Si bien presentaron diferentes dictámenes, desde los sectores de la oposición lograron que el tema se apruebe en comisiones, a pesar de la propuesta del PRO y de LLA de aplazarlo. Historia de un Fondo que aportaba casi el 20% del salario docente.
Durante el Plenario de Comisiones de Educación; Presupuesto y Hacienda se dictaminaron proyectos para restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que fue eliminado por el gobierno meses atrás. Como para tener un parámetro de cuánto significa, en 2023 fue la segunda partida más importante del Ministerio de Educación de la Nación, con un total de $ 333 mil millones. Según estimaciones alternativas, representó el 1% del gasto de las provincias.
Los bloques de Libertad Avanza y Pro sufrieron un duro revés al no lograr postergar el tratamiento de la restitución del FONID, ya que sus legisladores buscaban demorar la discusión y emisión de dictamen. Esta maniobra dilatoria no tuvo el respaldo necesario de los diferentes bloques que componen las comisiones.
El titular de la comisión de Educación, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, había propuesto un “cronograma” para postergar la discusión por otras dos semanas más. Pero fracasó. En este caso, como en otros, fue la gente del PRO quien se puso al frente de la defensa del gobierno.
“El Congreso sanciona leyes sin saber cuánto cuestan y no tiene la más mínima información de cómo se va a pagar. Es un gasto que en los papeles suena bonito pero alguien tiene que pagar”, cuestionó la diputada macrista, Silvia Lospennato, casi una vocera oficialista.
Finalmente la iniciativa opositora tuvo el respaldo de 152 votos a favor y 81 en contra. Aunque hubo cinco proyectos distintos: el Unión por la Patria, de mayoría, que plantea restituir el Fonid desde el 1º de enero de 2024 y extenderlo por cinco años; de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, de la Izquierda y, por último, del oficialismo con el PRO acompañando.
«Esta situación representa un nuevo contratiempo para el gobierno en su intento de imponer una agenda desoyendo los reclamos por recomponer los salarios docentes mediante la restitución del FONID», planteó la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna.
Y expresó: “Creemos sin duda, y eso es lo que expresamos en nuestro dictamen, que es indispensable restituir el compromiso del gobierno nacional con el Fondo de Incentivo Docente».
Además en su intervención remarcó: “La educación argentina necesita docentes con buenos salarios, eso está directamente vinculado a la calidad de la educación, junto a otras políticas que hoy están paralizadas, tales como libros, netbooks, becas o infraestructura, todas ellas tienen directa influencia en los resultados».
Su dictamen a favor de la continuidad del FONID incluye conectividad y material didáctico a partir del 1 de enero 2024. «Es un paso indispensable para otros debates pendientes que daremos”, completó Osuna.
Entre los proyectos de la oposición hubo diferencias. La UCR incorporó en su iniciativa la declaración de la educación como “servicio esencial” (en línea con el oficialismo en este punto), algo discutido por los gremios por lo que cercena la posibilidad de realizar paros.
Por HCF el diputado Esteban Paulón apelidó a distintos mecanismos de actualización: “No estamos creando un fondo para restituir el FONID, no vamos a salir a cobrarle a alguien, estamos buscando que esos fondos que el Gobierno captura día a día sean distribuidos de acuerdo al fin para el que fue creado y tratar de corregir las inequidades que presentan los salarios docentes de todo el país”.
Y el proyecto del FIT propone que el fondo sea permanente, remunerativo para acceso de jubilados y que se establezca un salario mínimo para el cargo testigo de las distintas jurisdicciones.
El libertario Santiago Santurio criticó la movida y desentendió al gobierno nacional: “El problema de Argentina es la alfabetización que ha retrocedido, el tema requiere un planteo serio y es donde tenemos que poner el foco. No nos estamos preocupando por esto. El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas, las provincias son responsables de este fondo”.
La aprobación de la ley del FONID se dio hace poco más de 25 años en el marco de la llamada “Carpa Blanca”, una reconocida protesta docente impulsada por la CTERA que duró 1003 días, desde el 2 de abril de 1997 hasta el 30 de diciembre de 1999. En ese momento salió la norma que contempló al FONID en los presupuestos de 2001 y 2002.
En ese momento el FONID iba a ser financiado por un impuesto anual que se aplicaría sobre un determinado tipo de automotores, motocicletas y motos, además de embarcaciones y aeronaves. Pero ese impuesto anual fue derogada a los dos años de sancionarse el FONID.
La ley tenía prevista una vigencia de 5 años y se fue actualizando mediante decretos y otras leyes, como la de Financiamiento Educativo. La última actualización se hizo vía decreto, el 1° de enero de 2022, y establecía una vigencia de 2 años. Por eso luego el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó su final diciendo que el FONID “caducó”.
Para los docentes, significaba un plus de entre el 10 y el 20 por ciento en sus salarios. Pese al reclamo de todas las provincias para que lo sostuviera, el gobierno nacional lo dio de baja.
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