“La presencia policial del grupo especializado COER, apostado en el lugar por orden judicial, debió velar por la integridad de todas las personas apostadas allí, cuya responsabilidad en la muerte y herido de hoy no puede ser soslayada”, advirtió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
“Ante este hecho que hoy lamentamos, no queda duda de que el mecanismo de seguridad dispuesto por el gobierno rionegrino y la Justicia provincial, no fue obstáculo para el ingreso de personas armada en el territorio en conflicto”, alertaron desde el organismo presidido por Magdalena Odarda. Desde ese espacio ya se venía pidiendo la conformación de una mesa de diálogo. Concretamente, se solicitó después de la medida judicial del 24 de septiembre, cuando se detuvo a cuatro integrantes de la Lof Quemquentreu.
“La constitución de la Mesa de Diálogo también fue requerida por diversos Organismos de Derechos Humanos, como APDH, SERPAJ, la representación indígena, sindicatos, el Obispado de Bariloche y otras agrupaciones de la sociedad civil, que sumaron entre otros pedidos, la provisión de alimentos y abrigo a la Lof, petición que fue denegada en cada una de las presentaciones realizadas”, recordó el INAI.
Y remarcó que “el Parlamento Mapuche de Río Negro había requerido a la Justicia, mediante un amparo, que resguarde la vida y la integridad de los comuneros, petición que también fue rechazada con el argumento de que no existía ninguna posibilidad de violación de derechos y ejercicio desmedido de violencia contra las personas que se encontraban en la Lof Quemquemtreu”.
Tras el ataque de este domingo, en el que fue asesinado Elías Garay y resultó gravemente herido Gonzalo Cabrera, el organismo encabezado por Odarda advirtió que “la presencia policial del grupo especializado COER apostado en el lugar por orden judicial, debió velar por la integridad de todas las personas apostada allí, cuya responsabilidad en la muerte y herido de hoy no puede ser soslayada”.
«Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia que debe brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó», expresó en el mismo sentido Luis Pilquiman, vicepresidente del INAI. En declaraciones a FM Urban, recordó que «hace 50 días que la comunidad está siendo custodiada por la policía de Río Negro, en un acampe solidario» y agregó que «el acampe se levantó y la policía permanece ahí».
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