En el marco de un escenario atípico, sin invitados con motivo de las normas sanitarias de prevención por la pandmeia, ante 90 legisladores y el gabinete nacional, con los 24 gobernadores y los cinco integrantes de la Corte Suprema conectados de manera virtual, Alberto Fernández dio inicio a la Asamblea Legislativa con un fuerte discurso que tuvo el anuncio del la querella criminal por administración fraudulenta al gobierno anterior por el préstamo ante el FMI. Durante más de dos horas, el presidenta también detalló el manejo de la pandemia, puso el foco en el esperado crecimiento con la obra pública como motor, la búsqueda del federalismo, un repaso de los avances en materia de género y la reforma judicial.
“Vengo a proponerles que nos tomemos un momento de reflexión colectiva, en circunstancias tan excepcionales como la que nos toca vivir”, comenzó Fernández, con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kichner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a cada lado. «Atravesamos una crisis sanitaria que en el caso argentino coincidía con un escenario de extrema debilidad económica y social. Una economía endeudada como nunca había estado. Y un sistema de salud quebrado, que dejaba vencer vacunas. Debíamos enfrentar incendios sabiendo que otros habían terminado con el agua. Pese a eso, pudimos desplegar medidas para mitigar el impacto. Invito a sentirnos reconocidos como sociedad. La Argentina pertenece a los numerosos países que sus gobiernos hicieron todo lo que estaba al alcance para mitigar la enfermedad y la muerte. En 2020 hemos tenido un logro inmenso: evitamos que se saturara el sismeta de salud. El espanto de lo que veíamos nos dieron la energía necesaria a hacer frente a semejante tragedia», aseguró y señaló que «cualquier razón se volvió válida para convocar a banderazos».
Medidas para pasar la pandemia. «Fuimos capaces de impulsar medidas económicas y de protección social. Impusimos el congelamiento de los precios. Decretamos el pago del IFE, que alcanzó a nueve millones de personas. Nunca se había dado una política de ese alcance en la historia argentina. Creamos el sistema ATP, con el 70% de los empleadores asistidos por el estado para el pago del salario de los trabajadores. Las políticas sociales han provocado que 2 millones de personas no cayeran en la pobreza y 4 millones, en la indigencia. La enumeración anterior no expresa un sentimiento triunfalista. Somos consientes de que esto no terminó. El problema no terminó. Nos hemos cuidado. Y debemos seguir cuidándonos colectivamente».
Vacunas. «El gobierno dialogó y dialoga con distintas empresas que fabrican vacunas. Argentina y México producimos juntos la vacuna de Oxford-AstraZeneca para todo el continente. Desde fines de diciembre estamos recibiendo a un ritmo menor que al que acordamos inicialmente de la vacuna de Sputnik. Recibimos de AstraZeneca. Y en los últimos días de Sinopharm. Sabemos los problemas que atraviesa el mundo por la escasez y la desigualdad: solo el 10% de los países tiene acceso. Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Avanzamos semana a semana. Pero las reglas se deben cumplir. Si se comenten errores, se corrigen de inmediato. Cuando fueron transgredidas las normas, aún cuando en lo personal me causaron mucho dolor, tomé las decisiones que me correspondían. Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el gobierno de no cometer errores. Pero todo gobierno sensible debe corregir cualquier indicio de privilegio».
La oposición. «No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bienintencionadas. Tampoco para dejarme aturdir de críticas maliciosas que responden a poderes económicos concentrados para profundizar las heridas que como sociedad cargamos. Es necesario que todos hagamos un análisis introspectivo para saber qué hicimos hasta acá para sobrellevar esta crisis. La pirotecnia verbal solo nos aturde y nos confunde. Algunos sectores han lanzado petardos cargados de falacias. Nos acusaron penalmente por envenenar a la población cuando dispusimos la aplicación de la vacuna. Todos ellos, lanzaron los dedos acusadores reclamando que el supuesto veneno era insuficiente. El primer análisis introspectivo que debieran hacer podría pasar por la observación de sus acciones cuando tuvieron el gobierno en sus manos. Albergo la esperanza de que hagan un mea culpa y entierren el odio para ayudar a un país que anda arrumbado. También albergo el deseo de que lo hagan que quienes detrás de la objetividad escriben en nombre de los intereses de los poderes concentrados bombardean mi gestión».
