El 8 de julio de 2008, el Máximo Tribunal demandó a los Estados nacionales, provincial y porteño que revirtieran la grave situación socio-ambiental de la principal cuenca del AMBA. Beatriz Mendoza le dio nombre a la causa. Fue una de las 16 demandantes de Villa Inflamable, donde se originó el reclamo. Hoy lamenta que la contaminación industrial y las enfermedades aún persisten. La palabra de ACUMAR.
“Todos hablan del ‘Fallo Mendoza’ o ‘Causa Mendoza‘ y la verdad es que yo siempre cuento lo mismo. Fue una casualidad que justo el expediente con mis datos hubiera quedado arriba de la pila”, reconoce.
–Más allá de la anécdota, ¿te genera algo haber quedado asociada a un hito en materia ambiental?
–No me molesta que el fallo lleve mi nombre. Incluso es algo que me gané. Fueron muchos años de pisar el barro, de hacerme cargo, y siempre sola. Al mismo tiempo me genera, por un lado responsabilidad; y por otro, vergüenza. En su momento tuvo un impulso muy grande, pero ahora es distinto. La misma Corte no se hace cargo de que se cumpla la sentencia.
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Era el invierno del 2004 cuando Beatriz junto a otros 16 vecinos, la mayoría de Villa Inflamable en el partido de Avellaneda, presentaron una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas (más tarde la acción judicial se ampliaría contra el CEAMSE y 14 municipios) por los daños derivados de la contaminación del Riachuelo.
En 2006, la Corte se declaró competente respecto a la prevención, recomposición y resarcimiento del daño ambiental colectivo, pero rechazó su intervención para “los reclamos resarcitorios por lesiones a bienes individuales de las personas afectadas”.
Luego de dos años de audiencias públicas, el 8 de julio de 2008 el máximo tribunal de justicia del país sentenció que “el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y CABA eran responsables en la prevención y recomposición del daño ambiental de la Cuenca” y los instó a tomar “decisiones urgentes, definitivas y eficaces”.
Además, obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) -creada por Ley 26.168 en 2006- a realizar un programa que contuviera los objetivos de la mejora de la calidad de vida de los 4,5 millones de habitantes de la Cuenca; la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción (ver recuadro).
“La demanda que presentamos –reflexiona ahora Beatriz– visibilizó una problemática ambiental muy importante y sirvió para que los vecinos se dieran cuenta de que pueden reclamar. Que si se juntan hacen valer más sus derechos. Pero al mismo tiempo estamos en una situación semejante al punto de partida porque no se logró llevar a fondo el proceso por el cual la causa se inició que es la salud de las personas. En ese punto no hay mucha diferencia a lo que pasaba en 2008, lo que generó que la gente se enfermara sigue vigente, sobre todo la contaminación industrial”.
Psicóloga social y ex funcionaria de la Secretaría de Salud del Municipio de Avellaneda, Beatriz por estos días está ocupada con los trámites de la jubilación. Su trabajo en la unidad sanitaria de Villa Inflamable dejó secuelas. Enumera problemas de columna, disminución auditiva y otras enfermedades derivadas de la intoxicación por hidrocarburos.
“Sigo vinculada a las actividades de la Cuenca, aunque ya no recorro la zona –relata–. Me dediqué a colaborar con las tesis de los estudiantes porque son otros los que van tomando la posta desde el periodismo, el Derecho. De todas formas, pienso que no es un momento histórico donde vayamos a lograr muchas cosas. El deterioro del país es cada vez más grave, basta ver lo que pasa en Jujuy con el litio. Por mucho que se presione, la suerte está echada”.
–¿Estás resignada?
–No me resigné. Participo de muchos grupos que tienen que ver con el ambiente, aunque las condiciones concretas de existencia de la gente no cambian. Sabemos que no van a cambiar solo con el agua del Riachuelo, hay muchas otras problemáticas, pero la que dio inicio a esta conversación no se resolvió. «
En 2006, la Corte aceptó sumar al Defensor del Pueblo de la Nación y a organizaciones no gubernamentales como terceros en el proceso. Entre ellas, FARN, de donde señalan acciones pendientes como “establecer un régimen de control y monitoreo más riguroso de los vertidos industriales, así como sancionar a las empresas que no cumplen con la normativa”. Destacan la necesidad de “acelerar la ejecución de las obras cloacales y de saneamiento de aguas, perseguir la presentación, ejecución y finalización de los planes de reconversión industrial por parte de los establecimientos declarados como agentes contaminantes en el ámbito de la cuenca y relocalizar a la totalidad de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y riesgo sanitario y ambiental”.
Para Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, “cuando la autoridad ambiental no controla eficazmente actividades riesgosas para la salud ni adopta medidas rápidas tendientes a remediar lesiones a derechos de incidencia colectiva, es crucial una cuota de activismo judicial”.
Entre las consecuencias del Fallo Mendoza se destaca la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un organismo interjurisdiccional con facultades legales e institucionales suficientes para impulsar el plan de saneamiento y cumplimiento de las demandas impuestas en el veredicto. En una primera etapa la tarea fue identificar cuáles eran las causas y los problemas de la contaminación del río. Así pudieron determinar que el 70% tiene que ver con efluentes cloacales mientras que el 30% restante se forma con los efluentes de distintas actividades industriales productivas y los residuos sólidos urbanos.
«Estos 15 años fueron de grandes avances en la Cuenca Matanza Riachuelo, que ingresa en una nueva etapa en el proceso de saneamiento y recuperación. Hubo en estos años de gestión cambios tangibles, como la mudanza del Mercado de Hacienda, el avance de la mega obra Sistema Riachuelo o la entrega de nuevas soluciones habitacionales a familias que vivían en riesgo ambiental al lado del río, que fueron acompañados también por transformaciones sobre lo que nos permitimos pensar colectivamente qué es o qué puede ser el Riachuelo», asegura Martín Sabbatella, presidente del organismo.
El funcionario también destaca que ahora «las industrias son fiscalizadas y controladas» y que se iniciaron obras necesarias para «producir de forma sostenible y amigable con el ambiente». Y menciona la construcción del Parque Industrial Curtidor destinado a la radicación de pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca Matanza Riachuelo.
«Las misiones y funciones de ACUMAR –concluye– establecen la importancia de mejorar la calidad de vida en la Cuenca, recomponer el ambiente y prevenir daños futuros. Podemos afirmar que en estos tres años y medio de gestión hemos dado grandes pasos hacia ese horizonte».
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