Quedó apresado por el escándalo Petrobrás.
El economista, locutor y político ultraconservador es miembro de la iglesia Asamblea de Dios y pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mismo que del presidente Michel Temer, quien asumió el poder el pasado 31 de agosto, tras la destitución de la exmandataria, en lo que fue considerado un virtual golpe de estado. El MDB regresó al gobierno junto al Partido de los Trabajadores.
En febrero de 2015, Cunha asumió la presidencia de la Cámara de Diputados y en diciembre de ese mismo año, aceptó el pedido de impeachment contra Rousseff. Claro que el 5 de mayo pasado fue suspendido en su cargo por la obstrucción de la investigación en el caso de corrupción de Petrobrás, y hace poco más de un mes, el 12 de setiembre, la cámara que presidía lo destituyó por mentir sobre cuentas propias en bancos suizos.
Cunha, de 58 años, llegó a ser segundo en la línea de sucesión presidencial. Su detención fue pedida por la procuraduría ante el riesgo de fuga o de que intentara obstaculizar las investigaciones de los varios procesos en su contra.
Fue apresado detenido en Brasilia y trasladado a Curitiba, El dirigente quedó a disposición del juez Sergio Moro, que tiene a su cargo la causa que investiga si recibió 1,5 millones de dólares desviados de Petrobrás por una compra de derechos para explorar un campo petrolero en la africana República de Benin, que costó 34,5 millones y fue infructuosa.
Los investigadores sostienen que Cunha incurrió en delitos contra el Estado y que lavó dinero «en forma reiterada, profesional y sofisticada», con «empleo de la extorsión» y el uso de «cuentas secretas en el exterior para ocultar y disimular el producto de sus crímenes». Para la Justicia, Cunha daba apoyo político al ex director del área internacional de Petrobras, Jorge Zelada, a cambio de sobornos que usaba para mantener un nivel de vida desproporcionadamente alto para sus ingresos.
Cunha calificó su detención de «absurda», en contraposición con la procuraduría, que en un comunicado aseveró: «La libertad del ex parlamentario representaba un riesgo para la instrucción del proceso, el orden público y también existía la posibilidad concreta de fuga en virtud de la disponibilidad de recursos ocultos en el exterior».
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