Organizaciones ambientalistas, con Greenpeace a la cabeza, rechazaron un acuerdo entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el director de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Breard, por el cual si bien se busca avanzar judicialmente contra empresas petroleras que generaron contaminación, se desafectarían unas mil hectáreas de zona protegida en el Parque Nacional Calilegua, enclavado en medio de las selvas tropicales del este de esa provincia. La cuestionada Resolución 576/18 fue refrendada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman.

El Convenio de Regularización del Parque Nacional Calilegua determina que «la provincia elaborará un Plan de Remediación Ambiental y Cierre Técnico del Yacimiento CNO 3 Caimancito», ubicado dentro del parque. A estos fines, continúa, «la Nación establecerá una condición suspensiva de dominio y jurisdicción concediendo el uso y goce de dicha área a la provincia».

De ese modo, la Secretaría que conduce Bergman evita hacerse cargo de los gastos inherentes a la remediación del daño ambiental, y es también, en teoría, el Estado jujeño el que se reserva la facultad de accionar judicialmente contra las petroleras.

«Si bien celebramos la decisión de avanzar en la remediación ambiental y el cierre definitivo de los pozos petroleros dentro del área protegida, repudiamos y advertimos la ilegalidad que implica desafectar para ello 1000 hectáreas de área protegida nacional», sostuvo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

El Parque Nacional Calilegua fue creado en julio de 1979 y es «zona núcleo» de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la Unesco. Son 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de la Argentina, que alberga la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Sin embargo, desde su propia creación se consideró que el Yacimiento Caimancito debía ser conservado.

«No es justificable que esa zona ahora deje de ser un área protegida nacional cuando se planea su saneamiento, sean cuales fueren los organismos nacionales y/o provinciales que lo realicen», agregó Cruz.

Remediación pero no desafectación, ese es el reclamo de las organizaciones, que entienden que las modificaciones de las leyes ambientales «no deben significar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario incrementarlos».

Consideran que la enajenación de parte del Parque Nacional contradice el principio de «no regresión ambiental», recientemente consagrado por resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza. «