Sólo por la TV, los dirigentes que impulsan la Superliga esperan recaudar 2800 millones de pesos. Los negocios de Tebas, el presidente de la liga española, con Boca y San Lorenzo.
Procesamientos y ‘salvataje’ judicial en la investigación del Fútbol para Todos
Por Néstor Espósito
La jueza federal María Servini de Cubría volverá a su juzgado, tras una licencia de dos semanas, el próximo 13 de junio. Poco después tiene previsto dictar los procesamientos de los últimos tres jefes de Gabinete del anterior gobierno, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». El borrador de la resolución sostiene que ellos debieron controlar qué hizo la AFA con el dinero que le pagó el Estado Nacional por el programa «Fútbol para Todos».
No está claro qué pasará con otros ex funcionarios, entre ellos el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, José Lucas Gaincerain y Pablo Paladino. Pero Mariano Delorenzi, actual coordinador ejecutivo en la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Fernando de Andreis- y secretario ejecutivo de FPT en 2012, aparece como el mejor perfilado para zafar, al menos en esta instancia.
Delorenzi tiene una antigua relación tanto con Abal Medina cuanto con De Andreis. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo durante 57 días en FPT. Y ahora fue rescatado por el actual gobierno para volver a la función pública.
Ni él, pero tampoco Paladino, Gaincerain y Mariotto, parecen tener responsabilidades sobre las presuntas irregularidades que investiga Servini de Cubría. Pero en una relación de iguales, Delorenzi es más igual que los demás.
En Tribunales circula una historia reciente que cuenta un reproche que recibió uno de los veedores de Servini en la AFA, el ex juez federal Daniel Piotti. «Te equivocaste con el pibe». Se lo dijo Enrique «Coti» Nosiglia, uno de los hombres más influyentes y, al mismo tiempo, menos visibles del actual gobierno. Delorenzi estaba sentado a su lado.
La impronta del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aparece reiteradamente en el expediente.
Cuando Servini de Cubría habilitó la virtual intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) a la AFA recordó la escandalosa elección del 3 de diciembre. «Los resultados terminaron empatados, por haber más votos que votantes, y más recientemente la imposibilidad de establecer la fecha de una asamblea extraordinaria, situaciones que demuestran el precario estado institucional de la entidad rectora del Fútbol Argentino», explicó.
Angelici, dirigente de AFA, no está investigado en la causa. En cambio el panorama amenaza oscuro para varios de sus colegas, especialmente el actual presidente, Luis Segura. Parece inevitable un procesamiento por «defraudación». ¿Cómo se concretó esa defraudación? Servini de Cubría abrió legajos por separado del expediente principal para evaluar distintos mecanismos que supone delictivos.
Uno de esos legajos tiene que ver con el cambio de cheques de pago diferido que recibían los clubes.
La jueza ordenó investigar a las entidades que cambiaron cheques, las «cuevas». El listado insume cinco páginas completas de una resolución que firmó el 6 de mayo pasado. «
Cortocircuito con Servini de Cubría por pago de fondos
N.O.E.
El gobierno nacional intentó convertir a la jueza federal María Servini de Cubría en la «pagadora» de los fondos que el Estado aporta a la AFA en el marco del contrato por el programa Fútbol para Todos (FPT). Pero la jueza rechazó el pedido formulado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, argumentando que esa no era su responsabilidad, ni estaba contemplada como posibilidad en el acuerdo entre ambas partes.
«No es competencia de esta Judicatura la administración ni el reparto de los fondos públicos destinados al Programa Fútbol para Todos», reaccionó rápidamente Servini de Cubría.
En la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en FTP, una de las hipótesis delictivas gira en torno al pago de fondos de la AFA a los clubes mediante cheques de pago diferido.
Esa modalidad, habitual hasta diciembre de 2016, iba a cambiar con el nuevo gobierno. Al menos esa era la promesa. Pero los clubes, a los que la AFA les gira el dinero, siguieron cobrando con cheques diferidos. Y se quejaron.
