El presidente expuso en el Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las Personas organizado por la OIT. Aseguró que en el acuerdo con el organismo de crédito se busca "estabilidad financiera que propicie la tranquilidad de los negocios y las inversiones".
Las declaraciones del presidente sobre la legislación laboral y de los «grupos más vulnerables», se produjo luego de que se filtrara el borrador del acuerdo con FMI en el que se anuncia que se va a evaluar la posibilidad de revisar los regímenes especiales jubilatorios, es decir, las jubilaciones de privilegio. En ese marco, el presidente y el ministro Martín Guzmán salieron a aclara que no habrá reforma jubilatoria, y que sí se revisarán las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y el Servicio Exterior, es decir, los diplomáticos y diplomáticas.
Denunció que “hoy la arquitectura financiera internacional es la que marca los desequilibrios y no acompaña a la economía real y mucho menos a la justicia social”, y en este sentido expuso que la Argentina “se encuentra en el proceso de negociación de su deuda externa y buscando los equilibrios redirigidos hacia el espíritu de la nueva normalidad”.
“Resulta imprescindible que los créditos internacionales no condicionen los procesos de desarrollo en crecimiento, equidad y justicia social”, pidió al tiempo que advirtió que “solo así podremos concretar políticas orientadas a realidades tangibles, lo que se ha denominado el “acelerador de empleo” que propicia el Señor Secretario General”.
“Las distintas formas de desigualdades fueron exacerbadas con la pandemia hasta convertirse en una verdadera ´nueva cuestión social´ que hoy nos exige, presurosos, la búsqueda de alternativas que protejan y dignifiquen a las personas excluidas y más vulnerables”, señaló el mandatario durante su presentación, en un panel que compartió con sus pares de Suiza, Ignazio Cassis; de Senegal, Macky Sall; y de Indonesia, Joko Widodo; y con el canciller de Alemania, Olaf Scholz.
El evento, que se desarrolla entre hoy y el jueves, congrega a jefes de Estado y de Gobierno, directores de organismos y bancos multilaterales, representantes de empleadores y de trabajadores con el fin de reforzar, mediante la cooperación multilateral y tripartita, la respuesta de la comunidad a la crisis del COVID-19 en todo el mundo.
También contó con intervenciones del director general de la OIT, Guy Ryder; la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus; el secretario General de la ONU, António Guterres; y la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, entre otros líderes.
Fernández valoró la realización de esta iniciativa que “tiene como eje central de preocupación reparar las injusticias de este mundo globalizado”, así como su “llamado a la acción, que compromete a los países a trabajar juntos con el sistema multilateral para una recuperación económica y social de la crisis que sea totalmente inclusiva, sostenible y recipiente”.
Y reclamó, asimismo, la necesidad de “fortalecer las políticas contra las desigualdades de género, educativas, económicas y sociales, que hagan efectivo el objetivo 8 de la Agenda 2030: crecimiento económico inclusivo y sostenido para crear empleo digno para todos y mejorar los estándares de vida”.
“En este complejo escenario de la pospandemia, el trabajo de calidad debe posicionarse en el centro de las políticas económicas, productivas, financieras y comerciales”, dijo, acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
En esa línea, subrayó la importancia de crear, a nivel mundial, “al menos 400 millones de nuevos puestos de trabajo, principalmente en las economías verdes y de los cuidados, de ampliar los pisos de protección social al 50 por ciento de las personas que carecen de ellos, y de extender la acción climática para el empleo a efectos de acelerar el progreso hacia una economía mundial neutra en carbono”.
Al detallar una serie de medidas que “acompañen el ideario de un mundo más justo y equitativo”, requirió la inclusión de una “iniciativa de las Naciones Unidas que aborde la discusión de la deuda y el crecimiento económico con justicia social, y la arquitectura de los órganos financieros internacionales con participación de los actores del mundo del trabajo de la economía real”.
En otro tramo de su exposición, reafirmó la “necesidad de impulsar una iniciativa mundial que asegure, efectivamente, el acceso universal a las vacunas contra el COVID-19”, así como implementar “políticas activas de empleo que estén orientadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores” y “establecer una hoja de ruta para movilizar los fondos necesarios para el desarrollo y la producción en la transformación hacia la economía verde”.
También llamó a impulsar a nivel nacional un “diálogo social institucional para procesar las transiciones económicas, sociales, técnicas y ambientales”; e instó a “promover el tránsito de la informalidad a la formalidad laboral con derechos para todos los trabajadores”.
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