El ministro de Gobierno de Evo Morales rechazó la acusación de la ministra de Seguridad atribuyendo la comisión de delitos a ciudadanos latinoamericanos.
«La cancillería va a convocar a la representación diplomática, al embajador argentino acreditado en Bolivia (Normando Álvarez), a objeto de pedirle una explicación (…) por estas declaraciones desafortunadas» dijo el titular de la cartera de Gobierno boliviano, Carlos Romero.
Según Bullrich, es necesario «ordenar nuestras relaciones con Paraguay, con Bolivia y con Perú», en medio de un debate sobre un proyecto que busca endurecer la política migratoria argentina.
La ministra especificó que «acá (Argentina) vienen ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga» y que un 33% de los presos por delitos federales provienen de esos países.
El cónsul boliviano en Argentina, Ramiro Tapia, fue el primero en manifestar el rechazo del gobierno de Evo Morales a las afirmaciones de Bullrich.
El ministro boliviano señaló posteriormente: «Debemos rechazar esta suerte de estigmatización contra nuestros compatriotas que coincide con el discurso (Donald) Trump, xenófobo, en apariencia conservador de los sentimientos patrioteros», expresó Romero.
Romero dijo luego que la Cancillería boliviana va a convocar al embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, para «pedirle una explicación».
«Cuando se hace una afirmación -y mucho más cuando puede afectar al sentimiento de ciudadanos extranjeros- lo importante sería respaldarlo con datos oficiales, estadísticas, casos, referencias que pudieran objetivar estas afirmaciones que las consideramos graves», afirmó el ministro boliviano.
De todas maneras, reafirmó la «voluntad de trabajo conjunto», entre los gobiernos de Bolivia y Argentina. «Podemos tener diferencias políticas e ideológicas, pero en materia de lucha contra la criminalidad no hay diferencia que valga», finalizó.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a su turno, cuestionó cifras divulgadas por Bullrich sobre extranjeros detenido, quien dijo que alcanzan el 6% de la población carcelaria, pero en lo que hace a los delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 33%.
El CELS advirtió en cambio que según los propios datos del ministerio de Seguridad, de toda la población carcelaria solo el 10% responde a delitos relacionados con el narcotráfico, y de esa cifra 83% son argentinos y 17% extranjeros.
«¿De cuántos extranjeros hablamos? Se trata de 1.426 personas, lo que representa el 0,06% del total de extranjeros del país», dijo el CELS en un comunicado.
El se cretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, salió en defensa de las nuevas medidas de control migratorio del gobierno de Mauricio Macri y negó que incurran en discriminación y xenofobia, ante las críticas de organizaciones humanitarias.
«Trabajar más en los controles no implica xenofobia, ni discriminación», dijo Avruj en declaraciones a radio El Mundo.
En medio de la polémica, Argentina suscribió el miércoles la declaración de la V Cumbre de la CELAC (33 países de América Latina y el Caribe) que «rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes».
En su artículo 48, la declaración firmada por la canciller Susana Malcorra, en representación de Macri, ratifica «el compromiso para promover una migración ordenada, regular y segura».
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