El presidente fue el primer mandatario latinoamericano en reconocer al actual presidente del país andino cuando ganó. Se suma a su apuesta por el MAS en Bolivia y por Lula en Brasil.
En medio de una crisis institucional y política profunda, Perú se encamina a tener un gobierno cuyos dirigentes surgieron de los sectores populares, a partir del pronunciamiento de la justicia electoral. El jefe de Estado argentino había jugado fuerte a favor de Castillo, al pronunciarse de manera pública en medio del acoso judicial de la oponente Keiko Fujimori quien perdió en el balotaje del 10 de junio.
Desde Cancillería confirmaron a Tiempo el viaje de Fernández, quien en un primer momento había apoyado a la candidata Verónika Mendoza, dirigente de izquierda más vinculada a los sectores medios urbanos, a diferencia del origen rural del docente Castillo. En mayo ambos dirigentes formaron una alianza para enfrentar en el balotaje a Fujimori y lograron superar el 50% de los votos.
Castillo proviene de una formación de izquierda tradicional no atravesada por el feminismo, por lo que, al principio de esta carrera electoral, se pronunciaba en contra del aborto y el matrimonio igualitario.
Sin embargo, en medio de este tumultuoso proceso electoral, la necesidad de construir alianzas con sectores cercanos, llevó a Castillo y a Mendoza, -quien se pronunció a favor de la despenalización y definió la obligatoriedad de gestar como “tortura”-, a formar un vínculo que transcenderá lo electoral y que los obligó a debatir y sintetizar posturas. Ahora esta alianza se verá desafiada por la nueva etapa en el gobierno.
La asunción de Castillo, el miércoles 28, coincidirá con la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, última escala de la gesta libertadora del General José de San Martín.
Según las fuentes oficiales, el gobierno analiza este triunfo de Castillo como una posibilidad de sumar otro aliado en el continente. Hasta el momento, Fernández viene acertando con los movimientos geopolíticos. El primero fue la visita en la cárcel a Lula en julio de 2019, desde donde dijo: «Busco llamar la atención sobre la injusticia que implica su detención». Ahora Lula es el candidato que más mide para las elecciones del año que viene en Brasil, tras la crisis política y social que desató Jair Bolsonaro.
Meses después, a principios de noviembre, ya como presidente electo, Alberto Fernández decidió intervenir en el golpe de Estado que se estaba gestando en Bolivia para evitar el magnicidio de Evo Morales y su vice Álvaro García Linera. Logró coordinar, junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que Morales viajará al país azteca porque el gobierno argentino, todavía gobernador por Mauricio Macri, le negó el asilo político.
Fernández también enmarcó las protestas en Chile del 2019 como resultado del neoliberalismo y tras un proceso electoral se renovaron las alcaldías con dirigentas feministas de izquierda. Se comenzó a redactar una nueva Constitución, paritaria y con representación de los pueblos originarios. Con respecto a Cuba y Venezuela, el gobierno argentino de la administración Fernández se pronunció en contra de los bloqueos, sobre todo en el marco de la pandemia. Y a pesar de la soledad dentro del Mercosur, reivindicó el tratado de Asunción que mantiene vivo al bloque.
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