Aportantes truchos: el juez rechazó pasar la causa a la justicia electoral, como pretende el Pro

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó el pedido de inhibitoria que buscaba enviar a la justicia electoral la causa por los aportantes truchos de Cambiemos para la campaña 2017, que tiene entre los acusados a la gobernadora María Eugenia Vidal. El magistrado opinó que su investigación y la del juez electoral Adolfo Gabino Ziulu son diferentes, es decir que la pesquisa y presuntos delitos penales debe permanecer en su juzgado, sin que ello excluya a su par revisar las presuntas infracciones al código electoral.

El pedido había sido realizado por Ziulu en la última semana de agosto, cuando exigió la “inmediata remisión” al juzgado electoral de la Provincia de Buenos Aires de todas las actuaciones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital, a cargo de Sebastián Casanello –que lo rechazó la semana pasada-, y del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, para unificar la investigación bajo la órbita electoral, por pedido de los apoderados del PRO. Además, este jueves se conoció la decisión del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Iruzun, quien determinó que las denuncias sobre las campañas de Mauricio Macri en 2015 y de Elisa Carrió en 2017 deben ser llevadas por Casanello.

En un fallo de 28 páginas, Kreplak rechazó ese pedido de inhibitoria y exigió el reconocimiento de su competencia o que en caso contrario considere “trabada la cuestión” y envíe las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, por ser esta la instancia superior del Juzgado Federal N°3, el que primero comenzó las investigaciones. Ziulu había pedido que en caso de rechazo interviniera la Cámara Electoral.

En el fallo al que accedió Tiempo, Kreplak sostuvo que la revisión de las cuentas de los partidos políticos y de sus campañas electorales lo exceden del mismo modo que los delitos denunciados en el expediente que está en su juzgado exceden la competencia de un juez electoral. Y advirtió que tal limitación fue reconocida con anterioridad por la Cámara Nacional Electoral.

 “Más allá de los ilícitos de carácter económico o contra la fe pública, las conductas investigadas podrían vincularse con la utilización ilegítima de datos personales de quienes se presentaron como ofendidos, datos que a su vez podrían haberse obtenido de organismos públicos que debían resguardarlos”, detalló Kreplak.

Kreplak había quedado en condiciones de responder el pedido de inhibitoria el 13 de septiembre pasado, cuando la fiscal federal Ana Russo consideró que la causa debía continuar en su juzgado porque Ziulu investigaba hechos distintos. Antes, habían opinado lo mismo los querellantes, un grupo de vecinos de Villa Itatí, en Quilmes, todos beneficiarios de planes sociales que son representados por el abogado Luis Alem, y tres docentes de Suteba, representados por Elizabeth Gómez Alcorta y Pablo Vicente.

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En su rechazo, el juez Kreplak ponderó la opinión fiscal respecto de que las investigaciones son diversas y pueden tramitarse en forma paralela. También consideró la opinión de los querellantes. En ese sentido aclaró que rechazar el pedido de inhibitoria soluciona un problema adicional: que si la causa pasa a sede electoral impediría la intervención en el expediente “de quienes se pretenden damnificados por las conductas eventualmente delictivas investigadas”.

La causa que investiga el Juzgado Federal N°3 de La Plata comenzó con la denuncia de la Senadora provincial María Teresa García basada en la investigación del periodista Juan Amorín publicada en el portal web El Destape. Allí, el periodista señala que Cambiemos utilizó los nombres y los datos de beneficiarios de planes sociales –sin su consentimiento y sin que pusieran un peso- para incorporar sumas de entre $300 y $1500 para blanquear unos 300 mil pesos mediante ese sistema.

En su denuncia, García acusó a los responsables del partido Pro Propuesta Republicana Buenos Aires los delitos de “falsificación de documentos, lavado de activos, usurpación de identidad y violación de secretos y privacidad, como así también en la ley de financiamiento de partidos políticos”.

En el expediente los denunciantes acusan a la gobernadora Vidal, a la tesorera del PRO bonaerense, María Fernanda Inza, a los responsables económicos del partido Gabriel Maximiliano Sahonero y Darío Omar Duarte, y a los candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor «Toty» Flores.