Arribas y Majdalani quedaron procesados por “organizar y ordenar” el espionaje político en la Provincia

“La AFI retomó las prácticas del espionaje sobre los opositores políticos, sobre aquellos que desarrollaban actividades sociales y gremiales y sobre aquellos que desplegaban actividades de protesta y, de ese modo, violó la ley y la Constitución Nacional”. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó hoy sin prisión preventiva y con un embargo de 20 millones de pesos a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.

Ese espionaje ilegal –según el juez- tuvo lugar en el contexto del Proyecto AMBA, el desembarco de la AFI en territorio bonaerense, con la justificación del combate al narcotráfico y al crimen organizado. El fallo indica que los espías no sólo no hicieron esa tarea, sino que pretendieron (y acaso lo hayan logrado) “influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo”. Toda la actividad se desarrolló en el contexto de las elecciones parlamentarias de 2017.

El fallo, de 979 páginas, descarta la teoría de Arribas y Majdalani sobre “cuentapropismo” de los espías: «las acciones no fueron causadas por la mera extralimitación de algunos agentes o por una actuación aislada de ciertas dependencias internas de la AFI, sino que existió un plan organizado y ordenado por las máximas autoridades de la Agencia para toda la provincia de Buenos Aires”.

“Se puede afirmar sin necesidad de otros elementos de prueba, que las acciones ilegales aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valió de una de las áreas más sensibles del gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos”. En ello, según el fallo, se acreditaron “órdenes directas emanadas desde las máximas autoridades con el objeto de relevar un mapa de todas las actividades políticas de la provincia más densamente poblada del país. El lapso de duración del Proyecto AMBA coincidió precisamente con aquel en que se desarrollaron la campaña electoral y las elecciones legislativas del año 2017”.

Los espías desplegados en la provincia que por entonces gobernaba María Eugenia Vidal “realizaron, en forma cotidiana y permanente, espionaje ilegal sobre la oposición política en los diferentes distritos de la provincia desde, por lo menos, un año antes de la realización de los comicios generales de octubre de 2017”. Esa información –añade la resolución- “fue procesada, analizada y reportada por las nueve delegaciones provinciales en forma directa a las máximas autoridades de la Agencia, las que culminaron con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”.

En 2017, Cambiemos perdió las PASO pero ganó las generales, ajustadamente en ambos casos, en la provincia de Buenos Aires. Dos años después, el Frente de Todos obtuvo una abrumadora victoria en el mismo distrito, en el que la candidata de Cambiemos, la gobernadora Vidal, pugnaba por su reelección. En el medio, el Proyecto AMBA fue desactivado y estalló la Causa D’Alessio.

El espionaje político advertido por el juez Ramos Padilla se desplegó sobre un abanico variopinto de fuerzas: “Partido Justicialista; Frente Unidad Ciudadana; Frente Cumplir; Frente Renovador; Unión Cívica Radical; GEN; Frente 1 País; Frente de Izquierda y de los Trabajadores; Partido Obrero; Partido de los Trabajadores Socialistas; Izquierda al Frente por el Socialismo; Izquierda Socialista; Frente Social y Popular; Compromiso con Vos; Frente Unión Federal; CO.PE.BO.; Encuentro Popular Techo, Tierra y Trabajo, entre otros”.

El fallo explica que “las organizaciones sindicales fueron otro de los objetivos sistemáticamente investigados por la Agencia Federal de Inteligencia. En las nueve delegaciones provinciales se produjeron innumerables informes sobre los sindicatos que protagonizaron conflictos entre mediados del 2016 y finales del 2017”.

Entre los sindicatos, el espionaje enfocó especialmente a los docentes. “Se valoraron más de 45 informes de inteligencia producidos por todas las delegaciones provinciales, en perjuicio de: Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba); Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del sur (ADUNS); Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba); Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP); Asociación Docente Universitaria Marplatense (ADUM); Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Matanza (Sidunlam); Frente de Unidad Docente (FUD); Unión de Docentes Argentinos (UDA); Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU)”.

¿Qué pasaba en los gremios docentes en esos tiempos? “Durante el año 2017 el conflicto por la paritaria docente se resolvió recién en la segunda mitad del año, y a semanas de las elecciones primarias en las que el principal candidato del oficialismo para encabezar la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires fue el por entonces Ministro de Educación de la Nación. En ese contexto, resulta manifiesto que el interés de la Agencia en el conflicto por la paritaria docente tuvo una conexión directa con la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires entre el máximo funcionario nacional de educación y la principal referente de la oposición y ex presidenta de la Nación”, respondió Ramos Padilla.

Otro blanco del espionaje fueron “las organizaciones sociales y políticas opositoras a la administración” nacional a cargo de Mauricio Macri.

“Se identificaron las organizaciones políticas opositoras con mayor despliegue territorial y aquellas con mayor nivel de convocatoria callejera en manifestaciones públicas. Para ello se efectuó una caracterización de estas organizaciones, sus alianzas políticas y sus acuerdos electorales. Pero el relevamiento no se agotó allí, sino que se nutrió especialmente de la información obtenida en forma ilegal sobre las estructuras de base que brindaban contención social en los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos”.

Entre esos referentes sociales sobre los cuales la AFI –según el juez- puso especial atención, figura el líder piquetero Luis D’Elía, hoy cumpliendo prisión domiciliaria por la condena a raíz de la toma de la Comisaría 24 en 2004.

“Como consecuencia de una de las órdenes directas emanadas de las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia para la realización de espionaje ilegal sobre todas las personas y organizaciones que tuvieran algún grado de articulación con el referente político opositor Luis D´Elía, la Agencia identificó a 525 personas, por su militancia cercana a ese referente, las cuales se encontraban repartidas entre los distritos de Almte. Brown, Berazategui, Berisso, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Morón, Quilmes, San Martin, Tigre y Vicente López. Como consecuencia de esa orden directa, seis días después, la Delegación La Matanza elevó un documento en el que agregó información personal sobre 36 personas que no estaban incluidas en esos listados”.

Acciones similares ocurrieron en torno a la dirigente jujeña Milagro Sala, también encarcelada; por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y por el hundimiento del buque “El Repunte”, en jurisdicción de Mar del Plata.

Los informes, sobre los que el juez ilustró con fotos documentos en su resolución, tenían un extremo nivel de detalle. “Se comisionó una gran cantidad de agentes de inteligencia destinados a infiltrarse en las movilizaciones, recoger información y obtener imágenes mediante fotografías y videos. Se investigó si las mismas se desplazaban en transporte público, en cuyo caso se detalló desde qué lugar partían. Por el contrario, si las organizaciones utilizaban vehículos, fueran estos particulares o de empresas de ómnibus o minibus, los agentes relevaron en forma sistemática los dominios de esos vehículos”.

En el caso de la delegación de la AFI en Mar del Plata, una incalculable cantidad de documentos fueron destruidos por el encargado de esa base, Nicolás Iuspa Benítez, quien también fue procesado por Ramos Padilla.

“El imputado Iuspa Benítez procedió a la destrucción de la documentación entre diciembre de 2015 y marzo de 2020. En consecuencia, los documentos que se pudieron relevar reflejan sólo aquella pequeña porción que pudo reconstruirse del fondo documental producido por la Base Mar del Plata en el año 2017. (…) Iuspa Benítez destruyó un gran caudal de documentación sin ninguna clase de autorización por parte de la Intervención de la Agencia”.

¿Qué dijo Iuspa Benítez cuando le preguntaron por qué había destruido documentación? Que “recibió una orden telefónica que cumplió en soledad”. Nunca identificó quién le había dado esa orden telefónica.