Alquileres, Ley Micaela, salud y derechos humanos, los temas que expuso la sociedad civil en el Congreso

Por: Verónica Benaim

La asociación de Inquilinos pidió la derogación del DNU para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres. El padre de Micaela García pidió mantener la legislación vigente sobre violencia contra las mujeres y Estela de Carlotto defendió las normas que garantizan derechos esenciales para los argentinos.

Mientras transcurría una tarde de reuniones furtivas entre el oficialismo y los sectores colaborativos en busca de un dictamen para la Ley ómnibus, se desarrolló en el anexo del Congreso Nacional la segunda jornada informativa con voces de la sociedad civil: alquileres, ley Micaela, Salud mental y derechos humanos fueron algunos de los ejes que tomaron protagonismo este martes..

Los inquilinos agrupados en la Federación Nacional que lidera Gervasio Muñoz pidieron que se “le dé de baja al DNU” para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres. “Mientras que hablan de la libertad y democracia por DNU vienen a derogar una ley que tuvo un debate enorme y genera suspicacias que la Cámara Inmobiliaria defienda esto”, expresó Muñoz. En su exposición, manifestó que la derogación de la norma “favorece al mercado inmobiliario” y recordó que pocos meses atrás estuvieron en el Congreso las organizaciones inquilinas, los representantes del mercado inmobiliario: «Hace pocos meses se votó una ley en el Congreso Nacional. Es una ley que estuvo en debate mucho tiempo y que así y todo el año pasado se convirtió en ley”.

El titular de la Federación de Inquilinos resaltó que “no existe país en el mundo en donde no haya ningún tipo de regulación para alquilar vivienda. Es un experimento que se está haciendo en Argentina y tiene consecuencias muy graves”.

Muñoz denunció que “se firman contratos por tres o seis meses”. En ese sentido, planteó: “Quisiera saber si algún legislador estaría dispuesto a alquilar una vivienda, si están dispuestos a firmar un contrato por tres meses y no saber si sus hijos van a poder seguir yendo a la misma escuela o sencillamente no saben a dónde van a ir a vivir en seis meses”.

Finalmente, cuestionó las cifras de actualización de alquileres que se registran en la actualidad: «Vemos entre un 200 y un 300% en las renovaciones de los contratos de alquiler, ¿ustedes creen que los propietarios, como no hay marcos regulatorios van a bajar los precios? En el DNU plantean que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento y eso caracteriza mucho al gobierno nacional. Es muy difícil imaginar las consecuencias de una magnitud como ésta que ya no solo son para los que alquilamos, sino que es una consecuencia social. La única forma de evitarla es que le den de baja al DNU”.

Por otro lado, también dio su opinión, el padre de Micaela García, Néstor García, quien reclamó por la reforma que se busca sobre la Ley Micaela. El Ejecutivo establece que esta norma sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige la capacitación obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. Los cambios están previstos en los artículos 535 a 540.

Leandro Cahn, de la Fundación Huésped
Foto: Prensa Diputados

Para Néstor García, esta reforma “es como prácticamente derogar la ley”. “Violencia familiar no es lo mismo que violencia de género. Esto es muy grave”, enfatizó.

Y explicó que “se pretende solamente capacitar a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los organismos competentes en la materia” cuando “se supone que son las personas que conocen de la temática”.

Por zoom la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto señaló que “es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad de normas que establecen derechos esenciales para los argentinos”.

“Somos un país referente en derechos humanos, por habernos hecho cargo de nuestra historia y a partir del dolor emprendimos un camino de lucha y fortalecimiento de nuestros derechos”, añadió.

«El sistema de salud atraviesa una crisis. ¿Cuál de sus múltiples problemas resuelven esta ley y el DNU? Ninguno. Por el contrario, los agrava», dijo a su turno el director ejecutivo de la Fundación Huésped Leandro Cahn, ante el plenario de comisiones. Y sentenció: «Destruir lleva un instante, construir lleva varias generaciones».

Por su parte, Marina Charpentier, madre del músico Chano Charpentier, celebró que la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos «hable de prevención» en materia de salud mental, pero sostuvo que la iniciativa «está hecha desde un escritorio» y pidió a los legisladores que «salgan a la calle y hablen con los pibes».

«La ley será muy buena, pero es teórica, así como no se no se puede hacer desaparecer la inflación sin tomar medidas», aseveró Charpentier y se preguntó: «Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar ni criar un hijo».

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