El gobierno de Javier Milei apeló al sistema interamericano de derechos humanos para denunciar que la detención del gendarme Nahuel Gallo "constituye una violación de los derechos humanos”. Además, acusó que el caso es muestra de “un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad”.
La Cancillería argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención del gendarme Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde el 8 de diciembre pasado acusado de terrorismo. En un comunicado publicado en su página y distribuido a través de la red X, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino calificó la prisión del uniformado como una “detención arbitraria y desaparición forzada”.
«La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso», señala el escrito.
En la denuncia, el organismo que conduce Gerardo Werthein, consideró la detención de Gallo “una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela”.
Finalmente, el comunicado indica que «el Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional».
El Cabo Primero de Gendarmería Nacional Nahuel Agustín Gallo, perteneciente al Escuadrón 27 “Uspallata”, de la Agrupación XI “Mendoza”, fue detenido el 8 de diciembre durante su ingreso a Venezuela a través de un puesto fronterizo con Colombia. La explicación que dio el joven fue que iba a visitar a su esposa, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años, que viven en Venezuela desde hace siete meses.
Luego de este incidente y cuando ya el caso había estallado en los medios, se conoció una carta de invitación de la mujer donde detalla el periplo que seguiría Gallo desde Chile, cruzando por Colombia, y su paso por Cucuta para llegar a la residencia de ella, en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, y su compromiso de que se alojará en su vivienda.
El fiscal general Tarek William Saab a cargo del caso de la detención del gendarme lo acusó por «terrorismo». Hasta el momento las única gestión desde argentina que habían logrado beneficiar a Gallo fue la del exembajador en Venezuela, Oscar Laborde, quien logró hacerle llegar al uniformado preso –por un pedido de la familia Gallo a Juan Grabois– una carta de su madre, una acción humanitaria que derivó en el primer contacto de arrestado con los suyos.
Por esa gestión humanitaria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció al ex embajador por «traición a la patria» y lo acusó de realizar acciones contrarias a “las gestiones diplomáticas para lograr la liberación de Gallo”. Laborde recibió el respaldo de un amplio espectro político.
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