Argentina rindió examen ante el Comité de los Derechos del Niño: participación remota y sin respuestas concretas

El gobierno que se caracteriza por los múltiples viajes al exterior de su mandatario no envió –por primera vez- una comitiva presencial a Ginebra para participar del Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones Unidas que hace un seguimiento de los estados firmantes de la Convención de los Derechos del Niño para evaluar su cumplimiento. Argentina, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó su informe con eje en la inversión directa en infancias, pero no dio respuestas concretas sobre el incremento de la pobreza y la indigencia y los retrocesos en materia de acceso a derechos.

“Resulta lamentable que no puedan acompañarnos aquí en Ginebra puesto que estamos convencidos de que el diálogo interactivo es de lejos la mejor manera de interrogar estas cuestiones”, comenzó la bienvenida del Comité ante la presentación argentina, encabezada en forma virtual por Arnoldo Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El funcionario se refirió en primer lugar a la nueva estructura de las políticas de infancia y familias tras la asunción de Javier Milei, que concentró diversas áreas en Capital Humano. “Esta estructura permite tener una visión unificada y coordinada para que las políticas lleguen de manera directa a cada uno de los niños, adolescentes y familias”, defendió. En cuanto al presupuesto para niñez, comparó que “en dólares, era de 19 millones de dólares en 2023 y es de 51 millones de dólares en 2024. Incremento en dólares de 168%”.

“Pese a las cifras de siete números que nos han presentado, en Argentina 7 de cada 10 niños es pobre. Todo ese presupuesto, esos datos que nos dieron, se lo comió una devaluación que tuvo el Estado en diciembre. Lo real es que el presupuesto en infancia cayó un 75% (…) Según Unicef un millón de niños se acuesta sin la última comida del día. ¿Qué medidas están tomando para atender esa emergencia?”, indagó Luis Pedernera, miembro del Comité.

Pedernera también interrogó sobre las instituciones que representan los derechos de la niñez en el país, como la Defensoría específica. “En Argentina se han reducido y han desaparecido instituciones. Quisiera saber si la continuidad de la Defensoría de la Niñez está garantizada, en función de que me preocupa que sea una oficina que también sea próximamente desmantelada”, planteó.

Si bien el período examinado es 2019-2023, muchas de las preguntas apuntaron a cuestiones actuales y recientes que afectan a la niñez en la Argentina, donde la titular de Capital Humano enfrenta denuncias judiciales por la no entrega de alimentos a comedores y merenderos.

“El Estado casi no contestó nada”

Desde Ginebra, el Director de Litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, detalló que en mayo el Comité hizo una consulta y planteó preguntas al país y a las organizaciones sociales informantes: plantearon preocupación por el tema de los alimentos y por la inversión presupuestaria del Estado en materia alimentaria. También sobre la discriminación a personas con discapacidad, indígenas y migrantes y las políticas de niñez, educación y salud en estos colectivos. También, sobre el régimen juvenil con modelo tutelar y sobre cuestiones relacionadas con la violencia sobre niños en Internet y redes sociales.

“Después se sumaron tres temas que son los que informamos con mayor detalle. Cuestiones de violencia de género que involucraban a niños. Como el cierre del Ministerio de Mujeres y la situación de la línea 144. La segunda cuestión fue sobre la Conadi y la eliminación de la agencia específica en investigación de apropiación de menores, y también sobre la propuesta del Estado de un régimen penal juvenil a partir de los 13 años. El Estado casi no contestó nada”, consideró Morales.

“La información que brindó estuvo más vinculada a que hay inversión presupuestaria directa a los niños. Que hubo aumento de la AUH. Pero tampoco pudieron contestar las preguntas sobre pobreza en aumento e indigencia. Hubo preguntas concretas sobre eso”, remarcó el referente del CELS. “Varios integrantes del Comité lamentaron que no hubiera presencialidad de Argentina. Ayer (por el lunes, durante la primera jornada) ni siquiera estuvo el embajador argentino en Ginebra (que sí estuvo en la segunda jornada). Los integrantes del Comité en todas las exposiciones mostraron mucha preocupación por cierto retroceso en la institucionalidad de la protección de los derechos” de niños, niñas y adolescentes.

Menos derechos

Además del foco puesto en el hambre y la pobreza, hubo alusiones al ataque a las políticas de género por parte del Gobierno y su impacto en la población infantil y adolescente.

