La Asamblea del organismo condenó el atentado contra CFK. Blinken y su "ayuda" escasa para migrantes y para refugiados.
La única decisión que se pudo tomar por unanimidad es la que condenó el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sin entrar en detalles, se aceptó que se trató de un episodio derivado de la siembra de odio de la ultraderecha argentina. Después, todo fue a medias. El canciller norteamericano Antony Blinken anunció que su país otorgará una “ayuda” de 240 millones de dólares para atender a migrantes y refugiados (en marzo de 2021, durante una gira por Centroamérica, la vicepresidenta Kamala Harris había prometido 4000 millones). Aunque el monto es mínimo y resulta irritante comparado con las multimillonarias partidas semanales que se destinan al barril sin fondo, y sobre todo sin control de Ucrania, todos se limitaron a tomar nota, sin hacer comentarios.
Pese a que la estrella de la Asamblea fue el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que se ignora por disposición e invitación de quién abrió el encuentro con un video en el que aludió a la actitud que tendrían hoy ante su país los Libertadores americanos, el respaldo a su causa empezó a caer. En marzo y abril fueron 28 de 34 países los que apoyaron al presidente y le sacaron a Rusia su status de observador permanente. Ahora, en la cumbre de Lima, cayeron a 24 y en la nómina no están países de la entidad de Argentina, México y Brasil. El proyecto de resolución fue propuesto por el discutidamente democrático Guatemala y aplaudido por EE UU y Paraguay.
Como en asambleas anteriores, Venezuela fue uno de los blancos de Almagro y EE UU, que esta vez habló por una voz de la primera línea, el subsecretario para Asuntos Americanos, Brian Nichols, un negro de raíz demócrata y ancestros africanos que ha servido a la diplomacia de su país en varios destinos americanos y al que los republicanos humillaron cuando el Congreso trató su venia de embajador. Nichols insistió en pedir una resolución de condena a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Almagro recordó cuando el año pasado “lo felicité, manifestando las ansias de continuar la sólida comunión entre Estados Unidos y la OEA para fomentar más democracia, derechos humanos, desarrollo sustentable y seguridad para las Américas”.
Aunque Nichols y Guatemala insistieron, y en algún momento auguraron un fracaso de la cumbre que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrará el 26 de octubre en Buenos Aires, “sus” proyectos de resolución no prosperaron. Es más, un bloque de gobiernos latinoamericanos aumentó la presión contra el líder de la ultraderecha venezolana, Juan Guaidó, aunque no logró aprobar una moción para discutir la permanencia de su representación en el bloque. La iniciativa, promovida por 11 países encabezados por Antigua y Barbuda, no logró el apoyo de los dos tercios requeridos para ser incluida en el temario de la Asamblea (19 países se pronunciaron a favor, entre ellos México, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Honduras y las naciones anglófonas del Caribe).
Al cierre de la cumbre, un despacho periodístico sorprendió a los participantes. La agencia noticiosa norteamericana Associated Press (AP) distribuyó un cable en el que notificó que “la OEA abrió una investigación contra Almagro, tras acusaciones de que estableció una relación íntima con una funcionaria de origen mexicano. La carátula del caso es ‘Presunta mala conducta de un alto funcionario’”. AP dijo que el romance entre Almagro –casado con la sudafricana Marianne Birkholtz y padre de siete hijos– y su subalterna, “dos décadas menor que él”, es un “secreto a voces”, según versiones de funcionarios y muchos diplomáticos.
La página web de la OEA explica que su Código de Ética “no pretende regir la conducta privada de los funcionarios, excepto cuando interfiera o afecte la capacidad de ejecutar las tareas de su puesto o afecte el lugar de trabajo o perjudique la imagen general de la entidad”. La nota periodística impactó al mundo diplomático porque pareció evidente que fue divulgada en un momento especialmente elegido –en plena cumbre–, y a sólo 12 días de la destitución del ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cubano-norteamericano Mauricio Claver-Carone, por un caso sorprendentemente similar. Almagro ha sido cuestionado por pedir una intervención militar en Venezuela, violando el principio de libre determinación, y por promover el golpe de Estado que destituyó a Evo Morales en Bolivia, pero esos ítems no figuran en el Código de Ética de la OEA.
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