Un informe estima que el primer semestre tuvo un rojo de 1,9% del PBI. Se agotó el Aporte Solidario y otros tributos, como la Renta Inesperada, no pasan el filtro del Congreso.
La cifra es casi dos veces y media los $ 566 mil millones establecidos como meta para la primera mitad del año en el acuerdo suscripto entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Y se acerca peligrosamente al 2,5% del PBI fijado como objetivo para todo 2022, cuando queda medio ejercicio por desarrollar.
El estudio de la OPC (un organismo que realiza estudios para apoyar la labor del Poder Legislativo) determina como una de las principales razones del déficit la disparada de los subsidios a la energía, que crecieron 38% en términos reales (esto es, descontada la inflación). Por allí se fueron $ 764 mil millones, suma que, por ejemplo, supera todos los gastos en personal ($ 653 mil millones).
A diferencia de los informes oficiales del Ministerio de Economía, que calculan las cuentas fiscales según el criterio de caja (lo efectivamente abonado), la OPC considera los gastos devengados, aquellos en los que se ha incurrido y todavía pueden estar en proceso de pago. Eso genera algunas diferencias. De todas maneras, son un indicador de que el panorama fiscal es mucho más complejo de lo que pintaba.
Quizás esto explica el operativo de contención del gasto público que lanzó la ministra de Economía, Silvina Batakis. «No vamos a gastar más de lo que tenemos», dijo al anunciar que usará el sistema de caja única, por el que su Ministerio liberará partidas a cada repartición sólo en la medida en que haya fondos disponibles. «Queremos garantizar la solvencia del Estado. Debemos retomar el sendero del equilibrio», dijo Batakis.
Claro que el margen de acción en ese sentido parece ser reducido. El caso de los subsidios es un buen ejemplo: el secretario de Energía, Darío Martínez, calculó que la segmentación tarifaria puesta en marcha esta semana permitirá al gobierno ahorrar hasta diciembre $ 15 mil millones, apenas un 0,02% del PBI, y unos $ 80 mil millones el año que viene, cuando el mecanismo esté más aceitado.
¿Y los ingresos?
El informe de la OPC hace hincapié en otra cuestión clave: el estancamiento de los ingresos fiscales, que bajaron levemente en términos reales (-0,1% interanual). Para el organismo, «esto obedece a la alta base de comparación generada por la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario, la que acumuló $ 144.402 millones al mes de junio de 2021 y $ 3662 millones a igual mes de 2022». El viernes, el juez en lo Contencioso Administrativo Walter Lara Correa rechazó un pedido de inconstitucionalidad sobre ese impuesto y en su fallo ponderó que lo recaudado sirvió para «la adquisición de vacunas contra la enfermedad (Covid-19), compra de equipamiento médico, manutención del empleo, fomentar la educación, el servicio público y el apoyo a los grupos vulnerables».
El grueso de ese tributo ya fue cobrado y las alternativas para reemplazarlo languidecen. En ese lote entra el impuesto a la Renta Inesperada, que iba a generar unos $200 mil millones por año. El proyecto, similar al que en España anunció el presidente Pedro Sánchez, sólo alcanzaría a 350 empresas con ganancias por más de $ 1000 millones anuales. Batakis habló del tema con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Pero la debilidad política del gobierno parece frenar su aprobación, al igual que la creación del Fondo Nacional de Cancelación de Deuda al FMI y una eventual suba de retenciones.
A contramano del propósito de reducir el déficit, la oposición propuso en el Parlamento eliminar el Impuesto sobre los Bienes Personales, que según la AFIP generó $ 178.857 millones en el primer semestre del año. Lo impulsa Martín Tetaz, economista y diputado de Juntos por el Cambio. «La tendencia moderna es agravar los flujos y no las fuentes que los generan, porque esta última conducta reduce los incentivos para acumular capital», argumentó. «
El Banco Central volvió a asistir monetariamente al Tesoro. El viernes 8 de este mes le giró $ 140 mil millones en concepto de adelantos transitorios, según las estadísticas conocidas esta semana. Unos días antes había girado otros $ 55 mil millones, con lo que el total en el año alcanza a $ 630.051 millones.
El respaldo del Central ahora se verá reflejado en otro ámbito: el de las licitaciones de deuda. El titular de la entidad, Miguel Pesce, ofreció a los bancos una opción de venta (put option) sobre los bonos y letras del gobierno que compren de ahora en más. Esto asegura a las entidades financieras que tendrán a quién venderle los títulos públicos, a cambio de una prima, en caso de un derrumbe del mercado. En el Central confían en que con esto los bancos aceptarán usar sus excedentes de liquidez para financiar al Tesoro.
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