Así lo informó la defensa de la expresidenta a la Cámara Federal porteña. Los abogados se reservan el derecho de “dar inicio a las acciones administrativas y penales correspondientes”.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy dejaron constancia de la negativa del magistrado en un escrito de dos páginas al que tuvo acceso Tiempo, en el que señalaron que se reservan el derecho de “dar inicio a las acciones administrativas y penales correspondientes”.
“Luego de permanecer durante un largo espacio de tiempo esperando una respuesta, se nos indicó que el juez no autorizaba la extracción de fotocopias de tales legajos. De ello se dejó debida constancia a través de un escrito que, de puño y letra, fue completado y presentado en la Secretaría del Juzgado”, sostuvieron los abogados de la ex mandataria en su escrito.
“Frente al claro alzamiento del juez Bonadío respecto de lo ordenado por este Tribunal, una vez más requerimos que se le ordene a dicho magistrado la inmediata remisión a esta Alzada de tales legajos”, remarcaron los abogados.
“Dado que ésta es la tercera vez que nuestra parte efectúa este reclamo, en caso de que subsista la indebida restricción al derecho de defensa en juicio, en cumplimiento de los deberes que nos fueron confiados tendremos que dar inicio a las acciones administrativas y penales correspondientes”, concluyeron.
Fuentes judiciales recordaron que el juez Bonadio ya le había restringido a Beraldi el acceso a otros expedientes, como ocurrió en el marco de la causa Hotesur, lo que le valió al magistrado un reto del tribunal superior.
En la causa de los cuadernos cuya autoría se atribuyó el arrepentido ex chofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, la Cámara Federal continuará esta semana con las audiencias por las apelaciones contra los procesamientos y las prisiones preventivas dispuestas por Bonadio.
La ex presidenta es la principal acusada en el expediente que investiga una supuesta asociación ilícita entre ex funcionarios y empresarios para extraer dinero de las arcas públicas y destinarlo al financiamiento de la política y al enriquecimiento personal de quienes administraron el Estado.
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