Deuda. «El gobierno que me precedió pidió el préstamo más grande de la historia al FMI. Los 44 mil millones de dólares se esfumaron antes de que asumiéramos en diciembre de 2019. Con firmeza y esfuerzo hemos logrado la renegociación de la tóxica deuda externa privada que nos permitió el ahorro de 34 mil millones de dólares en diez años. Es imperioso que afirmemos nuestro compromiso de que nunca más que se consiga un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de préstamos irresponsables. Quiero agradecer el apoyo de líderes y lideresas del mundo en esa negociación. Sin embargo el problema no ha concluido. Aún nos queda resolver nuestra deuda con el FMI, particular por sus montos y sus formas. El más alto de su historia. 44 mil millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia del gobierno de entonces. Ese monto debe ser pagado en cuatro años. EN 2022 esa cifra alcanza a 18.092 millones. El año siguiente, el monto asciende 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago se cancela abonando 4.921 millones de dólares. Doy estas cifras para que cada argentino y cada argentina comprendan la magnitud del problema que han creado quienes me precedieron. Ahora sabemos por boca del director del BID que semejante préstamo fue para favorecer la relección del presidente Macri. Que la toma de semejante crédito haya sido resulta entre gallos y medianoche, con total irresponsabilidad no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo. Conoce lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos casos aparecen los mismos actores, los mismos privilegiados y las mismas víctimas. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal para determinar quienes han sido partícipes de la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La inquietud que aquí nos plantemos parece ser compartida en el seno del FMI. La historia da cuenta de que hemos sido nosotros los que desendeudamos a nuestra patria. No elegimos el camino de incumplir. Sería importante que quienes han sido responsables en el pasado reciente de sumir a la Argentina en esta tragedia reconozcan sus errores y al menos tengan sobriedad. Una deuda tomada por un gobierno irresponsable con motivos políticos requiere un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanto desdén no puede ser visto como un caso más. Quiero advertir a todos que el acuerdo al que lleguemos con el FMI será resultado de todos los tópicos aquí mencionados. No queremos apresurarnos. Apuro tienen los pícaros de siempre. Nuestro apuro es para sacar a las familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza. Dije al asumir que mis prioridades estaban en los últimos. No va a haber ningún ajuste».
Obra pública y crecimiento. «Todo el trabajo hecho en la renegociación nos permite liberar recursos para las obras públicas que nos permitan poner a la Argentina de pie. Será prioridad en 2021. Al inicio de nuestra gestión encontramos al 70% de las obras paradas. Que cada familia tenga un techo sigue siendo un objetivo a cumplir. Nadie se salva solo. Es central redoblar esfuerzos para que el crecimiento le gane a la inflación. Creemos en el diálogo, pero eso no significa que el Estado resigne sus funciones. La creación de trabajo debe ser la principal política social que asumamos. Esta recuperación es un objetivo prioritario para 2021. La recuperación está siendo más veloz de lo que pensábamos hace unos meses. Proponemos incrementar los montos del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Recuperar el salario medio de la Argentina es un desafío.
Federalismo. «Un país central opulento que contrasta con un norte empobrecido y una Patagonia postergada no es un país justo. Debemos poner todos nuestros esfuerzos para terminar las asimetrías. Todas nuestras políticas están definidas por este enfoque federal. Aún anhelo que cada argentina y cada argentino encuentren en las tierras en las que nacen el camino para poder desarrollarse y ser feliz».
Tarifas. «He dicho una y mil veces que las taridas deben corresponderse con la posibilidades patrimoniales de quien recibe el servicio. Deben ser justas, diferenciales y asequibles. La pesadilla de decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos ha llegado a su fin. La formación del nuevo cuadro tarifario va a llevar meses. Enviaré al Congreso una ley que declara los servicios públicas en emergencia para desdolarizarnos y adecuarlos a una economía que los ingresos son en pesos».
Violencia de género: «La violencia de género es un delito intolerable que azota a las mujeres y a las diversidades. Quiero proponerle una política de Estado contra estas violencias con acciones muy concretas. Es necesario un gran consenso como el del Nunca Más contra la violencia de género, un un delito intolerable». Además repasó los avances en el cupo laboral trans, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la aplicación de la Ley Micaela.
Justicia. «El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales y defensores tienen privilegios que no goza ningún otro miembro de la sociedad. No pagan impuesto a las ganancias como otros millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. Acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La vinculación corporativa ha permitido que se queden en sus cargos más allá de la edad que la jubilación impone. En la Argentina hay un fiscal procesado por un delito tan severo como espionaje ilegal y sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. No se le aplica la prisión preventiva de personas cuando su poder residual puede afectar la investigación. Es cierto: su poder no es residual, está vigente. También observamos como sale a la luz un perverso sistema de jueces, fiscales, periodistas y presuntos espías para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo transcurre como si nada. Algún miembro de este congreso detectó la visita de jueces de la casación al entonces presidente Macri días antes de dictar sentencias contra quienes eran sus opositores políticos. Hubo decisiones judiciales llamativas como el lanzamiento de un per saltum que le otorgó extrema gravedad institucional al traslado de dos jueces. Todas estas dudas me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo de cómo funciona la institución judicial. Viendo todo esto quiero pedirle al Congreso Nacional, con muchísimo respeto, que asuma el rol de control cruzado sobre el poder judicial. Hace años que vengo advirtiendo sobre estos desvíos que no toman trascendencia pública. Vivimos tiempo de judicialización de la política y de politización de la justicia. Asistimos a condenas instantáneas y procesos que afianzan el clima de impunidad. Enviaré un proyecto de ley para el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de delitos graves en el ámbito federal, una cláusula de 1853 que nunca se hizo operativa. Será el pueblo constituido en jurado popular quien podrá dictar veredictos ante las conductas criminales. Ya no serán jueces aislados los que hagan de la ley lo que les plazca. También buscaré el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema y reformas destinadas a fijar la exacta competencia del máximo tribunal». Además aseguró que promoverá un proyecto de ley que «reformula» el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para «despolitizar ese ámbito».
