Como pedían los fiscales y los abogados de la familia del joven desaparecido y hallado muerto en un cangrejal, la jueza federal 2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, ya no está al frente de una causa que apunta a la policía y sus encubridores.
La Cámara Federal de Casación Penal lo resolvió este lunes, por decisión de la sala I, aceptando el pedido de los fiscales Horacio Azzolin, Iara Silvestre y Andrés Heim, así como de los abogados que representan a la madre de Facundo. «Sacamos a la maldita jueza y vamos por Justicia. Hoy mis lágrimas son de esperanza y de Justicia», expresó Cristina Castro, en su estado de WhatsApp.
“Lo veníamos buscando hace más de un año. Planteamos en un primer momento la recusación, que fue rechazada. Ahora adherimos a esto, estamos satisfechos de que se pueda abrir nueva etapa de investigación y el juez que la toma es el mismo que va a investigar la causa conexa de encubrimiento”, remarcó el abogado Leandro Aparicio, en diálogo con Tiempo. Y agregó: “Sobre todo, estamos contentos porque Casación en el último fallo de Ana María Figueroa hace un análisis muy claro de la actuación de la jueza, que no quiso investigar todas las hipótesis”.
«Ha quedado evidenciado que, por las decisiones jurisdiccionales adoptadas y las manifestaciones de la magistrada, las partes acusadoras consideran que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos», escribió Figueroa en su voto.
Los fiscales, al fundamentar su pedido, habían asegurado que mantener al frente del expediente a Marrón «era una sentencia definitiva dado que su continuidad sellará el futuro de la presente instrucción en razón de la parcialidad demostrada en su actuación; circunstancia que […] resulta un gravamen de imposible, insuficiente, inconveniente y tardía reparación ulterior”. Ese pedido había tenido un dictamen favorable por parte del fiscal general ante la Cámara de Casación Javier De Luca, por considerar que la jueza “no practicó ninguna medida conducente” e incorporó a la causa “elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”.
Cómo sigue la causa
“Hay distintas medidas que teníamos pendientes y son importantes. Nos estamos reuniendo con los fiscales pero no podemos decir nada por ahora”, planteó el letrado. Y criticó que la jueza apartada “demoró todo”: “Los fiscales pidieron pericias o secuestros de teléfonos a los que les dijeron que no. La Cámara autorizó un año después. Ahora se van a volver a pedir secuestros e intervenciones de teléfonos de policías que intervinieron antes que se encontrara el cuerpo”.
Aparicio resaltó que “no hay ninguna duda de la responsabilidad de los policías y del encubrimiento por parte del intendente de Villarino, el secretario de Seguridad y operadores periodísticos de esta ciudad. Y vamos también por ellos”, dijo en relación a la denuncia por –entre otras cosas- manipulación de informes para sembrar duda sobre quienes vieron a Facundo ser subido a un patrullero.
Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando salió de su casa en Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia. Fue interceptado por la Policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Desde entonces, permaneció desaparecido hasta que el 15 de agosto del 2020 sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri.
La autopsia realizada por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que el joven murió como consecuencia de una «asfixia por sumersión». Su mamá siempre apuntó a la responsabilidad policial y reclamó la detención de los oficiales de Bahía Blanca que intervinieron. En septiembre un peritaje realizado por Gendarmería Nacional Argentina determinó que la ropa hallada en la mochila de Facundo estaba dañada «con algún elemento químico» y presentaba «cortes y puntazos».
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