El fundador de WikiLeaks enfrenta graves acusaciones por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.
Manifestación en el dia de ayer en el centro de Londres durante el segundo dia del juicio a Assange por su extradición a Estados Unidos.
Los magistrados anunciaron que se tomarían un tiempo para deliberar, por lo que el australiano podría tener que esperar semanas o meses para conocer si su apelación es aceptada por la justicia del Reino Unido.
«Nos reservaremos nuestra decisión», dijo la jueza Victoria Sharp al concluir las audiencias, dejando pendiente la fecha en la que ella y el juez Jeremy Johnson emitirán el fallo.
Durante la audiencia, Clair Dobbin, abogada que representa a Estados Unidos, argumentó que el caso contra Assange está «basado en la ley y en pruebas» y no en opiniones políticas.
Dobbin enfatizó que Assange comprometió la seguridad de muchas personas al publicar «indiscriminadamente» documentos clasificados que incluían nombres de individuos que colaboraban con Estados Unidos.
«Estos fueron documentos que revelaron al mundo los nombres no redactados de fuentes humanas que habían proporcionado información a Estados Unidos», declaró la abogada, que distinguió las acciones de Assange de las prácticas de otros medios que también difundieron información filtrada por WikiLeaks.
Estas audiencias forman parte del último esfuerzo de Assange por evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta graves acusaciones por la filtración de documentos clasificados.
Durante este proceso, el acusado no estuvo presente en el tribunal ni participó por video debido a una enfermedad, según indicó su abogado.
Assange, de 52 años, se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, una instalación de máxima seguridad, desde abril de 2019, después de ser detenido en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió por siete años para evitar su captura (ver recuadro).
El año pasado, el fundador de WikiLeaks y su defensa presentaron una apelación contra la decisión de extraditarlo a EEUU, donde enfrentaría juicio por 18 cargos, principalmente por espionaje y la divulgación de información confidencial a través de ese medio en 2010.
Esta información incluye registros militares y documentos diplomáticos secretos que han generado numerosos problemas para la diplomacia de Estados Unidos.
Mark Summers, uno de los abogados de Assange, criticó la presentación de Dobbin y dijo que no escucharon «ninguna respuesta», y argumentó que la divulgación de Assange constituye «una conducta protegida» según la ley del Reino Unido.
Sus abogados sostienen que, de ser extraditado, Assange no tendría un juicio justo y sería perseguido por lo que consideran prácticas periodísticas convencionales.
La defensa del periodista argumenta que su extradición contravendría el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos, que excluye la entrega por delitos de naturaleza política.
Esta apelación se presenta tras el veredicto de enero de 2021, que, aunque inicialmente favorable a Assange por motivos de salud mental, fue posteriormente rebatido con éxito por Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de su extradición.
Por su parte, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) destacó que no escuchó «nada nuevo de la representación legal del gobierno de Estados Unidos en esta audiencia».
«En lugar de abordar los argumentos convincentes presentados por la defensa la víspera, mantuvieron sus afirmaciones de que las acciones de Assange no eran una actividad periodística y que tendrá un juicio justo», añadió RSF.
En el tribunal, los abogados de Assange presentaron el martes argumentos sobre la presunta conspiración de la agencia de inteligencia estadounidense CIA para secuestrarlo o asesinarlo, con pruebas que incluyen investigaciones en España sobre una empresa de seguridad acusada de espiar al periodista durante su estancia en la embajada de Ecuador.
Ed Fitzgerald KC, uno de los miembros de la defensa, cuestionó la fiabilidad de las garantías estadounidenses sobre un trato justo.
«El señor Assange estaba exponiendo una criminalidad grave cuando reveló los documentos en cuestión», dijo Fitzgerald a los jueces en el tribunal, según consignó la BBC.
El año pasado, al apelar la orden de extradición aprobada en Reino Unido, la defensa de Assange argumentó que enfrentaría una pena desproporcionada que representa una grave amenaza a la libertad de prensa.
El abogado español Aitor Martínez Jiménez, parte del equipo legal, anticipó a Télam que, en caso de rechazo de la apelación, solicitarán la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Al finalizar la audiencia, Stella Assange, esposa del australiano, se sumó junto al hermano de Assange a los cientos de manifestantes que se habían congregado fuera del tribunal en señal de apoyo al periodista.
La multitud marchó con pancartas y bombos por las calles de Londres hacia Downing Street, lugar emblemático del poder británico, donde Stella tomó la palabra.
«La asistencia de esta noche y también en las últimas 48 horas, ha sido increíble. Cada vez que Julian y yo fuimos recibidos por esta increíble multitud, me llenó de esperanza y le conté a Julian sobre el inmenso apoyo y la atención que los medios han prestado a nuestro caso esta vez», compartió, reconociendo el amplio respaldo recibido.
«El mundo está mirando. Esto es un ataque a la verdad, un ataque al derecho del público a saber. Es un intento de un país por promover su impunidad. Todo depende del resultado de este caso. ¡Qué vergüenza para aquellos que pretenden encerrar la verdad en el agujero más oscuro del sistema penitenciario!», exclamó.
«La vida de Julian corre un grave riesgo cada día que pasa en prisión. Es un preso político, el más famoso del mundo. Y sabemos lo que les ocurre a los presos políticos; no podemos permitir que eso suceda. Si es extraditado, lo matarán. Lo matará el país que ha estado tramando su asesinato», advirtió.
«Por nuestra democracia, nuestro futuro, nuestra capacidad para cambiar políticas, decisiones, gobiernos. Sin escrutinio, no podemos estar informados, no podemos tomar decisiones informadas sobre a quién elegimos. Julian tiene que ser liberado», concluyó, instando a la liberación de Assange.
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