Bossio y Cambiemos buscan desregular la venta de papel para beneficiar a Clarín y La Nación

A 40 años de la apropiación de Papel Prensa, el pedido de justicia sigue intacto. En menos de dos horas, sin invitados ni expositores, el oficialismo impuso su número en la comisión de Comercio y dictaminó favorablemente el proyecto presentado por el diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio que desregula la producción y venta del papel para diarios en beneficio Papel Prensa, la empresa que comparten el Grupo Clarín y el diario La Nación con el Estado nacional.

El argumento expuesto por los diputados oficialista es la necesidad expresada por la empresa de reconvertirse ya que tiene un alto porcentaje de capacidad ociosa y, al mismo, tiempo tratar de “salvar” 375 puestos de trabajo que estarían en riesgo.

En ese contexto, de defensa de la norma, el diputado macrista Luciano Laspina, dio una primicia: “Papel Prensa va rumbo a la quiebra por una mala norma que es la que estamos tratando de modificar”.  El santafesino no había terminado de decir la frase cuando desde enfrente el diputado cordobés del Frente para la Victoria Pablo Carró manifestó que en “caso de ser cierto era raro no haberlo leído en los diarios”. El ex ministro de Economía Axel Kicillof fue un poco más allá con la chicana y gritó: “También se está fundiendo Arcor. Lo que tienen que cambiar no es la ley sino el modelo económico”.

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Pese a los reiterados pedidos de los diputados del Frente para la Victoria, el titular de la Comisión de Comercio y diputado del Bloque Justicialista, Pedro Miranda decidió no enviar invitaciones a medios gráficos, sindicatos ni cámaras del sector. De esta manera respaldó la posición oficialista de avanzar con el dictamen en tiempo record.

En ese marco, de imprimirle velocidad al debate, Miranda protagonizó un duro cruce con Kicillof que entre gritos llegó a levantarse de la silla. La situación no pasó a mayores, entre otras cosas, porque el exministro fue contenido por una de sus asesoras. Los cruces, a esa altura, iban más allá de la norma en sí y las facturas pasaban por la campaña electoral del 2015 y la supuesta falta de compromiso del kirchnerismo con la candidatura de Daniel Scioli.

El proyecto de Diego Bossio, que cuenta con el acompañamiento de los oficialistas y de sus aliados -tanto eventuales como habituales- tiene sólo dos artículos. El primero en el que se plantea la derogación, dentro de la norma vigente, de todos aquellos artículos que tengan que ver con la regulación de precio, stock, obligación del abastecimiento y la publicación periódica de la actividad de la empresa. El segundo es sólo de forma.

Respecto a la derogación de artículos que plantea la norma, el diputado Mario Grana sentenció que “lo que se deroga, en realidad, es la regulación del monopolio». Y agregó: “Le están pagando a Clarín y La Nación la cobertura de los daños de este plan económico nefasto”.

A su turno Kicillof calificó el proyecto como “vergonzoso, escandaloso y obsceno” y señaló: “Los argumentos que utilizan para defenderlo son falsos y mentirosos”. En ese marco el diputado del FpV profundizó y dijo: “Retirar al Estado es ridículo y más ridículo es que dejen el artículo 1 que declara de interés público la producción del papel para diarios.  Es una ridiculez, también, que se le permita fijar el precio a un monopolio porque es obvio que va a terminar fundiendo a los otros diarios”.

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Kicillof también advirtió que la modificación de la norma afectará la libertad de expresión y señaló que lo que se puso en debate es “una ley de lobby”.

Laspina, único de los diputados oficialistas que puso la cara por el proyecto, le contestó al exministro de Economía y argumentó, con la profundidad que lo caracteriza, “que la libertad de expresión no está en juego porque hoy la gente puede leer el diario en su celular”.

Pese a las reiteradas preguntas por parte de la bancada del Frente para la Victoria, ninguno de los legisladores que acompañó con su firma el proyecto pudo contestar sobre la velocidad que se le decidió imprimir al trámite ni puedo argumentar sobre la negativa a que los distintos actores del sector concurrieran a exponer ante la comisión.

La intención del oficialismo y del Bloque Justicialista es llevar al recinto el proyecto el próximo 21 de noviembre para que sea tratado en la última sesión del año.

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