Debían discutir un paquete de medidas, en medio de acusaciones de que en realidad buscan aprobar una autoamnistía que paralice las investigaciones del caso Petrobras.
«Para no votar en forma precipitada en contra o a favor, sin un análisis profundo, lo mejor es dejar esta votación para el próximo martes», afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien negó tajantemente cualquier intento de perdonar delitos de corrupción.
El paquete de medidas, que contó con el respaldo de dos millones de firmas, fue elaborado por los fiscales a cargo de la monumental investigación Lava Jato («lavadero de autos») sobre la confabulación entre empresarios y políticos que desvió más de 2.000 millones de dólares de los cofres de la petrolera estatal.
Sin embargo, los propios fiscales, jueces y algunos diputados denuncian que existe la intención de incluir en el texto modificaciones que permitan una amnistía de delitos ligados a la «Caja 2» como se llama a las donaciones no declaradas ante la justicia electoral, que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción.
La norma bajo estudio -que será discutida y votada la próxima semana- tipifica y endurece las penas de la «Caja 2», lo que, según una lectura que gana fuerza en el Congreso, podría abrir la puerta a una amnistía de los casos investigados hasta ahora, ya que ninguna ley se aplica retroactivamente.
«Amnistiar conductas de corrupción y lavado de dinero impactaría no solo las investigaciones y los procesos ya juzgados en el ámbito de la Operación Lava Jato, sino también la integridad y la credibilidad, interna y externa, del Estado de Derecho y de la democracia brasileña», advirtió en un atípico comunicado el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo de la causa Petrobras en primera instancia.
«Según el texto que se apruebe, esa ley podría simplemente sacar de la cárcel a todos los que están presos y acabar con todo lo realizado hasta ahora en la Lava Jato», opinó por su parte el fiscal del caso Petrobras, Deltan Dallagnol, quien la pasada semana recorrió incansablemente los corredores del Congreso para convencer a los legisladores de no facilitar ningún tipo de amnistía.
Con decenas de legisladores investigados por los desvíos en la petrolera y una confesión masiva de ejecutivos del grupo brasileño Odebrecht a punto de firmarse con la justicia, el clima en el Congreso es de alta tensión.
La esperada confesión de más de 70 funcionarios del grupo de ingeniería, a cambio de una reducción de sus condenas, regará acusaciones sobre unas 200 personas, incluyendo políticos de casi todo el arco parlamentario, gobernadores y funcionarios de Estado, según indican medios locales.
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