Más allá del debate que se desarrolla en el Parlamento alrededor de la ley anti despidos que estuvo en el centro de la masiva movilización del pasado 29 de abril convocada por las dos CGT y las dos CTA, el eje fundamental del ajuste que impulsan los gobiernos y las empresas pasa por la discusión salarial para 2016.
Es que, según diferentes consultoras, basadas en datos del movimiento de precios de los últimos meses, la inflación anual superará el 40 por ciento. CIFRA, de la CTA de los Argentinos, estima una inflación acumulada desde diciembre de 2015 a abril de 2016 de un 23,7% y un valor anualizado a partir de los datos de abril (6,5%) de un 40,7 por ciento.
Las paritarias anuales que se han firmado, con excepciones, se ubican entre el 28% y el 34%. De este modo, en líneas generales, la política del gobierno apunta a avalar una reducción salarial de los trabajadores bajo convenio de alrededor de un 10 por ciento. Esa pérdida del poder adquisitivo será aún más sensible en los sectores que revistan fuera de convenio.
Más allá de los más de 150 mil despidos que se produjeron en lo que va del año, según el INDEC, en octubre de 2015 existían alrededor de 12,4 millones de asalariados de los cuales, un 35% lo hacía fuera de convenio, es decir, 4,5 millones. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del mismo mes indicó que el salario promedio en blanco era de $ 13.752 y de $ 7800 en el tramo informal. Con una suba paritaria anual promedio del 30%, ese salario se ubicará, para octubre próximo, en $ 17.877 para los empleos en blanco y en $10.140 para los precarizados (en el improbable caso de que lograran aumentos similares). Así las cosas, para sostener el poder adquisitivo ante una inflación del 40%, esos salarios deberían ubicarse para esa fecha en $ 19.252 y $ 10.920 promedio.
El diferencial entre uno y otro dato, además de agudizar las tendencias recesivas de la economía y agravar la situación del empleo, implicará una transferencia de recursos directa al Estado en el caso de los empleados públicos y a las empresas en el resto de los casos.
Proyectado al total de los asalariados se trata de una cifra de casi 15 mil millones de pesos mensuales que, anualizados (incluido el aguinaldo), podría alcanzar los 187 mil millones de pesos. Los despidos, más allá del impacto social que generan, por el contrario, implicarán, a grandes rasgos, una transferencia mensual de recursos a las patronales por un valor de unos $2800 millones.
En estos términos, y bajo la lupa de los números duros, a pesar de ser estimaciones muy gruesas, concentrar la atención en materia gremial sobre la amenaza latente de los despidos, podría ser funcional a dejar pasar el grueso del ajuste que consiste en una reducción directa del salario por la vía de los precios.
Matías Maito especialista del Centro de Estudios Laborales, explicó a Tiempo que «todavía no tenemos el dato exacto porque varias paritarias están en proceso. Sin duda va a haber una pérdida del poder adquisitivo». Consultado sobre si ese ajuste del salario será del orden del 10% opinó que «estará alrededor de esa cifra pero el problema es que no están publicando datos amparándose en la necesidad de reformar el IPC». Además, explicó que, «el gobierno está tomando medidas que van a amenazar puestos de trabajo como la devaluación. Para su política macroeconómica anti inflacionaria necesitan contraer el consumo y el salario». El especialista señaló que despidos y paritarias son dos caras de una misma moneda: «La pérdida de los puestos de trabajo impone un disciplinamiento que luego se expresa en una debilidad a la hora de negociar paritarias».
Con la excepción de los bancarios y los docentes universitarios de la CONADUH que, al cierre de esta edición, negociaban una nueva propuesta del gobierno luego de la inmensa movilización a la Plaza de Mayo del pasado jueves, la mayoría de los gremios han dejado correr las paritarias sin conflicto en nombre de la preocupación por las fuentes de trabajo. Los aceiteros fueron quienes consiguieren el incremento más importante (38% en una sola cuota) como resultado diferido de la huelga del año pasado que amenazaron con repetir ahora.
La situación para el gobierno, sin embargo, dista de ser armónica. Su plan inicial había sido el de constituir un Consejo Económicos y Social que, incluso, tenía fecha para el 14 de enero y que nunca se realizó. Allí, el objetivo era el de cancelar las paritarias y producir un acuerdo de precios y salarios entre cámaras y centrales que coronara, de un solo golpe, un ajuste del 10% o más sobre los salarios. Ese intento fracasó y la estrategia para conseguir el mismo objetivo viró hacia su contrario. Así se impusieron las paritarias de seis meses que se han firmado crecientemente por valores de entre el 15% y el 20% con el objetivo de patear la pelota hacia adelante, descomprimir la presión inflacionaria producida por los tarifazos, con el objetivo de esmerilar la segunda ronda de discusiones o directamente cancelarla.
Dado que las paritarias de los diferentes gremios se producen con vencimientos que van desde febrero hasta septiembre, el precio que deberá pagar el gobierno es el de sostener una situación de paritarias permanentes y, por lo tanto, de conflictividad latente.
El gobierno adelantó el debate sobre el salario mínimo
El ministro de Trabajo Jorge Triaca quiere discutir cómo «descontar los días de huelga». En la actualidad se ubica en 6060 pesos.
Sorprendió el jueves Jorge Triaca al convocar al Consejo del Salario para el próximo jueves. El cónclave en el que participan todas las centrales, tradicionalmente, se reúne en agosto como corolario del proceso paritario. Hoy ese mínimo se ubica en los $ 6060. La intención del gobierno parece ser la de intentar descomprimir la discusión salarial de los trabajadores activos poniendo en agenda nuevos debates y centrando la atención, ahora, en los sectores más relegados de los asalariados para, nuevamente, correr el eje de la viga maestra del ajuste.
Hugo Yasky, consultado por Tiempo horas antes de su publicación en Boletín Oficial y del anuncio ministerial, había señalado que «el primer objetivo de las centrales, como dijimos el 29, es que salga la ley anti despidos. Luego tenemos una agenda social que tiene que ver con la necesidad de recomponer el mínimo vital y móvil y las jubilaciones mínimas. Queremos actualizar el seguro de desempleo y reclamar la universalización de las asignaciones familiares. Nadie desistió de ningun punto». Yasky había señalado que «hay una demanda para que se adelante el Consejo. Estamos esperando que se concrete la convocatoria.
Triaca, por su parte, adelantó que la intención es discutir «la productividad del empleo y la sustentabilidad de los servicios sociales», se trata de un planteo que apunta a abrir los convenios y las condiciones. Prometió «descontar los días de huelga».
