La jueza María Romilda Servini estará a cargo de la investigación por presunta “defraudación contra la administración pública” contra la empresa venezolana que realizó el recuento de votos en las últimas elecciones y los funcionarios que la contrataron.
Así lo resolvió la Cámara Electoral, que definió una cuestión de competencia que surgió en términos ásperos a finales del año pasado entre el difunto juez Claudio Bonadio, el fiscal federal Jorge Di Lello y la propia Servini.
El abogado y ex precandidato a jefe de gobierno porteño por el Partido Dignidad Popular (una vertiente peronista) Leonardo Martínez Herrero formuló la denuncia antes de las PASO.
Servini entendió, sobre la base de un dictamen de Di Lello, que podría haber algo más que un delito electoral: para ambos, lo que se debía investigar era un delito penal, reprimido con hasta seis años de cárcel.
Bonadio, con el estilo que le era característico durante el ejercicio de la magistratura, descalificó al dictamen de Di Lello y trabó la causa.
Ahora, la Cámara Electoral le dio la razón a Di Lello. Pero por una reforma legislativa dispuso que la causa tramite justamente ante el fuero electoral y no en el penal. Pero lo que se investigará será un supuesto delito penal. Es decir un delito grave.
Los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera advirtieron que “se denuncia la posible comisión de un ilícito tipificado en el Código Penal de la Nación, en el marco de las contrataciones efectuadas con el fin de la realización del escrutinio provisorio de las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias del 10 de agosto de 2019 y de los comicios generales del 27 de octubre del mismo año”.
Tras esa delimitación, el tribunal subrayó que “en materia penal, la competencia del fuero fue modificada por la reciente reforma introducida a través de la incorporación al Código Electoral Nacional de un artículo que establece que si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales se evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal, su investigación estará a cargo del juez federal con competencia electoral correspondiente”.
Servini, entonces, intervendrá formalmente como jueza electoral pero investigando una figura más grave que un simple delito electoral.
La denuncia de Martínez Herrero, -quien actualmente es director de Relaciones con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires- apuntó al delito de “fraude contra el Estado”.
Según la recopilación documental, el 29 de octubre de 2018 se aprobó la contratación del servicio de digitalización de las actas de escrutinio de cada mesa de votación, para la transmisión desde un centro especialmente equipado en cada local de comicio con señal de internet, denominado CTE (Centro de Transmisión Electoral) y se adjudicó al Correo Oficial de la República Argentina, por un monto total de 290 millones de pesos.
Poco después se aprobó la locación del equipamiento vinculado a la transmisión de imágenes al Correo Oficial por parte de la empresa Educ.ar, del Ministerio del Interior, por 210 millones. Además, las computadoras necesarias para la digitalización de las actas o telegramas de las mesas de votación debían ser abonadas por el Ministerio del Interior y no por el proveedor del servicio.
El funcionamiento falló en las PASO pero mejoró en las elecciones generales. La victoria sin necesidad de balotaje del Frente de Todos simplificó las cosas.
La investigación está orientada en principio contra los responsables de Smartmatic S.A. y los ex funcionarios públicos de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio del Interior y Correo Oficial de la República Argentina.
Servini deberá verificar si el proceso de licitación y las erogaciones monetarias en las que incurrió el Estado argentino se encuentran dentro del marco de la ley o si existió un posible fraude al estado por haber contratado un servicio que no era el adecuado para los fines requeridos.
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