Boluarte declaró ante la Fiscalía por las muertes registradas durante las protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes durante tres horas en la Fiscalía en Lima por las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales desatadas entre diciembre de 2022 y marzo de este año, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

«Presidenta Dina Boluarte culminó diligencia en la Fiscalia de Perú tras brindar declaraciones respecto a las investigaciones del Ministerio Público», tuiteó la Presidencia peruana.

La comparecencia fue dirigida por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, quien fue acompañada por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, su mano derecha en pesquisas preliminares que involucran a altos funcionarios.

De acuerdo con el medio local El Comercio, Boluarte respondió preguntas ligadas a la investigación, a diferencia de la diligencia anterior, que se suspendió antes de que pudiera contestar.

Sin embargo, el abogado Carlos Rivera Paz, representante de los deudos, afirmó en Twitter que la jefa del Estado respondió «muy pocas preguntas y todas absolutamente generales, fáciles de responder».

Rivera aseguró que Boluarte «no aceptó preguntas de agraviados» ni admitió «ninguna repregunta de la fiscalía».

El abogado, que pertenece a la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), remarcó que la mandataria «no reconoce ninguna responsabilidad y tampoco haber dado disposiciones a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú».

La mandataria se retiró de la sede fiscal antes del mediodía en su vehículo oficial y sin tener contacto con la prensa.

Allí había llegado poco antes de las 9 de la mañana (11 de Argentina) en medio de un amplio despliegue de seguridad y había ingresado por la puerta posterior del Ministerio Público.

Durante esas horas, un reducido grupo de ciudadanos se congregó frente a la sede de la Fiscalía con pancartas en las que se leía «Dina, asesina vende patrias», de acuerdo con la agencia de noticias Europa Press.

La investigación preliminar abierta en su contra es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Su abogado, Joseph Campos, que había ingresado por la entrada principal de la Fiscalía antes que Boluarte, expresó que la mandataria «no va a usar el silencio como un medio de defensa», sino que va «a responder todas las preguntas a la Fiscalía».

“Si hay una pregunta que no tiene que ver con los hechos, no se respondería”, añadió al medio local RPP.

La investigación preliminar contra la mandataria, iniciada el pasado 11 de enero por la Fiscalía, también involucra al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los ex titulares del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes.

Este martes, Otárola reiteró que Boluarte «no va a guardar silencio» en el interrogatorio con la fiscal de la Nación porque «su interés es que las cosas se esclarezcan».

Las protestas estallaron en Perú el 7 de diciembre pasado y se extendieron hasta marzo con movilizaciones en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Las manifestaciones dejaron 49 muertos en enfrentamientos directos o 66 si se suman los hechos colaterales.

Cuando se conoció la citación a la Fiscalía, Boluarte aseguró su participación.

“Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera. No voy a acogerme a ese derecho de quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas marchas de protestas violentas es Dina Boluarte”, respondió.

Inicialmente había sido citada para el 31 de mayo, pero pidió una reprogramación. Por ello, el fiscal adjunto Huamán dispuso cambiar la fecha para este martes.

El gobierno de Boluarte, que cumple seis meses este miércoles, fue señalado como responsable de abusos durante la represión de las protestas por distintas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).