendió a 1.700 trabajadores.
Los datos fueron divulgados por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios y tiene que ver con la Operación Carne Débil de la Policía Federal, que informó que se desbarató una banda dedicada a sobornar funcionarios a cambio de reducción en la fiscalización de las carnes en 21 frigoríficos.
«Las señales de pérdida comienzan a aparecer», dijo el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, al ser consultado sobre la decisión del gigante BRF, dueña de las marcas Sadia y Perdigao, de suspender a 1.700 trabajadores de una de sus plantas del sur del país.
Varios países bloquearon las ventas brasileñas a raíz del escándalo y sobre todo los mayores compradores, como China, Hong Kong y Egipto, además de limitaciones hechas por Japón, Unión Europea, México, Jamaica, Trinidad y Tobago, Sudáfrica, Suiza y Chile.
La investigación apunta a determinar si hubo venta en el mercado interno o externo de carne vencida -adulterada por procesos químicos con la venia de fiscales corruptos del Ministerio de Agricultura-.
Además, se investigan la corrupción de los agentes del Ministerio de Agricultura acusados de recibir sobornos para liberar licencias de frigoríficos en los estados de Paraná y Goiás que eran destinados al Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del presidente Michel Temer, a un grupo con supuestos vínculos con el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, dirigente ruralista del sur del país.
Supermercados como Carrefour, Assaí, Extra y Pao de Açucar retiraron los productos de los frigoríficos sospechados.
Las investigaciones están centradas en 21 frigoríficos que perdieron su licencia para exportar, entre ellos los gigantes BRF, dueño de Sadía y Perdigao, y JBS, que posee las marcas Swift, Friboi y Seara.
El único caso donde se relató en el informe de la policía federal carnes podridas fue el frigorífico Peccin, ubicado en el estado de Paraná, supuestamente el más involucrado en irregularidades.
En el plano multilateral, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil pidió a 165 países en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra que no adopten «medidas arbitrarias» frente a las carnes que vayan «en la dirección contraria» a las prácticas y acuerdos de la entidad.
En tanto el juez federal Marcos Josegrei da Silva, de la ciudad de Curitiba, a cargo del caso, liberó este miércoles a ocho personas de las 35 que habían sido detenidas el viernes pasado en la operación Carne Débil. Los liberados son empleados públicos de las cadenas de control tanto a nivel federal como estatal.
Los jefes de las unidades de inspección del estado de Paraná del Ministerio de Agricultura, Antonio Garcez da Luz y Brandizio Darío Junior, más un considerado líder de la organización criminal continuaban detenidos, informó la prensa local.
Otras 25 personas permanecen detenidas mientras que un empresario de la carne, Nilson Alves, es considerado prófugo ya que vive en Italia.
La investigación ha shockeado a Brasil, principal exportador mundial de carnes bovina y de pollo y cuarto de carnes de cerdo que en los últimos 12 años ha visto a sus frigoríficos convertirse en multinacionales que dominan el 7% del comercio mundial del producto.
Un ejecutivo de la poderosa BRF está acusado de tener acceso al sistema informático del Ministerio de Agricultura para otorgar a la propia empresa autorizaciones y licencias a cambio de sobornos.
«Los fiscales pedían sobornos en dinero pero también recibían carne, comida para animales y pizzas como parte de las coimas. No es realismo mágico aunque lo parezca», dice el fallo del juez Josegrei, que decidió informar sobre el procedimiento el viernes pasado, al cumplirse 3 años de la Operación anticorrupción Lava Jato en Petrobras y en empresas de infraestraestructura.
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