Avanza en el Congreso de Perú un proyecto que haría retroceder el derecho al aborto

Un proyecto de ley que se abre paso en el Congreso de Perú para “garantizar la vida y bienestar de la persona humana” podría hacer retroceder un siglo las políticas del país sobre el derecho al aborto, denunciaron expertas que rechazan lo que consideran una ofensiva ultraconservadora.

El proyecto de la parlamentaria de derecha Rosangella Barbarán, aprobado esta semana con holgura en la Comisión de la Mujer, equipara los derechos del feto con los de la mujer, lo que según sus críticos, puede significar en la práctica la no aplicación del aborto terapéutico, único permitido en el país desde 1924.

La de Barbarán “es una propuesta absolutamente ideológica, que introduce una figura no existente en la legislación de Perú, la del ‘niño no nacido’, y carece de sustento técnico”, dijo a Télam la magíster en Salud Pública Susana Chávez, secretaria ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

Así, destacó Chávez, mientras varios países de América Latina avanzan en la adopción de causales por las que se puede practicar legalmente un aborto, Perú retrocede y pone en entredicho la única admitida. Para expertos y para el Ministerio de la Mujer, eso en la práctica es obligar a toda mujer con un embarazo a ser madre, incluso a riesgo de su propia vida.

El tema es especialmente dramático en menores de 14 años, en un país donde en 2021 unas 1.437 niñas fueron madres, según el Ministerio de Salud.

Esto, a pesar de que hoy es válido el aborto en esos casos, y desde 2014 hay un protocolo médico para ello.

Barbarán, abogada que a los 27 años es la más joven de los 130 congresistas, forma parte de un bloque parlamentario integrado por miembros de diversas bancadas y orientaciones políticas que se dice “defensor de la vida y la familia” e impulsa iniciativas contra los derechos sexuales y reproductivos.

Según el portal periodístico Wayka, Barbarán, del partido Fuerza Popular, no se asesoró con científicos o personal de salud para elaborar su proyecto, sino que lo hizo con dirigentes ligados a sectores religiosos ultraconservadores, tanto católicos como evangélicos.

Para ello, señala Wayka, tuvo ayuda de una congresista del partido ultraconservador Renovación Popular, la pastora María Jáuregui, quien desde el Legislativo y desde la iglesia Casa del Padre promueve que el Estado garantice “el libre desarrollo intrauterino del concebido”, sin distinguir si la embarazada es una niña u otra mujer en vulnerabilidad.

El proyecto implica modificar el Código Civil para que los fetos sean sujetos de derecho, algo reservado hasta ahora a los recién nacidos.

Incluso, se busca dotar de derechos patrimoniales al feto.

En ese marco, la iniciativa choca con disposiciones internacionales, no solo porque las Naciones Unidas consideran “tortura” al hecho de que se obligue potencialmente a las embarazadas a ser madres sin importar las condiciones, sino a sentencias al respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En efecto, la CIDH, a la que Perú debe obediencia como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, estableció en una sentencia paradigmática de 2012, en referencia a un caso sucedido en Costa Rica, que el derecho a la vida tiene límites en situaciones específicas. “La protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”, señaló en esa ocasión el máximo tribunal del sistema de justicia interamericano.

Según la jurista Edith Arenaza, de Promsex, “la Corte señaló que se tiene que realizar una protección progresiva del concebido, pero no puede ser absoluta porque, si el concebido pone en riesgo la vida o la salud de la gestante, se tiene que ponderar la integridad de la vida desarrollada plenamente, que en este caso es la de la mujer”.

Barbarán sostiene que lo que señalan “las feministas radicales y las ONG” es “falso”, pues su proyecto no apunta a prohibir el aborto terapéutico.

“No vamos a permitir que ciertos sectores ideologizados quieran presionarnos en nuestra facultad de defender la vida”, advirtió.

Para los críticos, sin embargo, esa iniciativa, de adquirir vigencia, entramparía más la situación. De hecho, la prensa documentó muchos casos en que médicos, por creencias religiosas propias o presiones sociales, se niegan a practicar abortos en casos en que peligra la vida de la gestante.

El proyecto de Barbarán fue aprobado en la Comisión de la Mujer por 10 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, con la particularidad de que 12 de los 13 votantes eran mujeres.

Entre los “sí” estuvieron las oficialistas Nieves Limachi y Elizabeth Medina, mientras que el “no” fue de la representante independiente de izquierda Ruth Luque.

Para Chávez, la actividad en contra de los derechos de las mujeres es tal en Perú que permeó a diversos sectores políticos, incluidas fuerzas de izquierda y centro.

En ese marco, no se puede anticipar qué puede pasar en adelante en un Congreso en que el conservatismo en esas áreas, con apoyo de sectores oficialistas, dio muestras de vigor.

También desde otras comisiones, como la de Educación, esos grupos estuvieron particularmente activos. La mayor prueba fue la aprobación de una ley que permite que agrupaciones conservadoras de padres de familia puedan censurar textos escolares, lo que se considera un duro golpe para la Educación Sexual Integral y el enfoque de Género.

Esos avances conservadores podrían ser frenados por el presidente Pedro Castillo pero Chávez no se hace ilusiones, pues cree que el mandatario mostró desconocimiento e incluso asumió posiciones diferentes a las de sus ministros.

El caso más evidente es que, a pesar de los pedidos de su gabinete, no rechazó la ley de los textos escolares, que permite a grupos de padres censurar enfoque de género y educación sexual en los manuales que se leen en los colegios.

El Congreso, que según las encuestas tiene más de 80% de rechazo popular, alternó los permanentes ataques contra Castillo con iniciativas polémicas en las que varias veces se hermanaron el oficialismo y la oposición más radical.