Alberto, Axel y el juego del ahorcado

En 2020, la economía argentina estará regida por una antigua maldición: la deuda. Los números son escalofriantes. El dato más apremiante surge de los pagos comprometidos a corto plazo. Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), entre enero y junio de 2020 el Tesoro Nacional deberá cancelar vencimientos por 45 mil millones de dólares. De ese total, 19 mil millones (42%) están nominados en moneda extranjera, y unos 26 mil millones en moneda nacional. Si se excluye la deuda intra Estado, los vencimientos ascienden a 24 mil millones de dólares, con la mitad nominada en dólares.

El peso de la deuda condiciona fuerte el mandato de Alberto Fernández. Los vencimientos trepan a los 200 mil millones de dólares entre 2020 y 2023. Gentileza de Mauricio Macri, que hizo escalar el endeudamiento del 52% del PBI en 2015 al 81% del segundo semestre de 2019, momento en el que entregó el mando de un país desahuciado.

Alberto F. se refirió varias veces a esa «herencia» durante la campaña, pero el legado de Macri fue perdiendo peso en la agenda comunicacional del gobierno con el correr de la gestión. «No queremos aparecer como quejosos que echan culpas al gobierno anterior. En la etapa inicial del mandato, es una señal de debilidad», explica un alto funcionario de gobierno. Ya se verá si la estrategia resulta acertada, pero por lo pronto tiene un riesgo: que la sociedad pierda de vista el espantoso punto de partida de las modestas medidas de «alivio» que ejecuta un gobierno escaso de cash. 

En el oficialismo hay disensos sobre la conveniencia de machacar, o no, sobre la herencia macrista. El ministro de Cultura Tristán Bauer, de hecho, realizó Tierra arrasada, un documental donde se describen las consecuencias de la experiencia Cambiemos. Pero la copia no circuló mucho más allá que la concurrida avant premiere. Acaso un gesto de subordinación a la estrategia gubernamental.

El término «tierra arrasada», sin embargo, formó parte del lenguaje triunfal del Frente de Todos. Axel Kicillof lo utilizó para describir lo que le esperaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires, un distrito donde el monstruo grande de la deuda pisa tan fuerte como en la nación.

A fines de este mes Kicillof debiera pagar vencimientos por 725 millones de dólares. El monto forma parte de los U$S 2700 millones de deuda que Buenos Aires debe afrontar en 2020. El 85% de las acreencias son en moneda extranjera, y el grueso de los vencimientos (unos 2100 millones de dólares) se acumulan en el primer semestre.

Una consecuencia directa de esa bola de deuda fue el ahogo político que Kicillof sufrió en las primeras semanas de gestión. A sabiendas de las frágiles condiciones financieras que legó, la exgobernadora María Eugenia Vidal dispuso que su tropa exprima al máximo el toma y daca de cargos y beneficios económicos antes de convalidar la actualización impositiva que Kicillof necesita como agua para pagar la cuenta.

Inexperto en el cenagoso sistema político bonaerense, el gobernador se empantanó con los acuerdos-trampa que le plantó la oposición. Una de ellos fue, precisamente, acordar un armisticio para que la «tierra arrasada» de las finanzas bonaerenses no llegue al ámbito judicial. El gobernador dijo en público que no lo mueve un ánimo de «revancha» en su obligado vínculo con la gobernadora (dueña del quórum en el senado provincial), pero igual ordenó hacer una auditoría sobre la situación del Estado bonaerense. El devenir de la convivencia política determinará si el paper se transforma en expediente.

«El compromiso con el FMI es alcanzar un superávit de 1% del PBI para 2020» detalla un informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), de la Fundación Germán Abdala. «Como vemos, aún sin política fiscal expansiva, la proyección marca un déficit de -1,6% del PBI. En consecuencia, habría que hacer sobre ese escenario neutro, un ajuste de 2,6% del PBI para alcanzar la meta» este año. En el contexto de crisis social que legó el macrismo, concluye ITE, «un ajuste de esa magnitud está muy lejos de ser políticamente posible».

Apremiados por la deuda, sin embargo, los gobiernos de Alberto F. y de Kicillof parecen dispuestos a hacerlo, aunque de un modo poco habitual: transfiriendo el mayor peso del «ajuste» sobre los que más tienen. La imposición de nuevos esquemas tributarios progresivos, como la modificación de Bienes Personales en nación y el incremento del inmobiliario rural para grandes latifundios en provincia, son pasos en esa dirección. Gestos que muestran la «voluntad de pagar» la abultada cuenta que dejó el macrismo sin prorratear el costo a ricos y vulnerables por igual. El camino, sin embargo, debiera desembocar más temprano que tarde en una reestructuración de la deuda que condiciona y posterga el programa de fondo que necesita el país.

Hay que pasar el verano. Es el plazo que el gobierno imagina que tendrá para surfear en un mar de precios, tarifas y salarios congelados hasta llegar al acuerdo con los acreedores. Pero en las últimas horas el mar se embraveció. El viernes, el gobierno de Estados Unidos le advirtió a la Argentina que sus «aliados de izquierda ponen en peligro el acuerdo con el FMI». La amenaza fue formulada el mismo día que Donald Trump ordenó matar a un venerado político iraní. Primera consecuencia: subió el precio internacional del petróleo y recalentó el lobby petrolero local, que clama por aumentar los combustibles.

Será un verano caliente.

Total normalidad.«