Miembro del Consejo Consultivo Honorario que controla que se cumpla la Ley de Salud Mental, critica los cambios que impulsa el gobierno.
¿Qué modifica el decreto?
Lo significativo es que con un decreto dan vuelta una ley que buscó pasar del paradigma asilar a uno de plenos derechos. Estudiamos los manicomios y vimos que casi el 80% de los pacientes estaba internado más por problemas sociales (falta de recursos o de familia continente) que por sus propios padecimientos. Ahí se agrega otra enfermedad más grave, la cronificación. Eso es lo que destruye, porque genera la supresión de la subjetividad humana. Pasan a ser invisibles.Ahora quieren retornar a ese modelo neurobiológico, donde todo es producto del cuerpo. Se puede ver desde una perspectiva política: quieren borrar el atravesamiento del sujeto por las prácticas sociales. Ahora uno se enfermaría sólo por un proceso químico u orgánico, y nada tendría que ver la angustia por la desocupación, una pérdida, divorcio, o sentirte ajeno del sistema donde vivís, con un Estado ausente, donde la solidaridad es sustituida por la competencia, y lo colectivo pierde protagonismo ante lo individual y lo emprendedor. Esta visión medicalizante que borra el contexto ya viene de la Dictadura, donde se produjo el desgarramiento de la trama social, y al mismo tiempo desaparecían más de 140 profesionales de la salud mental. En este sentido, con este decreto buscan enterrar todos los mecanismos que ayudan a que los derechos de los pacientes no sean transgredidos. Por ejemplo, apuntan al Órgano de Revisión Nacional, encargado de controlar las internaciones involuntarias. Fue el que en 2014 rechazó el uso del electroschock, que luego fue apelado por el Gobierno de la Ciudad. Con el decreto lo quieren sacar de la Defensoría y llevarlo al ámbito de la Dirección Nacional de Salud Mental. El zorro en el gallinero. Otro punto: antes un juez definía las internaciones, sin saber nada de salud mental. Con la ley lo define un equipo interdisciplinario. Por eso se habilitaba a todos los profesionales de las disciplinas de la salud mental a participar de los cargos de conducción, corriendo de la exclusividad al psiquiatra. Ahora, apelan a la Ley del Ejercicio de la Medicina, sancionada por Onganía, donde los únicos habilitados para conducir eran los psiquiatras. La ley de 2010 contempla a otras disciplinas no profesionales, como la artística, por su importancia en el abordaje psicoterapéutico. El Borda, con la Colifata y el Frente de Artistas, es el mayor ejemplo. Esas se quitarían.
¿Qué implica la visión medicalizante?
Tiene que ver con la proyección mundial de las tecnociencias. Detrás de todo está la industria más poderosa del mundo en estos momentos, que es la farmacéutica y los laboratorios. La justificación biológica y genética de todos los padecimientos intenta correr algo que molesta, como es lo social, y posicionarse como un saber hegemónico, un pensamiento único. Pero las personas internadas están más por pobres que por locos. Otro aspecto de la ley que molestó fue el pedido de uso racional de los psicofármacos. Hoy podés ir a los neuropsiquiátricos y ver a los pacientes con determinada cantidad de medicación para que «no jodan». La racionalidad en la prescripción médica está borrada en el decreto. Y sabemos que los laboratorios precisan de un ejército de lapiceras, por eso se le devuelve el poder a la psiquiatría como concepto relacionado a lo asilar. En términos lacanianos, quieren restituir el significante «psiquatría» para bajar el de «salud mental». Y con ella retorna la idea matriz de las internaciones crónicas en neuropsiquiátricos. Hasta de manera chicanera habilitan a los monovalentes como dispositivos «alternativos». E introducen la cuestión del aislamiento como medida avalada por el «arte médico». Retroceden cinco décadas en los términos. Por eso creo que el camino que vamos a tener que recorrer es el de la Justicia. Pero esta corporación es cómplice de este momento histórico neoliberal que apunta a la mercantilización, y no tengo dudas de que hay un cogobierno con el poder político gubernamental. El corporativo es el que verdaderamente domina el área de salud sin ningún control. Acá está la contraprestación.
Esto también iría en contra de una premisa esencial de la ley: la construcción de dispositivos intermedios para la reinserción social.
Totalmente. Para 2020 debían reemplazarse los neuropsiquiátricos por hospitales de día, casas de medio camino, y con internaciones breves y controladas en hospitales generales, con pocas camas, no como lo que Macri intentó en Ciudad en 2008 con 50 camas en diez centros de internación. Eran los macricomios, y por suerte pudimos frenarlos. Lo que quieren es que persistan los manicomios para que existan las clínicas privadas, y que sea la psiquiatría la que determine. En cambio la ley actual apunta a pasar a un modelo de salud comunitaria con puertas abiertas. Emiliano Galende suele decir: si uno se enferma en la comunidad, lo lógico es que encuentre respuesta en la comunidad.«
El Aranguren de la salud
Quien manejará el Órgano de Revisión de la ley será la propia Dirección Nacional de Salud Mental. Su titular, Andy Blake, proviene del sector privado, con años de trabajo en OSDE y Swiss Medical. En sus charlas habla de una «evolución de los paradigmas»: pasó el de salud mental y ahora es el turno de las «neurociencias». Como Facundo Manes, es afín a la UCR, a la que llegó por Coti Nosiglia, dueños de instituciones de la salud. «No tiene carrera en el sistema público. Es un tipo totalmente contrario al psicoanálisis. En la Dirección de Salud Mental de Ciudad tuvo el tupé de meterse en un concurso para psicológos en el Hospital Alvear y determinar que debía tener un perfil cognitivo conductista», sostiene Ángel Barraco. Blake es el impulsor del decreto que busca atentar contra la perspectiva de la salud colectiva y el sujeto como poseedor de derechos. Cuenta con el apoyo del sector privado, beneficiado con la falta de control. Dice Barraco: «Viene a hacer el trabajo sucio, es el Aranguren de la salud mental».
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