Presentaron un proyecto de Ley que busca declarar la emergencia urbanística, ambiental, social y de seguridad pública para una de las zonas más vulnerables y postergadas de la ciudad.
De acuerdo a la norma, se trata del área comprendida en el polígono delimitado por las siguientes avenidas y calles: Independencia, Piedras, Caseros, Gral. Hornos, Dr. Enrique Finochietto, Guanahani, Paracas y Entre Ríos. En este perímetro prolifera la venta de drogas, la prostitución callejera, comercios ilegales que compran los metales que los adictos suelen robar en la zona y casas tomadas. “Los datos que arroja Constitución son realmente alarmantes: sólo para dar un ejemplo, el barrio duplica la tasa de robos con uso de armas de toda la Ciudad, con un 60,40% frente al 27,52% total”, reveló a este diario la legisladora de Unión por la Patria, Claudia Neira, quien colaboró con los vecinos en la redacción del proyecto.
Ante la desidia del gobierno porteño que prefiere dirigir sus recursos hacia otros lugares, acompañando a la especulación inmobilaria en desmedro incluso de la identidad de cada barrio, unos 200 vecinos de Constitución decidieron ser protagonistas de su futuro. Valeria Llobet, investigadora del Conicet y doctora en Psicología, hace décadas que vive allí y contó a Tiempo como surgió la organización: “Empezamos a plantear la problemática desde el año pasado, pero con más fuerza a partir de marzo de este 2023, cuando un hubo una pelea callejera a tiros entre dos criminales, que terminó con un niñito de cuatro años baleado”, explicó.
La investigadora se refiere a un episodio que ocurrió en Avenida Juan de Garay y Lima en el que fue detenido un ciudadano dominicano; mientras que otro de nacionalidad peruana resultó herido con un impacto en el abdomen. El nene estaba en Lima Oeste y Pavón y si bien sobrevivió, tendrá secuelas permanentes. “Todo esto se conjuga con un pico de robos en el barrio”, añadió Llobet, quien describió que desde entonces “distintos grupos de vecinos y vecinas empezaron a sistematizar algunas acciones que se venían llevando adelante: denuncias tanto al 911 como a la Fiscalía Especializada; tenemos 50 lugares en el barrio denunciados; presentaciones en la Agencia Gubernamental de Control por la alta concentración de metaleras que como mínimo son irregulares”.
Los vecinos dialogaron con el presidente comunal, los comuneros e incluso con los distintos comisarios que desfilaron por las dos seccionales de la jurisdicción, pero no cambió nada. O sí, ya que de las dos comisarías que había, cerraron una. “En abril presentamos un petitorio a la Jefatura de Gobierno y nunca fue respondido; le pedimos reuniones al Ministerio de Seguridad, al de Desarrollo Productivo y no nos recibieron”, insistió Llobet, quien recordó también que se solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo desde donde se estaría haciendo un diagnóstico de la situación. “A nivel institucional se tocaron todos los frentes. Recibimos respuestas con buenas intenciones, pero escaso impacto”, concluyó.
Mabel, que vive en el barrio desde hace 20 años, sostuvo que “nuestro barrio se va desmejorando a diario al punto tal que ya se está convirtiendo en una villa. Tenemos una serie de problemas que hacen al deterioro constante: los búnkers de droga, las metaleras o depósitos de papeles, que son una bomba de tiempo”. En ese punto, advirtió que “en una misma cuadra tenemos tres depósitos donde además hay edificios, casas y viven los vecinos”.
“Las metaleras alimentan un círculo vicioso. La gente roba porteros, bronces y cables de la zona para vender en estos depósitos. De ahí van a los búnkers, que en el barrio está minado y se drogan, luego se duermen, se tiran en la calle o se drogan en las puertas de las casas; esperando con sus carros que abran las metaleras para empezar de vuelta el ciclo, haciendo sus necesidades en la calle. Es realmente deplorable”, gráficó Mabel, quien analizó: “hay connivencia con las autoridades, porque si no esto no se daría”.
Según Llobet, el proyecto de Ley busca la creación de un área de gestión para políticas de desarrollo integral que contemple un replanteo urbanístico que “atienda a los puntos de ruptura de la trama del barrio, como son los bajo autopistas, las terminales de líneas de colectivos, los terrenos baldíos, las casas tapiadas o los locales vacíos”. También se busca que se haga foco en ciertos lugares específicos conflictivos, como son algunos pasajes y que se “planteé una revitalización de la planta de viviendas, tanto aquellas que son patrimonio histórico y que están catalogadas, como aquellas que son preservadas porque son previas a 1941 con algún valor arquitectónico”.
De este modo, se pretende un cambio generacional y social de los habitantes. “El barrio tiene la mitad de los hoteles y pensiones de la ciudad y eso contribuye a una vulnerabilidad importante”, argumentó Llobet, quien también se explayó sobre la necesidad de abordar y “atacar” a los depósitos de metales, papeles y otros comercios contaminantes, además de ir en contra de “whisquerías y locales bailables que tienen una vinculación con algunas cuestiones delictivas de otro orden”. Una vez abordado todo lo anterior, la Ley prevé una dimensión turística y de desarrollo cultural y gastronómico muy interesante como la reapertura de Arte Cinema, en Salta y Garay.
La legisladora Neira, quien busca renovar su banca, afirmó que “esta iniciativa se suma a un proceso de construcción de distintas leyes vecinales que venimos llevando adelante con vecinos de diferentes barrios de la Ciudad como Villa Devoto, Palermo, Chacarita, entre otros tantos, para frenar los impactos negativos del Código Urbanístico”.
“En el caso de Constitución -continuó- nos encontramos con la otra cara de la moneda: una zona que sufre un total abandono por parte del gobierno porteño en materia de desarrollo urbano y de políticas públicas en general, y que en definitiva muestra la total falta de planificación que tiene la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que termina resultando en una Ciudad totalmente desigual”.
“Constitución exige que el Gobierno aborde la problemática que atraviesa el barrio de manera integral, declare la zona como área de desarrollo prioritario y garantice la seguridad, porque la falta de medidas en este sentido trae al barrio toda una serie de dificultades para su desarrollo económico, urbano, ambiental y sociocultural”, cerró la legisladora.
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