Amnistía Internacional difundió algunas de las intervenciones de los miembros del Comité al respecto. Por caso, mencionó que la comisionada Otani sostuvo que es “preocupante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo”, preguntó al Estado si “puede aclarar si dicha prohibición está legislada o cuál es su alcance” y advierte que “puede tener un impacto negativo sobre la promoción de la diversidad”.

La misma comisionada señaló: “Preocupa mucho el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y su impacto sobre la prevención de la discriminación en particular hacia los niños, niñas y adolescentes”. Amnistía recordó que tras la disolución de la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género, “es la primera vez en 37 años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina”.

Por su parte, la comisionada Sopio Kilazde indagó “si los niños cuentan con información de salud reproductiva acorde a su edad y sobre la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo”, ante un gobierno nacional que ataca explícitamente la ESI y el derecho consagrado al aborto legal, donde el presidente se refirió al aborto como un ‘asesinato agravado por el vínculo’ y una ‘agenda sangrienta’ y promueve narrativas que catalogan a la educación sexual integral como una ‘herramienta de adoctrinamiento’.

En el mismo sentido se habló sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA): “Me cuesta entender cómo van a llevar adelante todas esas ideas que nos plantearon, si el ENIA ha tenido una caída del presupuesto de más del 50% y ahí hay un desfinanciamiento fundamentalmente en las provincias, hay un conflicto entre el gobierno nacional y las provincias y la información que tenemos es que están enfrentando un desfinanciamiento de insumos y de los equipos operativos, entonces me gustaría saber cómo van a enfrentar eso, las ideas que nos plantearon en función de ese desfinanciamiento”, plantearon los comisionados a la delegación argentina.

En el segundo día de la presentación argentina ante el Comité hubo lugar para respuesta a algunos interrogantes puntuales, aunque muchas quedaron sin contestación. “La gestión nacional actual tiene dos prioridades y acá es donde podemos trazar hacia dónde se dirige actualmente el país. Una es continuar y profundizar las políticas públicas junto a la institucionalidad asociada a ella, priorizando las que evidencien altos grados de efectividad, pertinencia y que hayan impactado en forma positiva y significativa en el desarrollo pleno de los niños, adolescentes y las familias”, destacó Scherrer Vivas.

Luego, introdujo la defensa del niño “desde la gestación” y la “constitución de las familias como eje de seguridad, desarrollo, contención, vinculaciones sanas”. En línea con los planteos tanto de Milei como de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con su insistencia sobre la “familia tradicional”.

Alerta sobre el régimen penal juvenil

Uno de los temas que se trató, tal como ocurrió en el examen anterior de Argentina ante el Comité, fue el régimen penal juvenil.

“Comparto la inquietud de mi colega Correa, que no han respondido –dijo Pedernera a la delegación argentina- pero quiero plantear que yo en el 2018 fui parte del equipo que examinó a Argentina y nosotros en ese momento le dijimos que Argentina no debía bajar la edad de imputabilidad, no debía aumentar las penas y no debía hacer de la privación de libertad la principal respuesta a la infracción adolescente. Sin embargo en este momento tienen un proyecto de ley a estudio del Parlamento que va en la línea contraria: aumento de penas, baja de la edad de imputabilidad, la privación de libertad como la principal respuesta”. Y agregó: “Me llama la atención porque en 2018 era la misma Ministra de Seguridad de ese momento la que está hoy, entonces ¿cómo piensa el Estado garantizar la incorporación de la observación general número 24 en la política criminal dirigida a adolescentes?”

El representante de Capital Humano se militó a responder que “es cierto que actualmente existen proyectos de reforma al régimen penal, presentados ante el Congreso de la Nación, algunos de ellos con debate en la Comisión. Es parte del proceso constitucional que tiene la Argentina, la presentación de proyectos, el debate en el recinto del Congreso Nacional, con lo cual lo único que podemos afirmar al día de hoy, entendiendo que los debates son dinámicos y no hay una resolución al respecto, es que Argentina tiene la edad mínima de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad, de acuerdo a la normativa vigente”.

Mientras tenía lugar la presentación ante el Comité de los Derechos del Niño, el régimen penal juvenil que propone Milei estaba siendo tratado en comisiones en la Cámara de Diputados.