El 1º de febrero pasado, las partes firmaron un «acta-acuerdo» que modificó los términos del contrato y estableció que «es obligación de la AFA transferir la totalidad de los montos que perciba del Estado a los clubes que integran y que les corresponden, según pautas de distribución de los fondos establecidos, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles desde el día que perciba las cuotas». El entendimiento también estableció que el envío debe efectuarlo la AFA mediante transferencia bancaria». Nada de eso ocurrió.
La responsabilidad (ahora, y también antes) no es del Estado sino de la AFA. Para aventar sospechas, De Andreis le propuso a Servini de Cubría depositar el dinero en una cuenta judicial y que la jueza hiciera el seguimiento. «Se ha resuelto no hacer lugar a lo requerido en la presentación efectuada por escrito respecto al depósito judicial de los fondos», respondió la magistrada.
El juego de influencias en el Gabinete de Vidal
Por Jorgelina Naveiro
La renuncia de Carlos Mahiques generó esta semana el primer recambio en el Gabinete de María Eugenia Vidal. El desembarco de Gustavo Ferrari -quien ya era asesor general del gobierno- fue asociado de inmediato al presidente de Boca, Daniel Angelici. En rigor, no se trata de la primera vez: Mahiques ya había llegado a ese cargo gracias a la misma influencia. Con una gestión que nunca logró arrancar, marcada a fuego por la triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci, Mahiques finalmente optó por una salida elegante: volver a su despacho de juez en la Cámara Nacional de Casación Penal.
Los rumores de renuncia estuvieron desde el comienzo de su corta estadía por la falta de manejo político y de celeridad para gestionar. El escape de la cárcel de General Alvear, justamente, dejó al desnudo que no había tomado las riendas del Servicio Penitenciario y, peor aún, que estaba acéfalo por la renuncia de los funcionarios del sciolismo. No pagó costo político, sin embargo, porque Vidal resolvió que fuera el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien pusiera la cara en la crisis.
Mahiques nunca terminó de encajar en el Gabinete y era blanco de reproches por sus pares por no estar a la altura del cargo. En tren de justificarse, siempre que podía remarcaba que él «no era político». También fue el centro de especulaciones más de una vez, en especial por su interés en la Procuración General de la Corte. Ese cargo es ocupado desde hace 12 años por María del Carmen Falbo y trascendió que era el premio que Angelici le había prometido para venir a la Provincia resignando comodidad y sueldo.
El gobierno desdramatizó la renuncia de Mahiques y cubrió rápido la vacante con Gustavo Ferrari, quien mantiene una relación muy cercana con Angelici y es el secretario general de Boca. Ferrari -que jurará mañana como ministro- inició su carrera política de la mano de Francisco de Narváez, fue diputado por su partido hasta que llegó al Gabinete de Daniel Scioli como asesor general, cargo en el que fue ratificado en diciembre por Vidal.
En diálogo con Tiempo, Ferrari negó que Angelici haya influido en su nombramiento. «Yo ya era ministro, incluso antes del gobierno de María Eugenia Vidal. Que quede claro: ya estaba designado, lo que hay ahora es un cambio de rol dentro del Gabinete. Además es no conocer a Vidal pensar que alguien puede influir sobre ella», sostuvo. Y aclaró que su relación con el Tano «es futbolística». También evitó contestar las críticas de la diputada Elisa Carrió. «No quiero polemizar, respeto las opiniones de todo el mundo. Pero es como cuando se me dice que he estado en la Corte, no sólo estoy en la Corte, estoy en la Cámara, en los juzgados… sí porque soy el abogado de la Provincia, llevo los juicios de la Provincia», argumentó.
En relación a la gestión, Ferrari ratificó al equipo de Mahiques y también al titular del Servicio Penitenciario, Fernando Díaz, quien viene cuestionado por su gestión anterior en ese organismo ya que estaba a cargo cuando ocurrió la «Masacre de Magdalena» en la que murieron 33 presos. «
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