Avanza el plan PRO para que los militares actúen en seguridad interna

El gobierno confirmó la primicia de Tiempo con un blooper. El pasado miércoles 20, a través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich difundió la realización de una cumbre entre funcionarios de esa cartera y del Ministerio de Defensa con jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La reunión se había concretado dos días antes y el tuit informativo incluyó una foto y un breve resumen de la tertulia: «Nos reunimos con las Fuerzas, @MindefArg y miembros del Estado Mayor Conjunto. Trabajo coordinado para más seguridad».

La reunión se concretó el lunes, un día después de que este diario revelara la existencia de un proyecto de ley –elaborado en secreto- para habilitar a las Fuerzas Armadas a operar en Seguridad Interior, una tarea que los militares tienen vedada por distintas normas desde el retorno de la democracia.

En ese marco, el tuit tuvo impronta de incómoda confesión. Quizá por eso duró poco: casi una hora después de ver la luz, comentario y foto desaparecieron de la red social. ¿Por qué el Ministerio de Seguridad decidió borrar la información de su cuenta? El interrogante se suma a una fuerte avanzada oficial cargada de dudas, sospechas y secretos.

Intrigado por la envergadura de los disertantes y el tenor del anuncio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) logró capturar el tuit antes de que se desvaneciera y requirió mayores precisiones a la cartera de Bullrich. La respuesta llegó por gacetilla: «La secretaría de Fronteras, que encabeza el secretario Luis Green, organizó una mesa de trabajo donde se trataron diversos temas con el fin de establecer los procedimientos y acuerdos de futuras operaciones coordinadas con miras al fortalecimiento de la seguridad y el control de las fronteras de nuestro país, en donde las FF AA brindarán apoyo logístico».

La desaparición del tuit y la ausencia de detalles operativos preocuparon al Cels. A través de un comunicado, la ONG –referente ineludible en materia de Derechos Humanos- enmarcó el anuncio en «otras declaraciones y decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la declaración de «emergencia en seguridad» instaurada en enero pasado. Por esos antecedentes, el Cels advirtió que «es preocupante la campaña que busca instalar la idea de que para «más seguridad» es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en la «lucha» contra el narcotráfico y el terrorismo».
La alusión del Cels a la retórica oficial de guerra no es casual. En el gobierno creen que la modificación de las leyes que vetan la participación de los militares en seguridad interna sólo será posible si se logra instalar en la sociedad y la política la «necesidad» de involucrarlos. Un modo de hacerlo, creen, es saturar diarios y noticieros con informes donde se mezclen narcotráfico, policía cómplice y poder político corrupto.

Los Wikileaks revelaron, entre otras cosas, que funcionarios y agencias de Estados Unidos aportaron ideas y recursos a campañas de acción psicológicas que impusieron en la opinión pública esa «necesidad» en países como México y Colombia. Por cierto: para las naciones que aceptaron esos aportes, el remedio fue peor que la enfermedad. El espiral de violencia se potenció gracias a la incorporación de arsenales y mano de obra sofisticados de origen militar. Y en paralelo también creció, claro, las ventas de la industria armamentista estadounidense a los países «en guerra» contra el narco y el terrorismo.

En junio este diario reveló que, desde la asunción de Mauricio Macri, cada seis días un funcionario estadounidense pisó suelo argentino. Esa copiosa y permanente llovizna incluyó a Rose Gottemoeller, subsecretaria de Estado para el Control de Armas y Asuntos de Seguridad Internacional de los EE UU. Su función en el gobierno de Barack Obama: evitar que otros países –además del suyo- desarrollen tecnología nuclear con fines bélicos y promover entre sus «socios» las ventajas de armarse con insumos «made in USA».

El 15 de abril, la funcionaria se reunió en el edificio Libertador con el ministro de Defensa, Julio Martínez. Según el comunicado oficial, en el encuentro se planteó «una agenda abierta para avanzar en la colaboración entre ambos países y de este modo fortalecer las relaciones bilaterales». Gottemoeller describió el encuentro como «sumamente productivo», mientras que Martínez detalló que la charla «avanzó» sobre «la lucha contra el narcotráfico». El detalle: según las leyes vigentes –decreto de Emergencia incluido- la participación de Defensa en materia de delitos se limita a operar radares y el patrullaje -con opción de derribo- de los Tucanos que la Fuerza Aérea apostó en una base de Chaco. Eso es todo, por ahora. Pero el entusiasmo de Gottemoeller indica que su gobierno sabe que, más temprano que tarde, el macrismo irá por más.

También lo saben en los ministerios de Defensa y Seguridad, donde el asunto disparó un festival de internas cruzadas que prohijó brulotes como el efímero tuit.

Las disputas nacieron con la creación del Operativo Frontera, un ámbito de «lucha contra el crimen transnacional» que rehúne a funcionarios de ambos ministerios con jefes militares y de las fuerzas de seguridad. En las formas, el operativo está a cargo de Luis Enrique Green, un oceanógrafo ligado al negocio de las canchas de golf. Sin experiencia reconocible en la materia en la que trabaja, Green es un histórico dirigente de Unión Por Todos, el sello partidario de la ministra Bullrich. Huérfana de laderos, la ministra puso al golfista en la Subsecretaría de Desarrollo de Fronteras para diluir el poder de su viceministro, Eugenio Burzaco, hombre del PRO y hermano del empresario futbolístico preso en EE UU. La antipatía entre la ministra y su vice es intensa: en el entorno de Bullrich creen que fue gente de Burzaco la que filtró la reunión y el tuit de la discordia, con el fin de exponer a la ministra como responsable de exhibir las intenciones macristas antes de tiempo. Y para colocarla en el centro de las críticas y el repudio que ya empezó a cosechar el plan oficial (ver aparte).

Las internas en Seguridad se replican en Defensa. Como informó este diario el domingo pasado, en esa cartera los militaristas más activos son los subsecretarios Hugo Pierri y Jorge García Mantel, dos coroneles retirados leales al carapintada Juan José Gómez Centurión, un PRO puro que orienta el borrador que busca reactivar a los militares en seguridad interna.

El ministro Martínez, en cambio, propicia que el aporte se limite al «apoyo logístico», un eufemismo que en las formas mantiene el límite legal, pero que en la práctica pone a los militares a operar sobre el terreno. Si le sale como imagina, la movida redundaría en ganancias múltiples para el ministro de origen radical: cumpliría con su partido –reactivo a eliminar el cepo-; con el presidente, que ordenó avanzar en la «coordinación»; con los contratistas foráneos que le ofrecen pertrechos nuevos; y con los uniformados, que obtendrían recursos frescos después de varios años de sequía. Una jugada a varias bandas que, de todos modos, no conjura lo esencial: los militares ya actúan en seguridad interior. La duda es hasta dónde se extenderán los límites. «